País. Máxima tensión en Río Negro: Policías y penitenciarios rechazan aumento y amenazan con acampar

Tras las protestas protagonizadas por las fuerzas de Seguridad de Santa Fe, la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario amenazaron con acampar frente a la Casa de Gobierno si la administración de Alberto Weretilneck no responde al pedido de un salario mínimo inicial de $1.800.000.

Representantes del personal uniformado hicieron entrega de un petitorio formal en la ciudad de General Roca, que fue elevado ante las autoridades provinciales, y confirmaron que instalarán un acampe a partir de este miércoles con el objetivo de visibilizar lo que denominan la "precarización de sus haberes" y un "estancamiento del diálogo" con la gestión Weretilneck.

Los agentes exigen, de manera explícita, que el salario inicial de un efectivo alcance los $1.800.000, una cifra que consideran imprescindible para cubrir los gastos básicos y garantizar la seguridad alimentaria de las familias de quienes integran las fuerzas de seguridad rionegrinas. En ese sentido, el referente del Consejo, Rubén Muñoz, advirtió sobre la compleja situación socioeconómica que enfrentan muchos uniformados: "Muchos agentes están bajo riesgo de ser desalojados por atrasos en el pago de alquileres y algunas familias no logran asegurar la alimentación básica".

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El malestar en las fuerzas no se limita únicamente a la demanda salarial, sino que también se traduce en la articulación de alianzas con otros sectores estatales. El Consejo informó que estableció contactos con la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) con la intención de coordinar acciones conjuntas que amplíen el frente de protesta dentro del ámbito público provincial. Respecto al acampe que planean instalar en la capital provincial, Muñoz adelantó que será "indefinido" hasta que se eliminen, a su juicio, los ítems "en negro" que afectan a la obra social y perjudican a los policías retirados.

La negativa al pago escalonado de un 6,79% de aumento desató una respuesta contundente de las fuerzas de seguridad rionegrinas, que advierten sobre una "grave crisis socioeconómica".

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La chispa que encendió el conflicto fue la negativa de los uniformados a aceptar la propuesta de aumento salarial escalonado difundida por el Ministerio de Seguridad de Río Negro para el corriente mes. El esquema oficial contempló un incremento total del 6,79%, compuesto por un ajuste del 5,2% vinculado al índice de inflación y un 1,5% adicional específico para el sector de seguridad. Con este modelo, el haber inicial para un agente se situó en $1.417.366, cifra que queda casi $400.000 por debajo de lo demandado por los representantes del personal.

La principal fricción radica en la modalidad de pago del aumento adicional y de los bonos otorgados. El Gobierno provincial comunicó que ese 1,5% extra se abonará en cuatro cuotas correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo, mientras que el bono no remunerativo de $250.000 fue segmentado en dos pagos de $125.000 cada uno, programados para el 20 de febrero y el 20 de marzo. La única asignación que se pagó de manera íntegra con los haberes de febrero fue el aumento del 100% en el ítem de ayuda escolar, que contempla $80.000 por hijo y $160.000 por hijo con discapacidad.

Para los uniformados, este esquema gradualmente aplicado y segmentado en cuotas fue interpretado como insuficiente y fue el detonante que empujó al sector a endurecer sus posturas y definir la instalación de un acampe prolongado frente al epicentro del poder provincial. La profundización de este conflicto salarial plantea un escenario complicado para el Gobierno de Río Negro, que deberá decidir si reabre negociaciones o enfrenta un escenario de protesta que, en caso de avanzar, podría generar consecuencias en la vida institucional y en la percepción social de la seguridad pública provincial.