País. El Gobierno continúa su ofensiva contra el Garrahan: Lugones acusó al personal cesanteado de poner "en riesgo" el hospital

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, justificó este miércoles la decisión de cesantear a once empleados del prestigioso Hospital Garrahan, entre ellos diez delegados gremiales, al sostener que su actuación durante una protesta del año pasado puso en riesgo la operatividad del centro pediátrico de referencia. La polémica medida, que se adoptó luego de una toma de oficinas de la Dirección Médica del hospital en octubre, se convirtió en un foco de tensiones dentro del sistema sanitario nacional.

Desde sus redes sociales, Lugones sostuvo que "los responsables de la toma de las oficinas de la Dirección Médica del hospital no estaban cuidando niños ni defendiendo al equipo de salud", al tiempo que aseguró que las personas implicadas habrían promovido "una acción política para reclamar el cobro de días en los que no trabajaron". Según el ministro, esta conducta "ponía en riesgo el funcionamiento del hospital", argumento que utilizó para avalar las cesantías.

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En el mismo mensaje, Lugones resaltó que las tareas del Garrahan no se detienen a pesar del conflicto. Para el funcionario, el hospital "sigue creciendo: realiza cirugías de alta complejidad, recibe a niños de todo el país y fortalece su rol como hospital pediátrico de referencia en la región". Con estas palabras, buscó subrayar la importancia de la continuidad operativa del centro asistencial y la gestión sanitaria que se lleva adelante bajo su responsabilidad.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación.

La medida adoptada por el Ministerio de Salud abrió un escenario de cuestionamientos en otras áreas vinculadas con la cartera sanitaria. En el ámbito sanitario nacional, crecieron las críticas hacia el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, por supuestas demoras en la firma de resoluciones para medicamentos de alta complejidad, un problema que, según denunciaron sectores críticos, estaría afectando tratamientos indispensables, incluidos casos oncológicos.

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Fuentes del sector sanitario sostuvieron que la falta de aval administrativo para la adquisición de estos medicamentos clave estaría generando retrasos significativos en la provisión de tratamientos. En este contexto, señalaron que la ausencia de definiciones y certificaciones podría dejar a numerosos pacientes sin acceso oportuno a medicación fundamental para su salud, en particular en situaciones de gravedad.

Además, representantes de partes de la comunidad sanitaria indicaron que estas demoras no son un asunto menor. Según el reporte de sectores críticos, en los pasillos del Ministerio se menciona un posible freno administrativo a trámites que involucrarían montos millonarios mensualmente, lo que potencialmente impactaría de manera directa sobre miles de pacientes que necesitan continuidad en sus tratamientos.

El conflicto en torno al Garrahan y las críticas vinculadas a otras áreas sanitarias reflejan tensiones internas que atraviesan la gestión de la salud pública en el país. Aunque el ministro Lugones insistió en que la acción tomada en el hospital fue necesaria para garantizar la operatividad de un centro estratégico en el cuidado de la salud infantil, las voces discrepantes dentro del sistema sanitario señalan la necesidad de respuestas y soluciones más amplias en relación con la provisión de medicamentos y la gestión administrativa de recursos destinados a tratamientos complejos.