14 de julio de 2026
El Concejo Deliberante de Allen, en la provincia de Río Negro, suspendió de sus funciones al intendente Marcelo Román mientras avanza una investigación judicial por presunto peculado y administración fraudulenta. El jefe comunal calificó la medida como "ilegal e inconstitucional" y anunció acciones judiciales.
El intendente de Allen, Marcelo Román, fue suspendido preventivamente por decisión del Concejo Deliberante.
El intendente de la ciudad rionegrina de Allen, Marcelo Román, fue suspendido preventivamente de su cargo por decisión del Concejo Deliberante, en medio de una investigación judicial que lo tiene imputado por presunto peculado y administración fraudulenta de fondos públicos.
La medida fue aprobada por los bloques opositores del cuerpo legislativo local, que lograron reunir las mayorías necesarias para apartarlo de sus funciones mientras continúa la causa penal. Por su parte, el jefe comunal rechazó la decisión y denunció una maniobra política para desplazarlo del cargo.
"Se trata de un acto avasallador, ilegal e inconstitucional", sostuvo Román, quien además confirmó que inició acciones legales para intentar anular la ordenanza que dispuso su suspensión.
La causa que puso en jaque al primer intendente libertario de Río Negro tuvo un punto de inflexión el pasado 18 de junio, cuando la jueza de Garantías Natalia González formalizó cargos contra Román y el empresario de medios Sebastián Ocampo.
La investigación judicial apunta a un presunto desvío de fondos municipales vinculado con la compra de un teléfono celular que habría sido adquirido con dinero de la comuna y posteriormente entregado a un tercero.
Según la hipótesis presentada por la fiscalía, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el municipio habría adquirido un dispositivo valuado en $479.999 mediante un plan corporativo contratado por la comuna. Además, la línea telefónica asociada al equipo continuó siendo abonada con fondos públicos, lo que elevó el gasto total a $596.812,38.
Los fiscales consideran que el empresario Sebastián Ocampo habría participado de manera necesaria en las presuntas maniobras destinadas a perjudicar las arcas municipales.
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Marcelo Román junto a Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza, denunciada por vínculos con el narcotráfico.
La suspensión de Román se produjo luego de que los concejales opositores sostuvieran que la permanencia del jefe comunal podría interferir en el desarrollo de la investigación judicial.
Los impulsores de la medida rechazaron las acusaciones de persecución política y remarcaron que el apartamiento preventivo se encuentra contemplado dentro de la Carta Orgánica Municipal.
Por el contrario, tres ediles alineados con Román intentaron impedir la decisión al considerar que el Concejo avanzó sobre atribuciones que corresponden exclusivamente al Poder Judicial.
Finalmente, la oposición logró reunir los votos necesarios para imponer la suspensión preventiva.
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Hasta septiembre de 2025, Marcelo Román era el único intendente de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro y llegó a desempeñarse como vicepresidente del partido a nivel provincial.
Sin embargo, tras el avance de las sospechas judiciales vinculadas a la presunta administración fraudulenta, el dirigente debió renunciar a sus funciones partidarias.
Román se encontraba políticamente alineado con la diputada nacional Lorena Villaverde, actual presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro, aunque su influencia interna se redujo considerablemente en los últimos meses debido a las controversias políticas que también la involucran.
En paralelo a la investigación judicial y la suspensión del jefe comunal, continúa en análisis una iniciativa ciudadana que busca impulsar la revocatoria del mandato de Román.
La propuesta fue presentada por la docente jubilada Silvina Susana Cantero, quien aseguró haber impulsado de manera independiente una campaña de recolección de firmas.
El pedido ingresó formalmente al Concejo Deliberante invocando el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita este mecanismo cuando cuenta con el respaldo de al menos el 10% del padrón electoral.
Por el momento, la iniciativa aún no fue resuelta por las autoridades legislativas locales.
La suspensión de Marcelo Román representa uno de los episodios políticos más relevantes de los últimos meses en Río Negro, ya que involucra al primer jefe comunal libertario de la provincia.
El caso también vuelve a poner el foco sobre los mecanismos institucionales previstos para el apartamiento preventivo de funcionarios públicos mientras avanzan investigaciones judiciales por presuntos delitos contra la administración pública.
Además, la definición sobre la situación judicial y política del intendente podría tener repercusiones dentro del armado provincial de La Libertad Avanza, espacio que perdió a uno de sus principales referentes territoriales en la Patagonia.
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