3 de junio de 2026
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quedó envuelto en una controversia política tras conocerse que adquirió una camioneta Hyundai con un descuento cercano a los US$ 25.000 antes de asumir el cargo. El mandatario pidió disculpas y aseguró que pagará la diferencia si algún organismo de control determina que actuó incorrectamente.
El presidente Yamandú Orsi reconoció que existen dudas sobre la compra de una camioneta Hyundai realizada antes de asumir el cargo.
El gobierno uruguayo enfrenta una nueva controversia luego de que saliera a la luz la compra de una camioneta de alta gama por parte del presidente Yamandú Orsi, realizada pocos días antes de asumir la Presidencia de la República. La operación generó cuestionamientos debido a que el vehículo habría sido adquirido por unos US$ 54.000, aproximadamente US$ 25.000 menos que el valor de mercado informado para ese modelo.
La situación derivó en críticas de la oposición y motivó la intervención de organismos de control. Ante la repercusión pública, el mandatario difundió un mensaje en el que reconoció que existen dudas sobre la operación, pidió disculpas y se comprometió a asumir cualquier responsabilidad que eventualmente determinen las autoridades competentes.
La controversia comenzó cuando periodistas de Radio Carve detectaron inconsistencias en la información vinculada a la compra de una camioneta Hyundai adquirida por Orsi antes de asumir la presidencia el 1 de marzo de 2025. Posteriormente, Presidencia presentó la factura de compra, que mostraba un valor significativamente inferior al precio de mercado que tenía el vehículo en ese momento.
La diferencia entre el precio abonado y el valor de lista abrió interrogantes sobre las condiciones de la operación y sobre si el entonces presidente electo recibió un beneficio especial por parte de la automotora.
La discusión adquirió mayor relevancia política debido a que, durante la ceremonia de asunción presidencial, Orsi se trasladó en un vehículo de la misma marca, lo que llevó a sectores de la oposición a solicitar informes oficiales sobre la selección y utilización de ese automóvil.
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Yamandú Orsi en la camioneta de la polémica, adquirida por usd 54 mil.
El mandatario afirmó que la propuesta comercial le pareció razonable y que eligió el vehículo por sus características y condiciones de seguridad para desempeñar sus nuevas funciones. También negó que existiera algún acuerdo o contraprestación vinculada a su futura condición de presidente.
En ese contexto, expresó: "Si algún organismo contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual del mercado, lo haré sin demora".
Asimismo, agregó: "Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo".
La polémica derivó en pedidos formales de información impulsados por dirigentes opositores, especialmente desde el Partido Colorado. Legisladores solicitaron precisiones sobre las condiciones de compra del vehículo y sobre el uso de automóviles de la misma marca durante los actos oficiales de la asunción presidencial.
Además, la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) analizará el caso en los próximos días a partir de presentaciones realizadas por referentes opositores. El organismo evaluará si existieron irregularidades o eventuales incompatibilidades éticas vinculadas a la operación.
Mientras tanto, integrantes del gobierno defendieron al mandatario. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, argumentó que al momento de concretar la compra Orsi todavía no era funcionario público, aunque reconoció que la situación puede analizarse desde la óptica de la ética pública.
La controversia aparece en un momento sensible para el gobierno uruguayo y se convirtió en uno de los temas centrales de la agenda política del país. Más allá de las posibles conclusiones de los organismos de control, el episodio abrió un debate sobre la transparencia, los beneficios privados recibidos por funcionarios y los estándares éticos exigidos a las máximas autoridades del Estado.
La resolución del caso podría tener consecuencias políticas para la administración de Yamandú Orsi, especialmente por tratarse de una gestión que asumió con el compromiso de fortalecer la confianza institucional en uno de los países mejor posicionados de América Latina en los índices internacionales de percepción de la corrupción.
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