16 de febrero de 2026
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el Decreto N.º 5.248, mediante el cual suprime y liquida siete programas sociales y entes emblemáticos del chavismo, incluidos organismos de coordinación estatal y fundaciones dependientes del Ministerio del Despacho de la Presidencia, como parte de una reestructuración del Ejecutivo tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y en medio de una transición marcada por cambios institucionales.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó por decreto la eliminación de una serie de programas sociales y entes públicos vinculados al chavismo que habían sido parte de la estructura estatal durante años de gobierno bajo el régimen de Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y se encuentra fuera del país. La decisión se oficializó a través del Decreto N.º 5.248, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de reconfigurar el funcionamiento del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno en línea con nuevas directrices que, según el texto oficial, procuran "la satisfacción de los intereses colectivos".
El decreto firmado por Rodríguez establece la supresión y liquidación de siete organismos, entre ellos misiones, fundaciones y centros que formaban parte del entramado institucional asociado al chavismo. Entre las entidades afectadas figura el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 con funciones de centralizar información estratégica sobre seguridad, defensa, inteligencia y orden interno del Estado. También se eliminó la Fundación Propatria 2000, dedicada a la ejecución de obras de infraestructura, así como la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, todas vinculadas a proyectos sociales impulsados en gobiernos anteriores.
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El Decreto N.º 5.248, publicado en la Gaceta Oficial, ordena la supresión, liquidación y traslado de funciones a otras carteras, en un contexto de cambios políticos tras la caída de Nicolás Maduro.
La medida abarca además a la Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS), una organización enfocada en la prevención de adicciones y programas comunitarios, que según el decreto será sometida a un proceso de redistribución de funciones a otras estructuras del Estado. En conjunto, estas supresiones reflejan una transformación administrativa que alterará tanto el panorama de las misiones y fundaciones como el enfoque de la gestión pública en áreas que hasta ahora habían estado bajo el control directo del despacho presidencial.
Dentro de los fundamentos del decreto de Rodríguez, se indica que el proceso de supresión y liquidación de los entes durará noventa días y estará a cargo de una junta liquidadora designada con ese propósito, que se encargará de la revisión de bienes, la adecuación institucional y el traspaso de funciones cuando corresponda. Varias de las misiones y organizaciones eliminadas no desaparecerán completamente en términos de sus objetivos sociales, sino que algunas de sus responsabilidades se reasignarán a otras carteras estatales para garantizar la continuidad de ciertos programas orientados a la sociedad.
Por ejemplo, la ejecución de objetivos relacionados con la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz será transferida al Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que funciones ligadas al combate contra la corrupción y la promoción de la paz y la vida se traspasan al Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Asimismo, la gestión de la Fundación Radio Miraflores quedará bajo el Ministerio de Comunicación e Información, y otros organismos, como el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes, serán integrados en carteras como el Ministerio de Educación o el de Educación Universitaria.
La eliminación de estos programas y entes ocurre en un contexto de transición política en Venezuela tras la caída del antiguo presidente Nicolás Maduro, cuya captura a principios de enero marcó un punto de inflexión en la vida institucional del país. Desde entonces, Rodríguez ha impulsado diversas modificaciones en el gabinete y en la estructura estatal, incluyendo nombramientos de nuevos ministros y reorganizaciones que responden a las exigencias tanto internas como a las de actores internacionales que observan de cerca el rumbo de Venezuela.
La reconfiguración del Estado a través del decreto que elimina los entes críticos del chavismo refleja una fase de cambios significativos en la administración pública venezolana, con repercusiones potenciales en la manera en que el gobierno maneja programas sociales, estructuras de seguridad y organismos históricos que habían operado bajo el paraguas del oficialismo durante décadas.
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