16 de febrero de 2026

Política

Política. Mayans denunció la "inconstitucionalidad" de la Reforma Laboral y advirtió por el aumento de la conflictividad social

El senador nacional José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, calificó como "inconstitucional" y "absolutamente regresiva" la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo y que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación.

El jefe de la bancada de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, lanzó una dura crítica contra la reforma laboral que el Gobierno nacional impulsa y que ya obtuvo la aprobación en la Cámara alta. Durante una entrevista, el senador formoseño consideró que la iniciativa es "absolutamente regresiva" e "inconstitucional", y vinculó sus posibles efectos con un incremento de tensiones sociales en distintas provincias y en el ámbito urbano.

Mayans argumentó que el proyecto que fue debatido en la Cámara alta vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales, y señaló que existe una probabilidad significativa de que sectores afectados recurran a la Justicia para intentar frenar su avance.

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En sus declaraciones, el legislador describió el procedimiento parlamentario para la sanción en el Senado como "improvisado", al afirmar que se realizaron modificaciones de último momento con el objetivo de conseguir quórum antes de contar con la versión definitiva del texto, lo que, en su opinión, compromete la validez misma del debate legislativo.

Mayans apuntó contra la CGT tras la media sanción de la reforma laboral:

El senador criticó el procedimiento parlamentario para obtener quórum y resaltó que el debate en el Senado fue "improvisado".

Uno de los aspectos más señalados por Mayans fue el impacto del proyecto sobre el sistema previsional. Cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al sostener que dicho instrumento implicaría un desfinanciamiento del sistema previsional y argumentó que "le sacan recursos a los jubilados para cubrir despidos", una frase que fue reproducida textualmente en su intervención.

El senador no se limitó a la cuestión jurídica, sino que también planteó una advertencia explícita sobre las posibles consecuencias sociales de la reforma laboral. "Cuando el salario no alcanza para vivir, el conflicto es inevitable", afirmó Mayans, vinculando de manera directa la pérdida de derechos laborales con un contexto de protestas y movilizaciones en las calles.

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Si bien el posicionamiento del Gobierno es que la reforma busca modernizar el marco normativo del empleo para incentivar la formalización laboral, la postura de Mayans y de sectores sindicales y sociales es de rechazo total. En la misma línea que el senador lo enfatizó, organizaciones gremiales como la Confederación General del Trabajo (CGT) ya han anticipado medidas de protesta, incluyendo la posibilidad de un paro nacional si el tratamiento en la Cámara de Diputados continúa sin consenso amplio entre las partes.

El clima político y social en torno a la discusión de la reforma laboral se refleja en las recientes movilizaciones en las inmediaciones del Congreso, donde sindicatos y organizaciones sociales protagonizaron manifestaciones que en algunos casos derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Esta situación se produce en paralelo a un escenario de debate legislativo intenso, con distintas posiciones sobre el futuro del mercado de trabajo y la protección de los derechos laborales.

Las advertencias de Mayans sobre la conflictividad social se enmarcan en este contexto de polarización y tensión. Más allá de los argumentos técnicos o jurídicos, su evaluación apunta a un impacto más profundo: la posibilidad de que la reforma laboral, de aprobarse en su forma actual, genere un clima de creciente movilización y desencuentros entre actores políticos, sindicales y sociales.

Hasta el momento, no se registran declaraciones oficiales del Poder Ejecutivo o de sus representantes en respuesta directa a los cuestionamientos formulados por Mayans en la entrevista radial. Sin embargo, la proximidad del tratamiento en la Cámara de Diputados y la consolidación de posiciones tanto a favor como en contra auguran una etapa de debate parlamentario y social acalorado en las próximas semanas.


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