Mundo. Uruguay: instalación de una planta de Hidrógeno Verde frente al Río Paraná reaviva tensiones con Argentina

La iniciativa para instalar una planta de combustibles sintéticos sobre el río Uruguay comenzó a generar un nuevo conflicto entre Argentina y Uruguay, impulsado por las diferencias de percepción sobre el impacto ambiental y económico de un proyecto industrial que se levantaría en territorio uruguayo pero frente a una ciudad argentina cuya economía depende en gran parte del turismo.

El emprendimiento es promovido por la empresa HIF Global, una compañía multinacional especializada en el desarrollo de electrocombustibles, que busca instalar una gran planta industrial en la ribera uruguaya del río, en las cercanías de la ciudad de Paysandú. El proyecto se ubicaría frente a la localidad argentina de Colón, en la provincia de Entre Ríos, uno de los destinos turísticos más importantes del litoral argentino.

La compañía plantea construir una instalación destinada a la producción de combustibles sintéticos, entre ellos e-gasolina, un tipo de combustible que puede utilizarse en motores tradicionales de combustión interna pero con un proceso de producción orientado a reducir las emisiones de carbono.

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Para obtener ese combustible, el complejo utilizaría hidrógeno verde, que sería generado en el mismo lugar, combinado con dióxido de carbono biogénico capturado de procesos industriales. Parte de ese dióxido de carbono provendría de la combustión de residuos forestales y de emisiones generadas por la planta de bioetanol Alcoholes del Uruguay (ALUR), ubicada en la zona de Paysandú.

El objetivo del proyecto es producir combustibles sintéticos destinados principalmente a la exportación hacia Europa, donde las políticas climáticas vinculadas al Pacto Verde impulsan la transición hacia combustibles con menor huella de carbono y la meta de alcanzar la neutralidad climática para 2050.

Según el memorándum firmado entre la empresa y el gobierno uruguayo hacia finales de 2025, la inversión estimada para el complejo asciende a 5.385 millones de dólares, lo que lo convertiría en una de las mayores inversiones extranjeras en la historia de Uruguay. El proyecto contempla, además de la planta industrial, la construcción de infraestructura energética para abastecerla.

Entre esas obras se encuentran un parque solar fotovoltaico ubicado al norte de la localidad de El Eucalipto, un pequeño pueblo de unos 600 habitantes, y un parque eólico proyectado en la zona de Cuchilla de Fuego, donde viven apenas una docena de familias.

De acuerdo con los documentos presentados por la empresa, el emprendimiento generaría alrededor de 300 puestos de trabajo permanentes, con picos de hasta 3.000 empleos durante la etapa de construcción. Además, los parques de generación energética asociados al proyecto podrían emplear entre 50 y 80 trabajadores de forma permanente.

La planta estaría situada frente a la ciudad entrerriana de Colón, a la vera del Río Paraná

Sin embargo, mientras del lado uruguayo el proyecto se presenta como una oportunidad para dinamizar la economía regional, del lado argentino surgieron cuestionamientos y manifestaciones de rechazo. En Colón, una ciudad ubicada a unos 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, distintos sectores de la sociedad civil comenzaron a organizar protestas y campañas para frenar el emprendimiento.

La localidad entrerriana es conocida por sus playas de arena sobre el río Uruguay y por la presencia de un área natural protegida con extensos palmares, características que sostienen buena parte de su actividad turística. Desde esa perspectiva, vecinos y organizaciones ambientales sostienen que la instalación de una gran planta industrial frente a la ciudad alteraría el paisaje y las condiciones ambientales del lugar.

La organización multisectorial Somos Ambiente se convirtió en uno de los espacios más activos en la oposición al proyecto. Bajo consignas como "La perla del litoral está en peligro", el colectivo impulsa distintas acciones para reclamar la relocalización del emprendimiento fuera de la costa del río Uruguay.

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Entre los argumentos planteados por los opositores se encuentra el impacto visual que podría generar el complejo industrial. Según indicaron en presentaciones formales, la infraestructura ocuparía un frente costero de unos 3.000 metros, considerablemente mayor que el de otras instalaciones industriales existentes en la región. También advirtieron que la iluminación permanente y las cuatro antorchas que permanecerían encendidas modificarían el paisaje nocturno de la zona.

La controversia también reavivó recuerdos de un conflicto diplomático que marcó la relación bilateral entre ambos países hace dos décadas, cuando la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos provocó protestas masivas y bloqueos de puentes internacionales durante varios años. Aquella disputa llegó incluso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que determinó que Uruguay no había contaminado el río aunque sí incumplió procedimientos de consulta con Argentina.

Ante la actual situación, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó su expectativa de que no se repita un conflicto de esa magnitud entre ambos países.

Desde el plano diplomático, la Cancillería argentina señaló que mantiene un "diálogo fluido" con Uruguay sobre el proyecto. Las autoridades argentinas indicaron que el país no se opone a la eventual construcción de la planta, aunque transmitieron la necesidad de "extremar los recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas".

El canciller argentino Pablo Quirno trasladó estas preocupaciones a su par uruguayo, Mario Lubetkin, quien se comprometió a atender las consideraciones planteadas, en particular aquellas vinculadas con la ubicación del proyecto y su posible impacto visual.

Mientras tanto, la empresa promotora sostiene que la localización prevista para el complejo responde a los estudios de viabilidad realizados y a la proximidad necesaria con otras instalaciones energéticas y logísticas que forman parte del proyecto. Cambiar la ubicación implicaría reiniciar procesos administrativos y ambientales que podrían retrasar la iniciativa durante varios años.

Según el cronograma presentado, la compañía planea iniciar las obras en el segundo semestre de 2026 y completar la construcción hacia 2029, mientras del lado argentino los vecinos de Colón continúan organizándose y siguiendo de cerca la evolución de un proyecto que podría modificar el paisaje y la dinámica de uno de los principales destinos turísticos del litoral.