País. El Gobierno dio de baja otras 13 prepagas: enterate cuáles son

El Gobierno argentino avanzó con una nueva etapa en el proceso de depuración del sistema de medicina prepaga, al dar de baja a otras 13 empresas que, según la normativa vigente, se encontraban inscriptas de forma provisoria o con trámites para su habilitación definitiva aún pendientes. La medida fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial con la firma de Silvia Noemí Viazzi, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo responsable de regular a las entidades que brindan cobertura de salud en el país.

Este procedimiento administrativo se enmarca en un plan más amplio de revisión del padrón de prestadores de salud privada, que busca asegurar que las empresas que operan como prepagas cumplan con todos los requisitos legales exigidos por la Ley 26.682 para su inscripción definitiva. Según el texto oficial, las firmas alcanzadas no completaron el proceso de registro ni acreditaron la documentación necesaria, por lo que el organismo dispuso el rechazo de esas solicitudes y la baja de sus registros provisorios.

Con la inclusión de estas 13 prepagas, ya son 40 las empresas excluidas del sistema en lo que va de 2026 y más de 140 desde el inicio de la gestión actual, en un contexto en el que las autoridades han intensificado la supervisión del sector para mejorar la transparencia y la calidad de los servicios ofrecidos a los afiliados. La SSS explicó que la depuración del padrón también busca garantizar que las entidades que permanecen habilitadas cuenten con actividad real, estén respaldadas por documentación adecuada y ofrezcan condiciones legales claras para competir en el mercado.

LEE MÁS: Colombia: 15 muertos tras accidente aéreo

El edicto oficializado este jueves enumera las siguientes empresas como alcanzadas por la medida: Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).

La decisión fue comunicada formalmente a través de la publicación en el Boletín Oficial, lo que activa las instancias administrativas correspondientes y notifica tanto a las empresas como a los posibles afiliados o usuarios de los servicios afectados. La SSS detalló que la medida se deriva de la constatación de trámites de inscripción que no fueron finalizados o no cumplían con los requisitos establecidos por la normativa para operar de forma definitiva en el sistema de salud privada.

El procedimiento fue publicado en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, y forma parte de un proceso de ordenamiento del sistema de medicina prepaga.

Desde el sector regulador se señaló que estas acciones forman parte de un enfoque más amplio orientado a fortalecer el control del mercado de la medicina prepaga, con miras a ofrecer mayor claridad y seguridad a los beneficiarios respecto de las compañías que pueden brindar cobertura. La publicación del edicto también implica que las empresas dejarán de figurar en el registro oficial de agentes habilitados, lo que les impide continuar operando bajo la figura de prestadores de salud privada en el país.

LEE MÁS: Guerra declarada: el Gobierno investigará a Temu por competencia desleal tras denuncia de Mercado Libre

Aunque el organismo no detalló en el edicto la situación particular de los afiliados de cada una de estas 13 prepagas, fuentes del sector explicaron que, en la mayoría de los casos, las empresas no contaban con afiliados activos. No obstante, la normativa vigente contempla mecanismos para que, en caso de existir usuarios, se garantice la continuidad de la cobertura mediante el traspaso a otro prestador dentro del sistema.

El proceso de revisión y eliminación de prepagas del registro oficial se intensificó desde fines de 2025 y continúa siendo una medida destacada dentro de las políticas de control del sector salud, con el objetivo de ordenar y transparentar un mercado que históricamente ha sido objeto de debate sobre su regulación y supervisión.