País. AYSA reportó superávit de más de 237 millones de pesos, mientras el Gobierno espera privatizarla en 500 millones de dólares

El balance correspondiente al ejercicio 2025 de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) reveló un resultado económico neto positivo, un hecho destacado en el marco de la preparación del Gobierno nacional para la privatización de la compañía, que incluye la elaboración de los pliegos para licitar el 90% de las acciones.

Según los datos difundidos por la empresa, AySA cerró el año con un superávit neto de $237.000 millones, lo que marcó la salida de una tendencia deficitaria que había acompañado a la firma en casi dos décadas. El resultado positivo fue acompañado por una significativa reducción de la deuda, que se contrajo en un 85% respecto de niveles previos. Este desempeño se construyó en un contexto de reorganización financiera que incluyó ajustes en gastos operativos, modificaciones de la estructura tarifaria y un mecanismo de reducción de costos.

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El Gobierno, por su parte, aceleró la definición de los documentos necesarios para avanzar con la licitación del 90% del paquete accionario de AySA, en lo que constituye una de las operaciones más relevantes del plan de privatizaciones impulsado por el Poder Ejecutivo. En despachos oficiales se da por hecho que los pliegos estarán listos en las próximas semanas, y una vez publicados se procederá a convocar a posibles interesados, tanto nacionales como internacionales.

El balance 2025 de AySA muestra un regreso al superávit, reducción de deuda y menor dependencia del Tesoro, antecediendo al proceso de privatización.

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La estrategia planteada por la administración es que el paquete mayoritario de acciones sea transferido a un operador estratégico con capacidad técnica y financiera, mientras que se preservará un 10% de las acciones en manos de los trabajadores de la empresa. Esta distribución accionaria forma parte del enfoque adoptado para el proceso, que contempla también la posibilidad de una segunda etapa en la que podría concretarse una apertura parcial de capital en los mercados. El Gobierno apunta a captar alrededor de u$s500 millones con esta operación.

El superávit neto de AySA en 2025 permite que la empresa prescinda de transferencias corrientes del Tesoro Nacional, algo que no ocurría desde 2007 y que representa un cambio respecto de ejercicios anteriores, en los que el déficit operativo obligaba a una importante asistencia del Estado. En términos constantes, el resultado de 2025 revierte el rojo operativo de $1.048 mil millones en 2023, y las transferencias estatales pasaron de $1,31 billones en ese año a tan solo $37.000 millones en 2025, destinados exclusivamente a gastos de capital.

Ese desempeño fue acompañado por decisiones internas de reorganización que impactaron en la estructura de la fuerza laboral. AySA redujo el número de empleados de 7.790 en diciembre de 2023 a 6.069 en la actualidad, lo que representa una disminución del 22,1% en su plantilla. La compañía cumplió además con los vencimientos de obligaciones negociables heredadas y avanzó en mecanismos financieros como el regreso al mercado con un fideicomiso por $30.000 millones, que aportó liquidez y fortaleció su capital de trabajo.

En materia de infraestructura, AySA activó en 2025 el Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes de las últimas décadas, que amplía la capacidad de transporte y tratamiento de efluentes y beneficia a 4,5 millones de habitantes dentro de su área de concesión. No obstante, el desafío de modernizar integralmente la red de agua y los sistemas cloacales -que presentan problemas de obsolescencia y pérdidas físicas y comerciales- continúa siendo un aspecto relevante a considerar en el futuro.

Con vistas a la privatización, el Ejecutivo prevé que antes de iniciar la licitación se firme un nuevo contrato de concesión con una vigencia estimada entre 20 y 30 años, en el que se establecerán de manera detallada las obligaciones de inversión, los estándares de calidad de servicio y el esquema tarifario aplicable. El objetivo de ese contrato es ofrecer un marco regulatorio estable que reduzca los riesgos jurídicos y financieros para el futuro concesionario.

El proceso de elaboración de los pliegos y la organización de los pasos previos a la privatización están siendo coordinados por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía, y cuentan con el respaldo de organismos multilaterales que participan en la estructuración de posibles líneas de financiamiento para el concesionario entrante.

En suma, el ejercicio 2025 marcó un punto de inflexión en la gestión económica de AySA, con resultados que buscan posicionar a la empresa de servicios de agua y saneamiento como un activo atractivo para el mercado antes de avanzar con su transferencia mayoritaria al sector privado.