Economía. La Justicia estadounidense condenó a Argentina a pagar más de USD 390 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas

La Justicia de Estados Unidos volvió a emitir un fallo adverso para Argentina en uno de los litigios internacionales derivados de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó la sentencia de primera instancia y confirmó que el Estado argentino deberá abonar más de u$s390 millones al fondo Titan Consortium, que adquirió los derechos económicos del reclamo iniciado por antiguos accionistas de la compañía aérea.

La decisión judicial representa un nuevo revés para el país en tribunales internacionales y mantiene vigente una de las disputas legales más importantes vinculadas a la estatización de empresas durante la década pasada.

Qué resolvió la Justicia de Estados Unidos contra Argentina

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el planteo presentado por Argentina, que sostenía que el reclamo estaba alcanzado por un plazo de prescripción de tres años.

Sin embargo, el tribunal confirmó el criterio adoptado previamente por la Corte de Distrito de Washington y determinó que el plazo aplicable es de 12 años, lo que permitió validar la ejecución del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

De esta manera, quedó firme la sentencia que fijó una indemnización de u$s390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024, cifra a la que deberán sumarse los intereses posteriores.

LEE MÁS: El 67% de los argentinos percibe que su situación económica empeoró

El origen del juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

El litigio se originó en 2008, cuando el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso la expropiación de Aerolíneas Argentinas y de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.

Años más tarde, en 2017, un tribunal arbitral del CIADI condenó a Argentina a pagar alrededor de u$s321 millones, más intereses y costas, por la expropiación de las participaciones accionarias de la empresa.

El Estado argentino intentó anular el laudo arbitral, aunque esa estrategia fracasó y la decisión quedó firme en 2019.

Posteriormente, Titan Consortium adquirió los derechos económicos del reclamo como cesionario de Teinver y otros accionistas, y en 2021 solicitó el reconocimiento y ejecución de la sentencia en Estados Unidos.

LEE MÁS: Causa ANDIS: Spagnuolo apeló ante la Cámara para frenar el peritaje de los audios

El fondo Titan Consortium reclama más de u$s390 millones tras adquirir los derechos económicos del juicio.

El reclamo de Titan Consortium y el nuevo monto de la condena

En 2024, la Corte de Distrito de Columbia rechazó la posición argentina respecto de la prescripción y reconoció la validez del laudo arbitral.

Como consecuencia, el monto inicial de la condena se actualizó hasta alcanzar los u$s390,9 millones, incluyendo intereses acumulados hasta diciembre del año pasado.

La apelación presentada por el Estado argentino buscaba revertir ese criterio y reducir el impacto económico del fallo. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó íntegramente la resolución de primera instancia.

Tras conocerse la decisión judicial, la Procuración del Tesoro informó que analiza "todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia".

Además, el organismo sostuvo que el origen del litigio responde a "la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de u$s30.000 millones en deudas por juicios perdidos".

Por el momento, el Gobierno nacional no confirmó si avanzará con nuevas presentaciones judiciales ante tribunales estadounidenses.

La decisión de la Justicia estadounidense representa un nuevo frente judicial para Argentina, que continúa enfrentando distintos litigios internacionales vinculados a expropiaciones y controversias de inversión.

Además del impacto económico inmediato, el fallo vuelve a poner el foco sobre el costo fiscal derivado de juicios internacionales y sobre las consecuencias legales de decisiones estatales que terminaron siendo cuestionadas en tribunales arbitrales.

El caso de Aerolíneas Argentinas se suma así a otras disputas judiciales que mantienen en atención a los mercados y a los inversores internacionales respecto de la situación legal y financiera del país.