Mundo. A casi un mes de la captura de Maduro, Venezuela abre el mercado de petróleo al sector privado

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una profunda reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una modificación legal que flexibiliza el marco normativo del principal sector productivo del país y abre la puerta a la participación de capitales privados y extranjeros en la industria petrolera, hasta ahora controlada en gran medida por la estatal PDVSA.

El proyecto de ley fue impulsado por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, y recibió el respaldo unánime de los diputados presentes en la sesión parlamentaria. La reforma introduce cambios significativos que buscan convertir al sector energético en un espacio más competitivo y atractivo para inversiones internacionales, tras años de caída en la producción y obstáculos regulatorios que caracterizaron a la industria durante más de dos décadas.

Entre los aspectos centrales del nuevo marco legal se encuentran la posibilidad de transferir activos petroleros actualmente en manos de PDVSA, la cesión de operaciones de campos petroleros bajo nuevos modelos contractuales y la ampliación de la autonomía de las empresas privadas para operar y comercializar la producción sin depender directamente de la estatal. Estas modificaciones forman parte de un paquete de reformas diseñado para acelerar la entrada de capitales extranjeros y tecnología en una industria que históricamente ha sido clave para la economía venezolana.

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La reforma también contempla medidas dirigidas a dinamizar la actividad económica relacionada con los hidrocarburos, incluida la reducción de impuestos para proyectos energéticos, la eliminación de gravámenes que dificultaban la inversión y la creación de un nuevo impuesto a los hidrocarburos cuya reglamentación será definida en normativas posteriores.

El nuevo marco legal, impulsado por Delcy Rodríguez, introduce cambios sustanciales en la explotación, comercialización y administración de hidrocarburos, en sintonía con iniciativas energéticas internacionales.

Según los legisladores oficialistas, el nuevo esquema legal permitirá "hacer mucho más competitiva la contratación de empresas nacionales y extranjeras" para la explotación de recursos energéticos, en un contexto de creciente movimiento diplomático y cambios en la política de sanciones de Estados Unidos. Además, durante el cierre de la sesión legislativa, la presidenta encargada afirmó con contundencia: "la norma constituye la base para el despegue definitivo de la producción petrolera y la prosperidad del pueblo venezolano".

El impulso para esta reforma llega en un momento en que autoridades de Estados Unidos evalúan otorgar licencias generales para inversiones petroleras en Venezuela -en lugar de exenciones caso por caso-, lo cual representa un giro potencial en la política de sanciones vigente desde 2019 sobre la industria energética del país caribeño. Esta medida, si se concreta, podría facilitar aún más la entrada de empresas estadounidenses y de otros países en el sector petrolero venezolano.

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El debate parlamentario fue relativamente rápido y destacó por su aprobación sin votos en contra, un signo de unidad en torno a una legislación que modifica profundamente la columna vertebral del sector petrolero venezolano. Hasta ahora, la industria había estado dominada por un rígido control estatal y políticas de nacionalización que, con el tiempo, limitaron la inversión privada en exploración, producción y comercialización.

Con esta reforma, que deroga elementos de la normativa vigente desde principios de los años 2000, Venezuela se alinea con tendencias globales de apertura energética y aspira a revertir años de caída productiva que afectaron la producción de crudo, sus principales fuentes de divisas internacionales y la capacidad de sostener la economía nacional.