1 de junio de 2026
La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación contra funcionarios policiales acusados de allanar un local LGBTIQ+ en el estado Lara y retener a 33 hombres. Organizaciones de derechos humanos denunciaron extorsión, discriminación y criminalización por orientación sexual.
El Ministerio Público de Venezuela anunció una investigación contra efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) luego de que organizaciones no gubernamentales denunciaran un allanamiento ilegal, actos de extorsión y la detención de al menos 33 hombres en un establecimiento de entretenimiento LGBTIQ+ ubicado en el estado Lara, en el oeste del país.
Según informó la Fiscalía, cinco funcionarios policiales fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia tras la activación de mecanismos internos de control por parte de la propia PNB. El caso generó una fuerte repercusión entre organizaciones defensoras de derechos humanos y volvió a poner en discusión la situación de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela.
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De acuerdo con las denuncias realizadas por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS, el operativo se llevó adelante el sábado en un local de entretenimiento de la ciudad de Barquisimeto. Las organizaciones sostuvieron que agentes vestidos de civil ingresaron al establecimiento y retuvieron a 33 hombres presentes en el lugar.
Las ONG afirmaron además que los funcionarios acusaron a las personas presentes de "ejercer el delito de la homosexualidad", una expresión que fue rechazada por los colectivos de derechos humanos por considerarla discriminatoria y estigmatizante.
En un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron que la actuación policial expuso públicamente la orientación sexual de los asistentes y generó situaciones de humillación y vulneración de derechos.
Tras la difusión del caso, el Ministerio Público informó la designación de la Fiscalía 21 del estado Lara y de la Fiscalía 98 Nacional con competencia en derechos humanos y diversidad de género para investigar lo ocurrido.
El organismo señaló que la pesquisa busca determinar posibles responsabilidades vinculadas con el presunto allanamiento irregular y con actos contrarios a la ética pública durante el procedimiento policial.
Además, confirmó que cinco efectivos de la Policía Nacional Bolivariana quedaron detenidos y serán presentados ante un tribunal de control en las próximas horas.
Las entidades que impulsaron la denuncia aseguraron que el episodio forma parte de un patrón de hostigamiento contra personas de la diversidad sexual en Venezuela. Según indicaron, en los últimos años se registraron otros allanamientos y procedimientos similares en espacios frecuentados por integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron allanamiento ilegal y actos de discriminación.
"Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables", señalaron las organizaciones en un pronunciamiento público. También reclamaron que cesen la violencia institucional y la criminalización basada en la orientación sexual o identidad de género.
Las denuncias reavivaron el debate sobre la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el país y sobre el accionar de las fuerzas de seguridad frente a grupos históricamente vulnerables.
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El caso recordó un episodio ocurrido en julio de 2023 en el estado Carabobo, cuando 33 hombres fueron detenidos durante un operativo policial en un establecimiento frecuentado por integrantes de la comunidad LGBTIQ+. En aquella oportunidad fueron acusados de ultraje al pudor, asociación ilícita y contaminación sónica.
Tras una fuerte presión de organizaciones sociales y de derechos humanos, la mayoría de los detenidos recuperó la libertad y posteriormente gran parte de las causas fueron sobreseídas por la Justicia venezolana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había manifestado entonces su preocupación por acciones arbitrarias y abusos de autoridad contra personas LGBTIQ+ en Venezuela, e instó al Estado a evitar prácticas de criminalización.
La investigación abierta por la Fiscalía ocurre en un contexto de creciente atención internacional sobre la situación de los derechos humanos y las garantías para las minorías sexuales en Venezuela.
El caso también volvió a instalar el debate sobre los límites de la actuación policial, la protección de la diversidad sexual y la necesidad de mecanismos de control institucional frente a denuncias de discriminación, abusos y violaciones de derechos fundamentales.
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