País. Tras una alerta del FBI, frustran masacres escolares planificadas en Jujuy y en Buenos Aires

Una investigación internacional y judicial logró desactivar un peligroso plan de masacre escolar que estaban organizando dos menores de edad en Argentina, tras el hallazgo de comunicaciones con mensajes de odio en redes sociales y la coordinación de posibles ataques a diversos establecimientos educativos ubicados en las provincias de Buenos Aires y Jujuy.

El operativo fue producto de una serie de alertas y acciones coordinadas entre agencias extranjeras y fuerzas del Estado argentino. Según informaron fuentes oficiales, la causa se inició luego de que el FBI (Federal Bureau of Investigation) de Estados Unidos emitiera un alerta internacional por conversaciones que se viralizaban en una red social, donde dos cuentas vinculadas a adolescentes difundían mensajes con contenido antisemita, racista y de odio, y manifestaban intenciones explícitas de llevar a cabo actos de violencia graves en el entorno escolar.

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Ante esa notificación, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA) asumieron la investigación. Las tareas de inteligencia incluyeron técnicas de rastreo digital y de fuentes abiertas que permitieron identificar a los titulares de los perfiles sospechosos: uno de los implicados vivía en la ciudad de La Quiaca, en la provincia de Jujuy, y el otro en la localidad balnearia de Miramar, en el territorio de Buenos Aires. Además, durante el avance de la pesquisa se detectaron otros dos domicilios asociados a la causa en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

La investigación de la Policía Federal Argentina identificó a dos menores que planeaban atentados contra instituciones educativas.

En base a estas evidencias, el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 ordenó una serie de allanamientos simultáneos en los distintos domicilios vinculados con la investigación. En estos procedimientos, los efectivos policiales incautaron varios objetos de relevancia para la causa, entre ellos cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares y diverso material con simbología nazi, así como documentación y elementos electrónicos que quedaron bajo custodia judicial.

Los elementos secuestrados y la información recabada durante los procedimientos fueron puestos a disposición del magistrado interviniente. La causa fue formalmente caratulada como "intimidación pública", una figura que recoge la intención de generar un estado de zozobra o amenaza en la comunidad, especialmente en contextos tan sensibles como el educativo.

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Fuentes oficiales explicaron que el proceso de investigación demandó semanas de trabajo de inteligencia y vigilancia digital, y que el alerta inicial del FBI fue el punto de partida para trazar el perfil de los sospechosos y anticiparse a una potencial tragedia.

Este caso se inscribe en un contexto más amplio en el que distintas fuerzas de seguridad han advertido sobre la radicalización de jóvenes en entornos digitales, donde la difusión de discursos de odio y supremacía racial puede derivar en la planificación de actos de violencia antes de que sean ejecutados.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades judiciales y policiales no descartaron nuevas medidas mientras se analizan los dispositivos y soportes electrónicos secuestrados, con el fin de determinar si existieron vínculos o contactos con otras personas o grupos que hayan alimentado o facilitado la planificación de estos planes de ataque.