País. Polémica: Mendoza habilitó a que la gente mande videos de infractores para multarlos

En un contexto marcado por reiteradas infracciones en rutas de alta circulación, la provincia de Mendoza avanzó con una modificación de su legislación vial que introduce un nuevo esquema de control: la participación directa de los ciudadanos mediante el envío de fotos y videos de infractores como elemento para iniciar sanciones.

La medida fue aprobada por la Legislatura de Mendoza a través de la incorporación del artículo 120 bis a la Ley 9.024 de Seguridad Vial, y establece que cualquier persona podrá registrar y remitir material audiovisual de posibles infracciones a través de canales digitales oficiales, como sitios web institucionales o sistemas de mensajería.

Según se detalla en la normativa, estas imágenes no tendrán validez automática como prueba, sino que serán consideradas como una "comunicación ciudadana" que habilita la apertura de una instancia de investigación para determinar si efectivamente se cometió una infracción o si el material pudo haber sido manipulado, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.

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El procedimiento establece que, una vez recibida la denuncia, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe preliminar sobre el hecho y evaluar si corresponde remitir el caso al juzgado vial competente. En esa instancia, serán los jueces quienes definirán si el contenido aportado puede ser utilizado como evidencia o si requiere verificaciones adicionales.

La medida busca reforzar el control en rutas con alta circulación.

La iniciativa apunta a ampliar la capacidad de fiscalización en rutas y calles mediante el uso de registros generados por particulares, en un escenario donde las infracciones, como el cruce indebido de la doble línea amarilla, se repiten con frecuencia, especialmente en corredores con alto tránsito hacia zonas internacionales como el paso a Chile.

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La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, sostuvo que el sistema puede funcionar como un mecanismo preventivo al advertir que "la posibilidad de ser filmado por otros conductores podría desalentar conductas peligrosas al volante".

El esquema propuesto introduce un modelo mixto de control, en el que la detección de infracciones deja de depender exclusivamente de agentes estatales o dispositivos como radares, y pasa a incorporar la participación ciudadana como fuente de información, siempre sujeta a validación oficial y judicial.

En paralelo, el proyecto denominado "cámara testigo" fue impulsado con el objetivo de dar un marco legal a una práctica que ya se registra de manera informal, a partir de la difusión de videos en redes sociales que muestran maniobras peligrosas al volante.

En ese sentido, la senadora Cintia Gómez explicó: "No se trata de crear un sistema de denuncias automáticas ni de condenas sin control, sino que con esto estamos creando una herramienta de colaboración ciudadana, donde la última palabra la sigue teniendo la Justicia vial. Tenemos que empezar a utilizar las herramientas digitales en beneficio de la comunidad".

Como antecedente, en el municipio de Las Heras ya funciona un sistema similar a través de una línea de WhatsApp, habilitada para recibir denuncias de infracciones en rutas. Desde su implementación, el 24 de febrero, se recibieron alrededor de 100 reportes, aunque más del 60% no correspondía a la jurisdicción local.

De los casos analizados, se labraron 10 actas en aquellos en los que se logró comprobar la infracción, principalmente vinculadas a maniobras indebidas como adelantamientos en zonas prohibidas.

Además, el Gobierno provincial evalúa integrar este sistema con la plataforma digital Mendoza x Mí, lo que permitiría registrar datos clave como la ubicación, la hora y la identidad del usuario que realiza la captura del material, aportando mayor trazabilidad al proceso.

La implementación de esta normativa abre un nuevo escenario en materia de control vial, en el que la tecnología y la participación ciudadana se combinan con los mecanismos tradicionales de fiscalización y con la intervención de la Justicia para determinar la eventual aplicación de sanciones.