8 de abril de 2026
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le ofreció a su par de Colombia, Gustavo Petro, enviarle "todos los presos" colombianos detenidos en cárceles salvadoreñas, en medio de un cruce por la situación de los derechos humanos y el sistema penitenciario.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció a su par de Colombia, Gustavo Petro, trasladar a su país a todos los ciudadanos colombianos que permanecen detenidos en cárceles salvadoreñas, en el marco de un intercambio público que escaló en los últimos días a partir de cuestionamientos sobre el sistema penitenciario y la política de seguridad en ese país.
La propuesta fue planteada como respuesta a las críticas formuladas por Petro, quien había cuestionado con dureza la situación de los detenidos en El Salvador y el funcionamiento de las cárceles bajo el régimen impulsado por el Gobierno de Bukele. En ese contexto, el mandatario salvadoreño planteó la posibilidad de que Colombia reciba a sus nacionales detenidos, en un gesto que buscó responder directamente a los cuestionamientos.
El cruce entre ambos mandatarios se produjo luego de que Petro calificara las cárceles salvadoreñas como espacios donde habría personas inocentes detenidas, en el marco del régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas. El presidente colombiano sostuvo que en esos establecimientos habría "personas inocentes" y cuestionó el modelo de seguridad adoptado en El Salvador.
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En ese escenario, Bukele respondió con una propuesta concreta vinculada a los detenidos colombianos, en un contexto en el que el sistema penitenciario salvadoreño ha crecido de manera exponencial en los últimos años a partir de la política de detenciones masivas. Desde la implementación del régimen de excepción en 2022, las autoridades han arrestado a decenas de miles de personas sospechadas de pertenecer a pandillas, lo que convirtió al país en uno de los que tiene mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, había aseverado que existían "campos de concentración" en El Salvador.
El intercambio también se da en medio de cuestionamientos de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, que han advertido sobre posibles irregularidades en los procesos de detención y condiciones de reclusión. Informes citados por Petro señalan que un porcentaje significativo de los detenidos no tendría vínculos comprobados con organizaciones criminales, lo que alimenta la controversia sobre el alcance de las medidas adoptadas por el Gobierno salvadoreño.
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La propuesta de Bukele de enviar a los presos colombianos se inscribe así en una disputa más amplia sobre el modelo de seguridad aplicado en El Salvador, que ha sido defendido por el Gobierno como una herramienta para reducir la violencia, pero que también ha generado críticas a nivel internacional por sus implicancias en materia de derechos y garantías individuales.
En paralelo, el planteo abre un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambos países, al introducir la cuestión de los detenidos extranjeros dentro del debate político y diplomático. El ofrecimiento de trasladar a los presos colombianos se presenta como una respuesta directa a las objeciones formuladas por Petro, en un escenario marcado por el cruce de declaraciones y posiciones contrapuestas sobre la política de seguridad en la región.
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