Política. El presidente de la Corte advirtió que "cualquier juez" podría declarar inconstitucional la reforma laboral

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, advirtió que el proyecto de reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei podría quedar paralizada por meses e incluso años si un magistrado interviene para declarar su inconstitucionalidad. "Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad", expresó.

En una entrevista concedida a un medio nacional, Rosatti planteó preocupaciones sobre el impacto práctico del régimen jurídico vigente en relación con la discusión de una ley de reforma laboral, cuyo tratamiento en el Congreso se perfila como uno de los principales objetivos legislativos del año entrante. El magistrado señaló que, bajo el modelo de control de constitucionalidad difuso vigente en Argentina, la eventual sanción de una norma no implica que sus efectos queden automáticamente inmunes a los cuestionamientos judiciales, ya que cualquier juez de primera instancia tiene potestad para declarar la inconstitucionalidad de una ley, lo que puede provocar la paralización de su aplicación en diversas jurisdicciones del país.

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Rosatti explicó que este esquema de revisión constitucional permite que la aplicación de normas, incluso luego de su aprobación formal, sea objeto de revisión judicial en múltiples instancias antes de que la Corte Suprema unifique criterios. El presidente del máximo tribunal subrayó que si bien existe la posibilidad de que la jurisprudencia de la Corte eventualmente "ordene" estos fallos y brinde una solución uniforme, ese proceso lleva tiempo y, durante ese lapso, podrían acumularse decisiones judiciales contradictorias provenientes de diferentes juzgados. Este fenómeno, según Rosatti, podría resultar en la suspensión de la aplicación de la ley en la práctica hasta tanto se alcance una posición definitiva por parte del tribunal supremo.

El magistrado recordó que una situación similar ya se presentó con parte de la reforma laboral anterior incluida en la denominada Ley Bases, cuya constitucionalidad fue cuestionada por un juez laboral, generando un caso que aún no cuenta con una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema. Este antecedente ilustraría, a juicio de Rosatti, cómo operan los mecanismos de control constitucional en la práctica y cómo pueden influir en reformas de gran impacto estructural.

Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosenkrantz (Vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al referirse a la posibilidad de que el Congreso introduzca en el texto de la ley una cláusula que obligue a los tribunales inferiores a acatar de inmediato los fallos de la Corte Suprema, Rosatti se mostró cauto. Señaló que, aunque los legisladores "como poder podrían" incorporar tal disposición, esa norma en sí misma sería susceptible de ser objetada y eventualmente llevaría a un nuevo análisis de su constitucionalidad por parte del máximo tribunal. De esta manera, el propio intento de garantizar la uniformidad en la aplicación de la ley podría desencadenar nuevas controversias judiciales.

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Más allá de los aspectos técnicos del control de constitucionalidad, Rosatti reflexionó sobre las consecuencias prácticas del esquema actual. El presidente de la Corte mencionó que un porcentaje significativo de las causas que recibe el tribunal -alrededor del 60 por ciento, según sus palabras- tiene su origen en el Estado cuestionando en materia previsional decisiones que el tribunal ya ha establecido con anterioridad. En este contexto, Rosatti indicó que si el volumen de trabajo derivado de la revisión de decisiones ya emitidas fuera menor, la Corte no se vería en la necesidad de reiterar en múltiples oportunidades los mismos criterios jurídicos.

La advertencia de Rosatti sobre los efectos del sistema de control difuso cobra particular relevancia en medio de la discusión política y jurídica en torno a la reforma laboral, cuya aprobación el gobierno busca consolidar en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso. La advertencia sugiere que incluso una vez sancionada, la normativa podría enfrentarse a un "limbo judicial prolongado" si distintos juzgados discuten simultáneamente su validez constitucional, implicando demoras que podrían extenderse por meses o años.