País. Escándalo: investigan complicidad en maniobras millonarias entre el Central y el exmarido de Jéssica Cirio

La causa que investiga supuestas irregularidades financieras y posibles complicidades oficiales en el BCRA se encuentra en una etapa avanzada ante la Justicia federal. Bajo la dirección del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, los magistrados han ordenado el secuestro y análisis de teléfonos, computadoras y otros dispositivos digitales de cinco funcionarios de alta jerarquía del Banco Central que, aunque se mantienen en funciones, están actualmente imputados en la causa.

Los investigados incluyen a Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández, quienes ahora enfrentan tanto una investigación interna del BCRA como la pesquisa judicial que busca determinar si facilitaron o encubrieron maniobras cambiarias ilegales asociadas al denominado "rulo" con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández.

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La instrucción judicial se sustenta en una serie de audios comprometedores difundidos y recogidos como prueba, donde los financistas Elías Piccirillo -exmarido de Jésica Cirio- y Francisco Hauque conversan con naturalidad sobre operaciones por cifras millonarias realizadas en el mercado informal. En esos registros, Hauque le reclama a Piccirillo una deuda de seis millones de dólares en concepto de ganancias obtenidas y, ante la negativa de pago, amenaza con denunciar el esquema ante el gobierno electo.

La Justicia federal analiza audios, dispositivos electrónicos y testimonios para establecer si altos mandos facilitaron operaciones millonarias con dólares, en donde se encuentra involucrado Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio.

Una de las conversaciones que más ha llamado la atención de los investigadores involucra a la inspectora del BCRA Romina García, quien en un diálogo con Piccirillo reconoce que, durante la gestión anterior, "había gente de arriba toda entongada" y que, a pesar de que se denunciaron internamente irregularidades, nadie actuó para detenerlas.

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Las pesquisas judiciales también apuntan a dilucidar el funcionamiento de un entramado que, según testimonios de testigos y financistas arrepentidos, habría permitido el acceso fraudulento a dólares al precio oficial para luego volcarlos al mercado informal -obteniendo ganancias desproporcionadas- y destinar parte de esos recursos a la adquisición de autos de lujo, relojes Rolex y propiedades en Pinamar.

En el marco de la investigación, también se analiza una propiedad que Piccirillo habría regalado a Jésica Cirio apenas dos días antes de su casamiento, lo que ha despertado interrogantes en torno al origen y destino de fondos vinculados a las maniobras bajo pesquisa.

Otro elemento central de la causa es la participación de Carlos Sebastián Smith, un agente policial que, tras declarar como arrepentido, aportó pendrives y documentación que ahora están siendo peritados por el juzgado. Según la denuncia, Smith habría colaborado con Piccirillo para intentar silenciar a Hauque, plantándole armas y drogas para implicarlo en un caso penal que lo desalentara a reclamar el dinero adeudado.

Mientras tanto, la magistrada María Servini tramita un expediente paralelo desde 2023 por maniobras similares, y los tribunales buscan determinar si ambos casos conforman partes de una misma organización delictiva. Estas conexiones entre causas reflejan la complejidad de un entramado que cruza lo judicial con lo administrativo y político.

Paralelamente a la instrucción judicial, el Banco Central ha abierto un sumario interno para evaluar si los funcionarios implicados violaron el Código de Ética de la institución o la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. La apertura y análisis de los dispositivos electrónicos incautados será clave para establecer quiénes eran los responsables o facilitadores de estas maniobras, especialmente en lo que respecta al rol político de las autorizaciones y la supervisión de las operaciones denunciadas.

La causa, que se ha convertido en una de las más escandalosas en materia de presunta corrupción financiera y mercados cambiarios, sigue su curso con la expectativa de que nuevas pruebas y escuchas puedan aportar luz sobre la profundidad de las complicidades y su impacto institucional.