29 de julio de 2026
Un estudio de la Fundación Mediterránea advirtió que el crecimiento de la informalidad laboral y el aumento de los monotributistas dentro del sistema de aportes incrementan la presión sobre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El informe señala que hoy se requieren hasta 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio.
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) enfrenta un escenario cada vez más complejo por el crecimiento de la informalidad laboral y el cambio en la composición de quienes realizan aportes. Así lo advirtió un informe elaborado por Laura Caullo y Guadalupe Galíndez, de la Fundación Mediterránea, que concluyó que actualmente se necesitan hasta 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, debido a la baja capacidad contributiva de ese régimen.
El trabajo sostuvo que la sostenibilidad del sistema previsional argentino ya no depende únicamente del envejecimiento de la población, sino también de la cantidad y la calidad de los aportes que ingresan al régimen previsional.
De acuerdo con el informe, el 44% de los trabajadores ocupados desarrolla su actividad en la informalidad, lo que equivale a más de 9 millones de personas que no realizan aportes previsionales.
Actualmente, el SIPA cuenta con 10,3 millones de aportantes para financiar 7,5 millones de beneficios previsionales.
Del total de contribuyentes, el 74% corresponde a trabajadores en relación de dependencia, mientras que el 26% restante está integrado por trabajadores independientes, entre ellos 2,2 millones de monotributistas.
El estudio también remarcó que la participación del monotributo dentro del universo de aportantes pasó del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026, reflejando un cambio significativo en la estructura de financiamiento del sistema.
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Más de 9 millones de trabajadores se desempeñan en la informalidad y no realizan aportes previsionales.
La investigación destacó que existen diferencias importantes entre los aportes previsionales realizados por los distintos regímenes.
Mientras un trabajador registrado aporta, en promedio, el equivalente al 11,2% de sus ingresos, un trabajador autónomo contribuye con el 5,2%, y un monotributista apenas con el 1,1%.
En marzo de 2026, el aporte mensual promedio de un trabajador registrado alcanzó los $187.098, mientras que el de un monotributista fue de $19.215.
Como consecuencia de esa diferencia, el informe estimó que actualmente se necesitan 3,5 trabajadores registrados para financiar una jubilación promedio, mientras que hacen falta casi 34 monotributistas para cubrir el mismo beneficio.
En el caso de una jubilación mínima con bono, el estudio calculó que se requieren 2,4 asalariados registrados o cerca de 23 monotributistas para financiarla.
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La Fundación Mediterránea también advirtió que el proceso de envejecimiento demográfico incrementará las exigencias sobre el sistema jubilatorio durante los próximos años.
Según las proyecciones del INDEC, la población de 65 años o más pasará del 12% en 2022 al 17% en 2040.
En ese mismo período, el índice de envejecimiento crecerá de 55 a 115 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, lo que implicará una mayor demanda de prestaciones previsionales.
El informe agregó que los recursos provenientes de los aportes personales y de las contribuciones patronales ya no alcanzan para financiar el gasto previsional, que presenta un déficit cercano al 2% del PBI y requiere transferencias del Tesoro Nacional.
El estudio también analizó la evolución de los haberes previsionales y sostuvo que el desequilibrio financiero del sistema impactó sobre el poder de compra de los jubilados.
Según las autoras, la jubilación promedio perdió 13% de poder adquisitivo durante los últimos tres años.
En tanto, la jubilación mínima con bono registró una caída aún mayor, con una pérdida del 20% en términos reales durante el mismo período.
Como conclusión, las economistas señalaron que una futura reforma previsional debería analizar no solo la edad de retiro y las condiciones de acceso a la jubilación, sino también el esquema de financiamiento del sistema.
El informe sostiene que cualquier modificación deberá contemplar la creciente informalidad laboral y el aumento de trabajadores que realizan aportes reducidos, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino en el largo plazo.
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