31 de diciembre de 2025
Israel resolvió revocar los permisos de funcionamiento de más de veinticinco ONG internacionales en Gaza, una medida que afecta a organizaciones clave de asistencia humanitaria y que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026.
El gobierno de Israel anunció que, a partir del 1° de enero de 2026, suspenderá las operaciones de más de veinticinco organizaciones humanitarias -entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF)- en la Franja de Gaza, medida que incluye la revocación de licencias de grupos que brindan servicios esenciales en un enclave donde la ayuda es considerada insuficiente por las ONG. La decisión, que afecta a cerca del 15% de las ONG que trabajaban en el territorio, se da en medio de un choque creciente entre las autoridades israelíes y las organizaciones internacionales sobre el acceso y volumen real de la ayuda humanitaria ingresada a Gaza.
Israel informó desde Tel Aviv que dejará sin efecto los permisos de las organizaciones que, a juicio de sus autoridades, no cumplieron con los nuevos requisitos de registro. Las entidades afectadas deberán dejar sus operaciones y, en caso de estar ubicadas en territorio israelí, abandonar el país antes del 1° de marzo próximo.
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La modificación en el sistema de registro, implementada a principios de este año, obliga a los grupos de ayuda a presentar listas completas de su personal, incluida la identificación de trabajadores palestinos basados en Gaza. Varias organizaciones declinaron remitir esa información por temor a que sus empleados fueran objeto de represalias y por las leyes de protección de datos vigentes en Europa.

La decisión del Gobierno israelí afecta a cerca del 15% de organizaciones que operan en territorio gazatí.
En ese sentido, Shaina Low, asesora de comunicaciones para el Consejo Noruego para Refugiados, explicó que la reticencia se vincula a preocupaciones de seguridad: "Proviene de una perspectiva legal y de seguridad. En Gaza, vimos a cientos de trabajadores humanitarios ser asesinados", señaló en una declaración recogida por la agencia.
Las autoridades israelíes, a través del Ministerio de Asuntos de la Diáspora, acusaron a las ONG de no aportar información suficiente sobre su personal, financiamiento y operaciones. Según el gobierno, estos cambios buscan fortalecer "los mecanismos de control sobre el trabajo humanitario" dentro del enclave.
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La decisión incluyó, en el caso de Médicos Sin Fronteras, denuncias por no aclarar el rol de algunos empleados que Israel señaló por una supuesta cooperación con Hamás y otros grupos militantes. La organización sanitaria no respondió de inmediato a pedidos de comentario, aunque reiteró previamente que "nunca emplearía conscientemente a personas involucradas en actividades militares".
Entre las organizaciones cuyos permisos no fueron renovados figuran también el Consejo Noruego para Refugiados, CARE International, el Comité Internacional de Rescate, así como divisiones de grandes redes como Oxfam y Caritas. Estas entidades brindan una amplia gama de servicios esenciales, como distribución de alimentos, atención médica, asistencia a personas con discapacidad, educación y apoyo en salud mental.
El organismo israelí que supervisa la ayuda humanitaria, COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories), aseguró que las organizaciones en la lista representan menos del 1% del total del volumen de ayuda que entra en la Franja de Gaza y que la entrega de asistencia continuará a través de más de veinte grupos que sí recibieron permisos para operar.
La medida se produce en un momento de tensión entre Israel y varias ONG internacionales debido a discrepancias sobre las cifras de ayuda humanitaria ingresada, las cuales no coinciden entre las autoridades israelíes y los organismos que operan en el terreno. Las organizaciones cuestionaron duramente la decisión y advirtieron que las normas impuestas son arbitrarias y podrían poner en riesgo al personal humanitario.
Este ajuste en las operaciones humanitarias se enmarca en un contexto ya de por sí complejo para los más de dos millones de habitantes de Gaza, donde las necesidades de ayuda humanitaria siguen siendo críticas y donde la entrada de suministro básico ha sido objeto de debates y desacuerdos constantes entre múltiples actores.
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