País. La Justicia revocó la cautelar que frenaba la aplicación de la Ley de Glaciares en Santa Cruz

La Justicia federal resolvió revocar la cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz, en un fallo que representa un respaldo a la postura del Gobierno nacional en medio del debate por la reforma ambiental impulsada por el presidente Javier Milei.

La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que hizo lugar al recurso presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación y dejó sin efecto la medida dictada previamente por el Juzgado Federal de Río Gallegos. Como consecuencia, volvió a regir la Ley 27.804, complementaria del régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciales.

Qué resolvió la Cámara sobre la Ley de Glaciares en Santa Cruz

Según el fallo, la resolución que había suspendido la vigencia de la norma no presentó fundamentos suficientes para justificar la interrupción de una ley aprobada por el Congreso de la Nación. Los camaristas consideraron que la medida cautelar no superaba los estándares de razonabilidad y fundamentación exigidos para impedir la aplicación de una norma sancionada por el Poder Legislativo.

El Estado nacional había apelado la decisión de primera instancia al sostener que la resolución no analizaba concretamente las disposiciones de la ley cuya aplicación suspendía. La Cámara coincidió con ese planteo y ordenó restablecer la vigencia de la normativa en territorio santacruceño.

Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez también remarcaron que la suspensión de una ley nacional exige una evaluación especialmente rigurosa por el principio de división de poderes y por la presunción de legitimidad que tienen las normas sancionadas por el Congreso.

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El origen del conflicto judicial por la Ley de Glaciares

La cautelar había sido otorgada por el Juzgado Federal de Río Gallegos luego de una presentación realizada por el Municipio de El Calafate, integrantes del Concejo Deliberante y legisladores provinciales y nacionales que cuestionaron la constitucionalidad de la reforma.

Los demandantes buscaban frenar de manera provisoria la aplicación de la norma mientras se analizaba el fondo de la cuestión. Sin embargo, la Cámara entendió que quienes impulsaron la acción judicial no podían atribuirse la representación del conjunto de la población provincial en una causa de carácter colectivo vinculada al derecho ambiental.

Además, el tribunal instó al juzgado de origen a avanzar de manera urgente con la inscripción del expediente en el Registro Público de Procesos Colectivos.

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La reforma ambiental impulsada por el Gobierno volvió a quedar plenamente operativa en territorio santacruceño.

Qué cambios introdujo la reforma de la Ley de Glaciares

La normativa cuya vigencia quedó restablecida modifica aspectos centrales del régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciales. Entre otros puntos, limita la protección ambiental a aquellos glaciares y geoformas que cumplan una función hídrica efectiva como reserva de agua dulce o recarga de cuencas.

Asimismo, otorga a las autoridades ambientales provinciales la facultad de determinar qué áreas cumplen con esos criterios técnicos y científicos. La reforma fue impulsada por el Gobierno nacional y generó un amplio debate político, ambiental y judicial desde su aprobación parlamentaria.

Diversas organizaciones ambientalistas cuestionaron los cambios y promovieron acciones judiciales para frenar su implementación, mientras que sectores vinculados a la actividad minera respaldaron la iniciativa por considerar que puede facilitar inversiones en regiones cordilleranas.

El impacto político y ambiental del fallo sobre la Ley de Glaciares

La decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia representa uno de los pronunciamientos judiciales más relevantes sobre la reforma de la Ley de Glaciares desde su aprobación. El fallo permite que la normativa vuelva a aplicarse plenamente en Santa Cruz mientras continúa la discusión de fondo sobre su constitucionalidad.

Al mismo tiempo, la resolución reabre el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental, federalismo y desarrollo de proyectos productivos en zonas cordilleranas, un tema que se convirtió en uno de los principales ejes de discusión política y económica en la Argentina durante 2026.