País. Cierre de Fate: la Justicia ordenó desalojar la fábrica

La Justicia dictó una orden de "desalojo y lanzamiento" del inmueble industrial que alberga a la fábrica de neumáticos FATE, ubicada en Almirante Blanco Encalada al 3003 en la localidad de Virreyes, San Fernando, y dispuso la restitución del predio a favor de sus titulares legales. La disposición judicial fue comunicada oficialmente luego de que los trabajadores permanecieran dentro del edificio tras enterarse, a primera hora, mediante un cartel colocado en la puerta, que la empresa había decidido cerrar la planta y despedir a la totalidad de su personal.

En un operativo policial desplegado cerca de las 19 horas, efectivos de seguridad se hicieron presentes en el predio con el objetivo de ejecutar la orden de desalojo, aunque desde el entorno gremial adelantaron que no abandonarán el lugar. La resolución judicial, que no debe interferir con el derecho de huelga reconocido a los trabajadores, fue emitida ante la ocupación material del establecimiento por parte de los empleados y delegados sindicales en protesta por la medida empresarial.

El conflicto se desencadenó cuando, a primera hora de la jornada, los trabajadores descubrieron un cartel colocado en los accesos que informaba el cierre definitivo de la planta y la cesantía de más de 900 operarios. La decisión de la firma sorprendió a los empleados, que creen que se encuentran frente a una medida intempestiva y contraria a compromisos previos.

En diálogo con los medios presentes en el lugar, el secretario general de SUTNA, Alejandro Crespo, afirmó: "Nos vamos a quedar", expresando así la determinación de los trabajadores de mantener la toma del establecimiento pese a la orden judicial.

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Crespo recordó además que la empresa, con más de ocho décadas de trayectoria en el país, había suscripto una cláusula de no despidos hasta el 30 de junio, y que aun así se encontró, al arribar a sus puestos de trabajo, con el anuncio del cierre y la pérdida de empleo no solo de los operarios directos sino también de los trabajadores tercerizados.

El secretario general de SUTNA afirmó que los trabajadores permanecerán en la fábrica pese a la orden judicial.

La planta de FATE, una de las más emblemáticas de la industria del neumático argentino, arrastra una crisis prolongada marcada por la caída del consumo y el fuerte impacto de la apertura importadora, factores que redujeron sus ventas y capacidad productiva en los últimos años.

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El deterioro financiero de la empresa había comenzado con reducciones de personal desde 2019, y en 2021 y 2022 ya se habían registrado ajustes similares en el marco de conflictos gremiales que afectaron la producción y las relaciones con mercados externos. En julio de 2024, la compañía solicitó ante las autoridades la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), argumentando una caída abrupta de ventas y pérdida de exportaciones tras un conflicto sindical.

En aquel entonces, la empresa explicó que "la persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30%", había generado fuertes pérdidas desde fines del año anterior, y que durante el primer semestre de 2024 ya había acumulado pérdidas superiores a 30 millones de dólares. En ese período se anunciaron cerca de 200 despidos en el marco de una restructuración operativa destinada, según la firma, a "ajustar su estructura a la nueva realidad".

Desde la compañía se señaló que múltiples factores incidieron en el deterioro, entre ellos la apertura de importaciones, la caída del consumo, la sobrecarga impositiva, las restricciones cambiarias para pagar insumos importados, una infraestructura deficiente, sobrecostos laborales, baja productividad, ausentismo y conflictividad gremial.

La situación en la planta de Virreyes se mantiene tensa: los trabajadores permanecen dentro del establecimiento en actitud de protesta y en rechazo a la orden judicial, mientras que la Justicia dispuso la restitución del predio a sus propietarios. Los empleados argumentan que su permanencia en la fábrica forma parte de un reclamo más amplio por la preservación de sus puestos de trabajo y en rechazo a lo que consideran una medida empresarial sorpresiva y sin diálogo previo.

El conflicto se desarrolla en paralelo con otros episodios de tensión social y laboral en el país, y la medida judicial de desalojo, la toma de la fábrica por parte de los trabajadores y las expresiones de resistencia gremial configuran un nuevo foco de confrontación en el escenario laboral argentino.