13 de agosto de 2026

POLÉMICA EN SAN LUIS

POLÉMICA EN SAN LUIS. A lo Milei, Poggi aprobó una ley que permite vender inmuebles fiscales sin regulación

Luego del acompañamiento de los votos puntanos en el Senado durante el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, obtuvo la aprobación del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE). La iniciativa incluye medidas de promoción industrial, pero también habilita distintas formas de disposición sobre inmuebles fiscales provinciales.

El bloque provincial que responde al gobernador Claudio Poggi aprobó el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), una iniciativa que combina medidas para incentivar la inversión y la industrialización en San Luis con disposiciones que amplían las facultades del Poder Ejecutivo sobre los bienes inmuebles del Estado provincial.

El proyecto permite conceder, alquilar, entregar en comodato e incluso vender directamente inmuebles fiscales, un punto que generó cuestionamientos desde la oposición. El diputado provincial Walter Pollo, del Partido Justicialista, aseguró que su bloque no se oponía a las medidas vinculadas con la promoción industrial, pero cuestionó la inclusión de las disposiciones sobre las tierras y bienes fiscales dentro de la misma ley.

Claudio Poggi logró la aprobación del RIPEE en San Luis

La aprobación del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo se produjo luego de otro gesto de alineamiento político de Claudio Poggi con el Gobierno nacional de Javier Milei, según el planteo expuesto en torno a la votación.

La iniciativa impulsada por el oficialismo provincial contempla dos aspectos diferentes. Por un lado, establece medidas vinculadas con el incentivo de las inversiones y la industrialización de San Luis. Por otro, incorpora disposiciones relacionadas con la administración y la posibilidad de disponer de los inmuebles fiscales del Estado provincial.

Ese segundo punto fue el principal motivo de cuestionamiento del bloque del PJ.

En declaraciones al medio El Destape, el diputado provincial Walter Pollo explicó que su espacio no rechazaba el contenido vinculado con la reactivación económica y la promoción industrial.

"Es una ley de reactivación industrial, promoción industrial, incluso yo había presentado proyectos en el mismo sentido", sostuvo el legislador.

Sin embargo, señaló que el conflicto apareció en el capítulo que permite ampliar las facultades del Ejecutivo provincial para disponer de los inmuebles y tierras fiscales.

"Ahí es donde está el conflicto. Pedimos que se saque y se arme otra ley aparte, pero no lo hicieron", afirmó Pollo.

Según explicó el diputado del PJ, la oposición planteó que las disposiciones referidas a la gestión de los bienes provinciales fueran tratadas en una iniciativa separada.

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La discusión por la venta y disposición de inmuebles fiscales

Uno de los puntos centrales del debate fue la posibilidad de conceder, alquilar, entregar en comodato e incluso vender directamente inmuebles fiscales del Estado provincial.

Para Walter Pollo, la incorporación de estas facultades dentro de una ley orientada a la promoción económica e industrial genera una discusión diferente a la del objetivo central del RIPEE.

"Después van a salir a decir que no acompañamos un proyecto de generación de empleo y de reactivación industrial. Pero no nos pueden meter otra ley que nada tiene que ver con la afectación de los inmuebles y las tierras fiscales", sostuvo.

El legislador consideró que ambos temas debieron tramitarse de manera separada: por un lado, las políticas destinadas a promover inversiones y empleo y, por otro, las disposiciones relacionadas con los bienes del Estado provincial.

Los artículos de la Constitución de San Luis citados por la oposición

Entre los argumentos expuestos por Walter Pollo, el diputado citó los artículos 8 y 9 de la Constitución provincial.

Según explicó, esas disposiciones establecen límites respecto de la delegación de facultades constitucionales entre los poderes del Estado y fijan condiciones de publicidad para los actos vinculados con la enajenación o afectación de los bienes estatales.

Sobre esa base, el legislador cuestionó que el proyecto aprobado permita ampliar las atribuciones del Ejecutivo provincial para decidir sobre los inmuebles fiscales.

El debate, de esta manera, quedó centrado en las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto de la inclusión de estas disposiciones dentro del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo.

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El RIPEE incluye medidas para promover inversiones e industrialización y disposiciones sobre inmuebles fiscales.

Qué establece el RIPEE aprobado por el oficialismo de Claudio Poggi

El RIPEE fue presentado como un régimen destinado a promover el desarrollo económico, la inversión, la industrialización y el empleo en la provincia de San Luis.

Sin embargo, la iniciativa aprobada también incorpora disposiciones vinculadas con la posibilidad de conceder, alquilar, otorgar en comodato y vender inmuebles fiscales pertenecientes al Estado provincial.

Ese fue el aspecto que el bloque del PJ cuestionó durante el tratamiento legislativo. Según la posición expresada por Walter Pollo, el contenido referido a la promoción industrial no era el motivo de rechazo, sino la decisión de incorporar en el mismo proyecto las facultades relacionadas con la disposición de los bienes estatales.

La discusión por el RIPEE dejó expuestas las diferencias sobre el alcance de las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo de Claudio Poggi respecto de los inmuebles fiscales de San Luis.

Mientras el oficialismo logró aprobar el régimen, desde la oposición insistieron en que las disposiciones vinculadas con la administración y eventual enajenación de bienes estatales debieron tratarse en una ley específica.

De esta manera, la aprobación del proyecto abrió una discusión política y legislativa sobre la promoción económica de la provincia y, al mismo tiempo, sobre las herramientas que tendrá el Ejecutivo para disponer de los bienes fiscales provinciales.

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