Política. Corrupción M: ATE denunció a Nucleoeléctrica argentina por presuntos sobreprecios

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elevó una nueva denuncia contra Nucleoeléctrica Argentina, en la que se cuestiona una contratación que, según el sindicato, podría involucrar un presunto caso de sobreprecio en el uso de fondos públicos por parte de la empresa estatal. El reclamo se centra en la compra de un software administrativo cuyo monto pagado -alrededor de u$s7 millones-, de acuerdo con el gremio, estaría muy por encima del precio de mercado para productos similares, lo que podría representar una diferencia significativa en costos respecto de alternativas disponibles.

Según la presentación sindical, el sistema adquirido tendría un costo de hasta diez veces superior al de productos comparables disponibles en el mercado, lo que encendió la alerta de ATE acerca de la posibilidad de que se haya pagado una cifra desproporcionada por el contrato en cuestión. El sindicato solicitó que se investigue con detalle el proceso de compra, que se revise la documentación técnica que respaldó la operación y que se evalúe la eventual responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la decisión, tanto dentro de la empresa como ante organismos de control externos.

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La denuncia fue presentada no solo ante los mecanismos de control internos de la firma sino también ante instancias administrativas externas, en un intento por garantizar que se emprendan acciones que permitan esclarecer los hechos denunciados. Desde ATE reclamaron además la anulación del contrato y la realización de una auditoría integral sobre las compras recientes realizadas por Nucleoeléctrica, con el objetivo explícito de determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación.

Javier Milei junto a Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina.

Este planteo se suma a otra denuncia previa que también involucra a Nucleoeléctrica Argentina y que está vinculada a una licitación del servicio de limpieza, también cuestionada por presuntos sobreprecios. En ese caso, la contratación fue suspendida luego de que se detectaran diferencias significativas entre los valores ofertados y los costos históricos del servicio, lo que había generado cuestionamientos similares por parte de organizaciones sindicales.

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La empresa estatal, responsable de la operación de las centrales nucleares del país, cumple un rol clave en el sector energético nacional, administrando activos estratégicos como las plantas Atucha I, Atucha II y Embalse. Las denuncias reiteradas reavivan el debate público sobre los mecanismos de transparencia y control en la gestión de las empresas estatales, en un contexto donde el escrutinio sobre el uso de los fondos públicos y los procesos de contratación se intensifica.

En el texto presentado por el gremio, se destaca la preocupación por el impacto que estos hechos podrían tener no solo en la gestión interna de la compañía sino también en la percepción ciudadana respecto de la eficacia y legalidad de las compras públicas en el ámbito estatal. La solicitud de auditoría integral y de revisión de los procedimientos plantea un punto de partida para que los organismos competentes evalúen si las contrataciones denunciadas se ajustaron a las normas vigentes o si, por el contrario, existieron irregularidades que ameritan sanciones y medidas correctivas.