País. Tras un intenso debate, Tierra del Fuego aprobó la ley que habilita la salmonicultura en la Provincia

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó por ocho votos a favor y siete en contra la Ley de Acuicultura Sostenible que generó un intenso debate en los últimos meses entre sectores ambientalistas e incluso en el propio oficialismo provincial.

Impulsada por el gobernador Gustavo Melella, la iniciativa generó división interna en los bloques legislativos y las tensiones en torno al modelo productivo que se busca implementar en la provincia. La votación contó con el respaldo de legisladores de diversas fuerzas, incluidos representantes de FORJA, Provincia Grande, el Partido Justicialista, La Libertad Avanza y Sumemos Tolhuin, mientras que la oposición estuvo conformada por integrantes del Movimiento Popular Fueguino, el Partido Verde, Somos Fueguinos y otros mandatarios del peronismo.

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El expediente fue acompañado por el bloque opositor de La Libertad Avanza, entre otros.

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El debate parlamentario anticipa eventuales instancias de judicialización. El legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, calificó la reforma como "inconstitucional" y adelantó la posibilidad de que se solicite una revisión en instancias judiciales. Villegas sostuvo que la modificación se construyó sobre un dictamen con vicios de procedimiento y que se violaron normas internas en su tratamiento, cuestionando también los intereses detrás de la nueva legislación.

En términos de contenido, la reforma mantiene la prohibición total de cultivo y producción de salmónidos en áreas como el Canal Beagle, la Laguna Esmeralda y el Lago Fagnano, espacios que son considerados de alto valor ambiental y turístico. Sin embargo, la nueva normativa habilita permisos para desarrollar proyectos de acuicultura en otros cuerpos de agua que serán determinados conforme a criterios técnicos y evaluaciones. La ley estipula que estos proyectos deberán someterse a procedimientos de evaluación ambiental y a sistemas de control que permitan garantizar la sustentabilidad de las actividades productivas.

El gobernador Melella defendió la reforma en sus redes sociales, y la describió como un paso "significativo" para ampliar la matriz productiva de la provincia. Según su exposición, la norma no solo permitirá atraer inversiones privadas y generar empleo, sino que también "actualiza y fortalece las reglas del juego" al incorporar estándares de control ambiental elevados, promover la investigación científica y fomentar el consumo local de productos de calidad.

El cambio en la legislación fue precedido por el impulso del senador nacional Agustín Coto, de La Libertad Avanza, quien, cuando era legislador provincial, presentó la iniciativa de derogación de la prohibición vigente desde 2021. Esa prohibición había surgido en el marco de intensas movilizaciones ambientalistas que llevaron a la sanción unánime de la Ley 1355, que determinaba la veda total de las salmoneras en las aguas jurisdiccionales de la provincia, tanto lacustres como marítimas.

Posteo realizado por el gobernador fueguino Gustavo Mellela tras la sanción de la ley.

En la defensa de la nueva legislación, Coto sostuvo que el cambio reemplazaría la prohibición total de cría de salmones y truchas por un "marco moderno y regulado", donde, si bien se preservan vedas en zonas específicas, se habilita la producción sustentable en áreas clasificadas como aptas tras evaluación ambiental rigurosa. Con este enfoque, se busca potenciar un sector productivo que, de prosperar, podría disminuir la dependencia de importaciones -estimadas en más de 5.000 toneladas anuales de salmón procedente de Chile- y consolidar el desarrollo acuícola local.

La norma incorpora exigencias como la presentación de una Guía de Aviso de Proyecto (GAP) y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo a la aprobación de cualquier emprendimiento. Además, establece la creación del Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de Tierra del Fuego, que dependerá de la Secretaría de Pesca y Acuicultura provincial, con el mandato de impulsar investigación y mejorar las técnicas de cría de organismos acuáticos. El Poder Ejecutivo provincial tendrá la responsabilidad de definir las zonas aptas para los proyectos, regular el uso del agua y determinar qué proporción de la producción debe destinarse al consumo interno.