21 de agosto de 2026
Una auditoría sobre 37 escuelas de Concordia detectó diferencias entre facturas y remitos por $103.738.136 durante dos meses de 2025. Al ampliar el relevamiento a mayo y parte de junio, las inconsistencias llegaron a $146.223.311 y el caso quedó en manos de la Justicia.
Una auditoría sobre 37 escuelas de Concordia detectó diferencias entre facturas y remitos por más de $103 millones.
El Gobierno de Entre Ríos detectó fuertes irregularidades en las compras destinadas a comedores escolares y dispuso cambios en el sistema de administración de las partidas. La investigación comenzó en Concordia a partir de controles sobre los fondos destinados a la alimentación de alumnos y permitió identificar diferencias entre las facturas y los remitos por más de $103 millones durante marzo y abril de 2025.
El relevamiento fue realizado por la Dirección de Comedores Escolares y comenzó en junio de 2025 sobre 37 escuelas de Concordia. El caso tomó trascendencia después de que apareciera, entre los comprobantes destinados a un establecimiento educativo, la compra de una botella de vino por $57.000.
Los controles comenzaron con la comparación entre la cantidad real de alumnos que recibían el servicio de comedor y las nóminas utilizadas para establecer las partidas de dinero asignadas a cada establecimiento.
A partir de ese análisis aparecieron incrementos injustificados en la cantidad de beneficiarios y diferencias entre los fondos otorgados y las necesidades efectivas de las escuelas. La auditoría también detectó registros en los que la totalidad de una partida aparecía consumida durante un solo día.
Otro de los puntos observados fue la concentración de las compras en tres proveedores: "Ahora Voy", "Flores Sandra" y "Autoservicio Joaquín".
El mecanismo utilizado consistía en la entrega de tarjetas con fondos que eran administradas por personas designadas para adquirir los productos necesarios para el desayuno, el almuerzo, la merienda o las tres comidas de los alumnos. Según una fuente que siguió de cerca la investigación, el sistema dejaba margen para que los apoderados dispusieran del dinero bajo un esquema basado en la confianza.
"Es una maniobra muy sencilla", señaló esa fuente al referirse al funcionamiento del mecanismo investigado.
Durante la auditoría, los investigadores solicitaron documentación vinculada con las compras y los menús de los establecimientos. En ese marco, la coordinadora del área, Silvia Murua, informó que los cuadernos de menú correspondientes a octubre y noviembre de 2024 habían sido destruidos por roedores.
Días después fueron presentados cuadernos acompañados por remitos confeccionados recientemente. Al cruzar esa documentación con los consumos correspondientes a marzo y abril, los auditores detectaron aproximadamente $100 millones en mercadería facturada que no había sido entregada.
En una conversación previa con integrantes de la Dirección, Murua había declarado: "No sabía que debería sobrar tanta plata".
El análisis posteriormente se extendió a mayo y parte de junio. En esa etapa, el informe calculó inconsistencias por aproximadamente $146.223.311.
Como consecuencia de los hallazgos, Silvia Murua fue removida de su cargo.
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El relevamiento sobre los comedores escolares comenzó en junio de 2025 y luego se extendió a otros departamentos de Entre Ríos
Después de la remoción de Murua, los administrativos que quedaron transitoriamente al frente del área solicitaron una reunión con la Dirección de Comedores.
Durante ese encuentro presentaron fotos, videos y audios que, según manifestaron, habían recopilado previamente por temor a perder sus puestos de trabajo. Al mismo tiempo, dejaron asentado que no habían participado de las irregularidades investigadas.
El expediente posteriormente llegó a la Justicia y actualmente tramita ante la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo de la fiscal Daniela Montangie.
El 29 de julio de 2025, la fiscal libró un oficio formal a la Dirección de Comedores para solicitar información sobre todo el personal que prestaba tareas en la Coordinación de Concordia, tanto trabajadores de planta como personas contratadas mediante prestaciones de servicios.
Las irregularidades detectadas en los comedores escolares no quedaron limitadas a Concordia. A partir de auditorías realizadas en otros departamentos de Entre Ríos, se detectaron dos casos de presunta malversación de fondos en Diamante y uno en Villaguay, todos relacionados con partidas destinadas a comedores escolares.
En Gualeguay, en tanto, se constató una situación de carácter administrativo: un agente de cocina que se encontraba con licencia médica prestaba servicios de manera activa en un establecimiento privado.
Según las autoridades, esa conducta fue considerada una falta administrativa grave.
A partir de los resultados de las auditorías, el Gobierno de Entre Ríos anunció una modificación estructural en el funcionamiento de los comedores escolares.
Desde agosto, 996 comedores escolares correspondientes a establecimientos urbanos y rurales que tengan más de 50 estudiantes dejarán de funcionar bajo el sistema de tarjetas descentralizadas.
En su lugar, se implementará un modelo de compra centralizada mediante licitación pública. De esta manera, las tareas de adquisición y logística que hasta ahora recaían sobre los equipos directivos pasarán a estar bajo responsabilidad del Estado.
La nueva modalidad también busca establecer una mayor trazabilidad de los fondos, además de fijar un estándar nutricional uniforme para los establecimientos alcanzados por el cambio, independientemente de su ubicación.
La ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, explicó que la modificación apunta a fortalecer los controles sobre los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes.
"Para que un chico pueda aprender, concentrarse y desarrollar plenamente sus capacidades necesita una alimentación adecuada", sostuvo Berisso.
La funcionaria agregó que el Gobierno provincial asumió el compromiso de garantizar que "cada peso destinado a los comedores escolares se traduzca en alimentos de calidad", definidos bajo criterios nutricionales y con mayores controles estatales.
Por su parte, el director de Comedores, Lautaro Azzalini, aclaró que el nuevo sistema no busca desconocer el trabajo realizado durante años por directivos, docentes y cocineros.
Según explicó, el objetivo es "brindarles mejores herramientas, reglas claras y un Estado que asuma las responsabilidades que le corresponden".
Con el nuevo esquema, los equipos directivos dejarán de asumir las tareas vinculadas con la compra y la logística de los alimentos en los 996 comedores escolares alcanzados por la medida.
El Estado provincial pasará a concentrar esas funciones mediante un sistema de compras centralizadas y licitaciones públicas.
El cambio también apunta a uniformar los criterios nutricionales y reforzar el seguimiento de los recursos destinados a la alimentación de los alumnos.
La investigación sobre los comedores escolares de Entre Ríos derivó en una revisión del sistema utilizado para administrar las partidas y en la decisión de modificar el mecanismo de compras. El relevamiento iniciado en 37 escuelas de Concordia permitió detectar diferencias por $103.738.136 en una primera etapa y, tras ampliar el período analizado, inconsistencias estimadas en $146.223.311.
El caso además permanece bajo investigación judicial en Concordia, mientras las auditorías realizadas en otros departamentos de la provincia identificaron nuevos casos vinculados con partidas para comedores escolares.
El nuevo sistema de compras centralizadas anunciado por el Gobierno de Entre Ríos comenzará a aplicarse desde agosto sobre 996 establecimientos, con el objetivo declarado de fortalecer los controles, mejorar la trazabilidad de los fondos y establecer criterios nutricionales uniformes.
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