Política. Milei vuelve a la carga: buscará derogar la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2026

El Gobierno nacional incorporó, con modificaciones de último momento, la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27793) y de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27795) al texto del Presupuesto 2026, según lo estipulado en el artículo 75 de la denominada "ley de leyes". Estas normas habían sido sancionadas por el Congreso y ratificadas pese a vetos presidenciales, pero su aplicación efectiva nunca llegó a concretarse debido a la negativa del Gobierno nacional a hacerlo, a pesar de los fallos de la Justicia que exigen al Ejecutivo cumplir con las mismas.

El proyecto de ley que contiene el presupuesto anual recibió este martes dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y se encamina a obtener media sanción en la sesión prevista para mañana, con el respaldo formal de la mayoría de legisladores de la coalición de gobierno y aliados. La inclusión de la derogación de ambas leyes en el articulado supone formalizar su eliminación dentro del cuerpo normativo que regirá el gasto público durante el próximo ejercicio fiscal.

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Según el texto elaborado en comisión, el artículo 75 dispone la derogación de las leyes 27793 y 27795, que establecían, respectivamente, la emergencia en el sector de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y un régimen de financiamiento universitario progresivo. Pese a haber sido promulgadas por el Poder Ejecutivo a instancias del Congreso, dichas normas quedaron virtualmente inoperativas por no contar con partidas presupuestarias específicas, situación que el Ejecutivo argumentó se debía a la falta de definición de las fuentes de financiamiento por parte del propio Congreso nacional.

A pesar de la deliberada intención del Gobierno de incumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Justicia ordenó la aplicación de la misma y declaró la invalidez del artículo firmado por la administración de Javier Milei.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que, aunque se incorporaron aumentos discrecionales para el financiamiento de universidades y para prestadores de servicios vinculados a discapacidad en el proyecto presupuestario general, los montos asignados quedaron por debajo de lo previsto originalmente en las leyes que ahora se propone derogar. En este sentido, el Gobierno sostiene ante distintos interlocutores que la viabilidad fiscal del presupuesto es una prioridad dentro de las metas económicas oficiales.

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En paralelo al avance del Presupuesto 2026, el Ejecutivo se prepara para presentar una apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín contra un fallo judicial que ordenó la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025 que había suspendido su implementación. El Gobierno argumenta que la sentencia vulnera las competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración del gasto y elaboración del presupuesto.

La Ley de Emergencia en Discapacidad había generado una serie de reclamos por parte de familias, organizaciones y prestadores, quienes advirtieron sobre el impacto directo en tratamientos, servicios e instituciones por la suspensión de su implementación. En respuesta, dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad promovieron un amparo judicial que derivó en la sentencia ahora apelada por el Ejecutivo.