Mundo. A menos de un año de su apertura cerrará "Alligator Alcatraz", la prisión para inmigrantes construida por Trump

El cierre de la cárcel para inmigrantes conocida como "Alligator Alcatraz" marcará el final de uno de los proyectos más cuestionados vinculados a la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos. El gobierno estatal de Florida informó que el centro de detención dejará de funcionar a comienzos de junio y que los migrantes alojados en el lugar serán trasladados progresivamente a otras dependencias gubernamentales.

La instalación estaba ubicada en la zona de los Everglades, sobre la pista del aeropuerto Dade-Collier, y había sido inaugurada el 3 de julio de 2025 en medio de una fuerte exposición mediática. Desde el comienzo, el proyecto recibió cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, agrupaciones ecologistas y dirigentes del Partido Demócrata, que denunciaron condiciones de detención consideradas inhumanas y posibles daños ambientales en una de las áreas naturales más sensibles del estado de Florida.

El establecimiento se convirtió rápidamente en una pieza central dentro de la estrategia migratoria restrictiva promovida por Trump y respaldada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Durante la inauguración del complejo, Trump había elogiado el proyecto y llegó a afirmar que la instalación "might be as good as the real Alcatraz", en referencia a la histórica prisión federal estadounidense.

Las autoridades estatales notificaron oficialmente a las empresas encargadas de operar el centro sobre el cierre inminente de las instalaciones. Según la información difundida, actualmente el complejo aloja a cerca de 1.400 migrantes, quienes serán redistribuidos en otros centros de detención durante las próximas semanas.

La decisión de clausurar el establecimiento estuvo vinculada a distintos factores. Entre ellos aparecieron el aumento sostenido de los costos operativos, las demandas judiciales impulsadas por organizaciones ambientales y humanitarias y las denuncias reiteradas sobre las condiciones de alojamiento de los detenidos.

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El legislador demócrata Alexander Frost cuestionó duramente el proyecto y sostuvo: "Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas".

Por su parte, el gobernador Ron DeSantis reconoció públicamente la posibilidad del cierre y aseguró en conferencia de prensa: "Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito".

El centro de detención en los Everglades había sido cuestionado por denuncias humanitarias y ambientales.

De acuerdo con distintos reportes periodísticos y documentos judiciales, el complejo enfrentó múltiples denuncias relacionadas con supuestos abusos contra los detenidos. Migrantes alojados en el lugar denunciaron falta de acceso adecuado al agua, alimentación insuficiente, condiciones sanitarias deficientes, restricciones religiosas y dificultades para acceder a asistencia médica y asesoramiento legal.

Además, organizaciones defensoras de los derechos humanos señalaron que algunos detenidos denunciaron episodios de violencia dentro del establecimiento. Informes judiciales y testimonios recogidos por medios estadounidenses incluyeron acusaciones sobre agresiones físicas, uso de gas pimienta y aislamiento extremo.

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La prisión migratoria también fue cuestionada por su impacto ambiental debido a que el complejo fue construido en una zona ecológicamente sensible de los Everglades. Agrupaciones ambientalistas y representantes de comunidades indígenas presentaron demandas para frenar las operaciones del establecimiento, denunciando daños al ecosistema y falta de estudios ambientales adecuados antes de la construcción.

Los costos de funcionamiento se transformaron en otro de los principales problemas para el gobierno de Florida. Diferentes reportes estimaron gastos diarios de entre 1,2 y 3 millones de dólares para sostener las operaciones del centro, mientras persistían discusiones sobre los reembolsos federales vinculados al proyecto.

El centro de detención había sido presentado originalmente como una herramienta clave para reforzar las políticas de deportación masiva impulsadas por Trump durante su segundo mandato presidencial. En distintos discursos, el ex mandatario estadounidense había defendido la necesidad de endurecer los controles migratorios y ampliar la capacidad de detención para inmigrantes indocumentados.

La polémica instalación además quedó asociada a figuras centrales del ala dura republicana en materia migratoria, entre ellas el propio DeSantis y la ex secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, quien respaldó públicamente el funcionamiento del complejo.

Según datos oficiales citados por medios estadounidenses, cerca de dos tercios de las personas alojadas en "Alligator Alcatraz" no registraban antecedentes criminales y permanecían detenidas exclusivamente por cuestiones vinculadas a inmigración.

El cierre del establecimiento se producirá después de menos de un año de funcionamiento y pondrá fin a uno de los proyectos más controvertidos de la política migratoria reciente en Estados Unidos, en medio de un clima de creciente debate sobre las condiciones de detención de inmigrantes y el alcance de las medidas impulsadas por la administración republicana.