Mundo. Ecuador vuelve al toque de queda por aumento en la criminalidad

El avance de la violencia criminal en Ecuador llevó al gobierno a reinstalar el encierro nocturno en varias zonas del país, una medida que busca facilitar los operativos de seguridad contra las organizaciones delictivas que operan principalmente en las regiones costeras. La disposición implica restricciones a la circulación durante la noche y se enmarca dentro de la estrategia oficial para enfrentar a las bandas vinculadas al narcotráfico.

La ciudad de Guayaquil, la más poblada del país y uno de los principales focos de criminalidad, volvió a experimentar el toque de queda nocturno, junto con otras áreas costeras y tropicales donde el despliegue de fuerzas de seguridad se intensificó con el objetivo de contener la actividad de los grupos criminales.

La medida forma parte de una nueva etapa de la política de seguridad impulsada por el gobierno ecuatoriano para enfrentar lo que las autoridades consideran una crisis sin precedentes en materia de violencia. Desde hace varios años, el país experimenta un fuerte incremento de los delitos vinculados a organizaciones criminales que disputan el control de rutas estratégicas para el tráfico internacional de drogas.

El toque de queda se aplica durante la noche, cuando solo pueden circular las fuerzas policiales, militares y personal de emergencia, mientras que el resto de la población debe permanecer en sus hogares. Las autoridades sostienen que esta restricción permite desarrollar operativos más amplios y coordinados contra las bandas delictivas que operan en las zonas más afectadas.

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La decisión también responde a la creciente presencia de grupos armados ligados al narcotráfico internacional, que utilizan el territorio ecuatoriano como punto clave de tránsito para la droga que se dirige hacia otros mercados. Las provincias costeras incluidas en la medida son consideradas rutas estratégicas para estas redes criminales.

Las fuerzas de seguridad intensificaron operativos contra bandas vinculadas al narcotráfico.

En paralelo, el gobierno intensificó el despliegue de efectivos de seguridad en las zonas bajo toque de queda. Miles de militares y policías participan en operativos destinados a desarticular estructuras criminales, realizar allanamientos y detener a integrantes de organizaciones delictivas.

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Las autoridades también indicaron que las restricciones nocturnas podrían ampliarse a otras regiones si la situación de seguridad lo requiere. La medida fue adoptada como parte de una ofensiva más amplia contra las bandas que operan en el país y que el gobierno ha calificado como organizaciones terroristas dentro del marco de la lucha contra el crimen organizado.

El contexto en el que se adopta esta decisión refleja la magnitud de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. En los últimos años, el país se convirtió en un punto estratégico del tráfico internacional de cocaína, lo que generó disputas violentas entre grupos criminales por el control de territorios, cárceles y rutas de salida hacia los puertos del Pacífico.

Ante esa escalada, el gobierno declaró en 2024 un "conflicto armado interno" contra las organizaciones criminales y autorizó la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, una medida que marcó un cambio en la estrategia del Estado frente al avance de las mafias.

A pesar de estas acciones, la violencia continúa siendo una de las principales preocupaciones para la población. Los operativos militares y policiales se han multiplicado en diferentes ciudades, mientras que el gobierno busca reforzar el control territorial para recuperar zonas que, según las autoridades, quedaron bajo la influencia de grupos criminales.

En este escenario, el encierro nocturno vuelve a convertirse en una herramienta central dentro del plan de seguridad del gobierno ecuatoriano. La restricción de circulación durante la noche busca reducir la actividad de las bandas, facilitar las intervenciones de las fuerzas de seguridad y limitar los desplazamientos que podrían favorecer la comisión de delitos.

La medida refleja el complejo momento que atraviesa el país en materia de seguridad pública y evidencia el desafío que enfrentan las autoridades para contener el avance de las organizaciones criminales que operan dentro del territorio ecuatoriano.