País. La Justicia declaró nulo el protocolo antipiquetes y el Gobierno anticipó que apelará

La Justicia federal declaró nulo el protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad en 2023, decisión que provocó una respuesta inmediata del Gobierno nacional, que anunció que apelará el fallo. El juez Martín Cormick consideró que la normativa lesionaba derechos constitucionales básicos, mientras que las autoridades de seguridad sostienen que la herramienta es indispensable para garantizar el orden público.

La medida conocida como protocolo antipiquetes, impulsada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich en 2023 mediante la Resolución 943/2023, fue declarada invalida por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, tras hacer lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según explicó el magistrado, la normativa establecida para regular el accionar de las fuerzas de seguridad frente a cortes de calles y otras formas de protesta social atentaba contra derechos constitucionales fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y de expresión.

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El fallo se conoce en un contexto en que, desde su implementación, el protocolo fue utilizado ampliamente por las fuerzas de seguridad para intervenir sin orden judicial ante cortes de vías de circulación, aplicando medidas represivas basadas en la premisa de que tales hechos constituían delitos flagrantes. Cormick sostuvo que la protesta social no puede equipararse a un delito penal que justifique la intervención represiva policial sin la debida autorización judicial, abriendo una grieta entre la normativa y los estándares procesales del Código Procesal Penal vigente.

A través de su cuenta de X, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva anticipo que el Gobierno nacional apelará la medida.

El juzgador también cuestionó las tareas de inteligencia relacionadas con la obtención de información sobre los manifestantes, que el protocolo habilitaba a través de registros fílmicos y fotográficos incluso con agentes encubiertos, y advirtió que estas prácticas contravenían la Ley de Inteligencia Nacional, la cual prohíbe almacenar datos sobre ciudadanos por motivos ideológicos, político-partidarios o de afiliación a cualquier organización. Además, puso en relieve que el protocolo no contemplaba distinciones para grupos vulnerables -tales como niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad- que requieren una protección especial ante acciones represivas.

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La acción judicial también tomó en cuenta un balance de los efectos de la medida. Según datos registrados por el CELS, desde su implementación el protocolo habría dejado un saldo de 1.399 heridos en manifestaciones sociales: 750 en 2024 y 649 en 2025, cifra que fue citada por el fallo como indicativo de las consecuencias del uso de la herramienta en el terreno de la seguridad pública.

SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS

Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina. No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar.

Este Protocolo tiene...

— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 29, 2025

Ante la declaración de nulidad, el Gobierno nacional reaccionó de inmediato. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que la administración apelará el fallo judicial y defendió enfáticamente la vigencia del protocolo. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Monteoliva expresó: "Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina".

En esa misma declaración, la ministra subrayó que "No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz". Monteoliva también recordó que el instrumento había sido validado previamente por otros jueces y, citando a Bullrich, afirmó que quienes "festejan" la decisión son aquellos que, en su visión, promueven caos, extorsión y desestabilización.

La disputa judicial y política sobre el protocolo antipiquetes abre un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación de las protestas sociales y el papel de las fuerzas de seguridad en Argentina. Con la apelación presentada por el Ejecutivo, el caso pasará a instancias superiores, donde se definirá si la herramienta se mantiene en pie o si la interpretación del fallo de Cormick se impone como criterio para futuras intervenciones del Estado en manifestaciones públicas.