26 de junio de 2026
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, destacó la decisión de la Corte Suprema de mantener vigente una cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados con salarios docentes y programas estudiantiles.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la cautelar presentada por las universidades nacionales y ordenó que el Gobierno nacional cumpla de manera provisoria con dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas destinados a estudiantes. La decisión fue celebrada por el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, quien consideró que representa "un paso muy importante" para el sistema universitario argentino.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Bartolacci sostuvo que el fallo "es muy importante no solo para la comunidad universitaria del país, sino para las instituciones de la Nación" y aseguró que la resolución "pone en evidencia lo relevante que es ser consecuentes en el camino, firmes, responsables y serios para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina".
El presidente del CIN agradeció el respaldo de la comunidad universitaria y de la sociedad durante el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
"Mi agradecimiento a la comunidad universitaria, a la sociedad en su conjunto que nos sostuvo hasta acá, y la convocatoria a seguir. Es un paso más, no llegamos a ningún lado. A seguir trabajando por la universidad que queremos", expresó Bartolacci.
Desde el organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales remarcaron que la decisión judicial representa un avance dentro del proceso, aunque el reclamo principal por la plena aplicación de la ley todavía continúa en trámite.
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El fallo del máximo tribunal obliga al Poder Ejecutivo a aplicar de manera cautelar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados a la actualización de los salarios del personal universitario y a la recomposición de programas estudiantiles.
Según explicaron autoridades universitarias a TN, la normativa contempla una actualización salarial de entre el 25% y el 30%, que se sumaría al incremento del 24,3% que el Gobierno ya había acordado con las universidades a comienzos de junio. De concretarse ambos porcentajes, la actualización salarial rondaría el 50%.
Además, el Ejecutivo ya había dispuesto un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y elevó las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta $50.000 millones.
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La Corte Suprema dejó firme la cautelar que ordena al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento.
La resolución de la Corte Suprema no implica una definición sobre el fondo del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, sino que mantiene vigente la medida cautelar mientras avanza el expediente judicial.
Ahora será la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que deberá resolver si corresponde hacer lugar al reclamo integral presentado por las universidades para que la ley sea aplicada en su totalidad.
El Gobierno nacional había suspendido la ejecución de la norma al sostener que el texto aprobado por el Congreso no establecía una fuente de financiamiento para afrontar su implementación. Según la Casa Rosada, la aplicación de la ley tendría un impacto fiscal estimado en $2,5 billones, monto que calificó como "impagable".
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, también celebró el fallo del máximo tribunal y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley.
"Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena", afirmó.
Por su parte, el senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad, consideró que "el fallo es un paso importante" y reclamó al Estado nacional que transfiera los recursos destinados a salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas.
La decisión de la Corte Suprema representa un avance judicial para las universidades nacionales en medio de la discusión por el financiamiento del sistema de educación superior. Sin embargo, el conflicto permanece abierto porque la resolución solo mantiene vigente la medida cautelar mientras se analiza el planteo de fondo.
La definición que adopte la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal será determinante para establecer si el Gobierno deberá aplicar en forma definitiva la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los principales ejes de la disputa entre el Ejecutivo y las universidades públicas durante el último año.
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