26 de agosto de 2026
Fernando Cerimedo, Claudio Vidal y los contratos de Santa Cruz: el vínculo de National Security Enterprise con hospitales públicos y las preguntas abiertas.
La Legislatura de Santa Cruz pidió explicaciones sobre el mecanismo utilizado para contratar a la empresa de seguridad.
La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia volvió a poner en escena los vínculos empresariales y políticos del consultor. En Santa Cruz, una empresa que tuvo entre sus integrantes iniciales a Natalia Belén Basil, entonces esposa de Cerimedo, terminó como proveedora del Estado provincial durante la gestión de Claudio Vidal, con contratos millonarios para prestar servicios de seguridad en hospitales.
La documentación disponible no permite afirmar que Fernando Cerimedo sea propietario de National Security Enterprise SRL (NSE) ni que haya cobrado personalmente dinero del Estado santacruceño. Sin embargo, existe un recorrido societario y empresarial que conecta a la firma con su entorno y posteriormente con contratos públicos de Santa Cruz, lo que vuelve a instalar interrogantes sobre el proceso de contratación y los vínculos que rodearon a la empresa.
La firma, constituida originalmente en Buenos Aires en 2022, desembarcó posteriormente en Río Gallegos y comenzó a prestar servicios de seguridad en el Hospital Regional de Río Gallegos y otros establecimientos sanitarios. Según investigaciones periodísticas citadas en el material, la contratación inicialmente superó los $115 millones mensuales, mientras que informes posteriores ubicaron la facturación cerca de los $180 millones por mes.
National Security Enterprise SRL (NSE) fue creada en 2022 y tuvo domicilio original en la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus integrantes iniciales apareció Natalia Belén Basil, quien en ese momento era esposa de Fernando Cerimedo.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, la composición societaria de la compañía atravesó modificaciones durante 2024. Posteriormente, la empresa comenzó a operar en Santa Cruz y fue incorporada como proveedora del Estado provincial para brindar servicios de seguridad en hospitales.
El caso adquirió relevancia por los montos involucrados y por el mecanismo utilizado para la contratación. Según el material, el Gobierno de Claudio Vidal contrató a NSE para prestar servicios en el Hospital Regional de Río Gallegos y otros establecimientos del interior provincial.
Un proyecto presentado en la Legislatura de Santa Cruz solicitó explicaciones sobre el procedimiento y señaló que el monto informado, superior a los $115 millones mensuales, excedía los márgenes establecidos para una contratación directa según la normativa provincial.
La discusión, por lo tanto, no quedó limitada a los vínculos empresariales de la compañía, sino que también alcanzó al procedimiento administrativo mediante el cual NSE ingresó al esquema de seguridad de los hospitales santacruceños.
Las cifras de los contratos se convirtieron en uno de los principales puntos de la controversia. La contratación inicial mencionada en las investigaciones periodísticas superaba los $115 millones mensuales, mientras que posteriormente distintos reportes ubicaron la facturación de National Security Enterprise en alrededor de $180 millones por mes.
Más recientemente, una investigación del medio local Confidencial volvió sobre la situación de la compañía, reconstruyó modificaciones en su composición societaria y señaló el crecimiento de los montos facturados.
También surgieron cuestionamientos vinculados con la situación previsional de la empresa y otros aspectos relacionados con su funcionamiento.
Frente a esos cuestionamientos, el Gobierno de Santa Cruz defendió el esquema utilizado y sostuvo que no se trataba de una contratación directa en los términos planteados por sus críticos.
La discusión sobre el mecanismo de contratación, los montos y el recorrido empresarial de NSE, sin embargo, permanece abierta.
El punto central de la controversia no consiste en afirmar que Fernando Cerimedo haya manejado los contratos de la provincia o que haya recibido dinero del Estado. El material disponible no permite sostener esas afirmaciones.
La cuestión pasa por reconstruir cómo una empresa que tuvo entre sus integrantes iniciales a una persona vinculada al entorno personal de Cerimedo terminó prestando servicios para hospitales públicos de Santa Cruz durante la gestión de Claudio Vidal.
Entre los interrogantes que plantea el caso aparecen el modo en que National Security Enterprise llegó a prestar servicios en los hospitales provinciales, quién recomendó a la compañía, qué antecedentes se evaluaron y bajo qué procedimiento administrativo se concretó la contratación.
También quedan preguntas sobre la determinación de los montos, la experiencia de la firma y el conocimiento que tenían las autoridades provinciales sobre los vínculos empresariales que rodeaban a la compañía.
La propia Legislatura santacruceña llegó a solicitar información sobre la contratación, mientras que las investigaciones periodísticas posteriores incorporaron nuevos elementos sobre la trayectoria de NSE.
El Gobierno de Claudio Vidal defendió el procedimiento y sostuvo que no se trataba de una contratación directa en los términos cuestionados.
La relación entre Cerimedo y Santa Cruz no se limita al caso de National Security Enterprise.
En septiembre de 2025, una investigación publicada por OPI Santa Cruz ubicó al consultor en la provincia y sostuvo, a partir de fuentes vinculadas con Santa Cruz Puede SAU, que habría actuado como enlace entre proyectos de la empresa estatal y potenciales inversores de fuera de la provincia.
Santa Cruz Puede fue creada durante la gestión de Claudio Vidal como una empresa estatal destinada al desarrollo productivo y estratégico de la provincia.
Según aquella investigación periodística, fuentes relacionadas con la compañía atribuyeron a Cerimedo un papel en la vinculación de inversiones. Sin embargo, el propio material aclara que el medio no señaló que el consultor tuviera un cargo formal dentro del Gobierno provincial ni en Santa Cruz Puede.
Esa diferencia resulta relevante para separar los dos episodios. En el caso de National Security Enterprise, existe un recorrido societario señalado en distintas investigaciones que vincula a la empresa con el entorno personal y empresarial de Cerimedo y, posteriormente, con contratos del Estado santacruceño.
En el caso de Santa Cruz Puede, en cambio, se trata de una investigación periodística basada en fuentes que atribuyeron al consultor un determinado rol en la búsqueda de inversores.
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Los dos episodios son diferentes y no permiten establecer por sí mismos una relación directa entre Fernando Cerimedo y las decisiones de contratación del Estado de Santa Cruz.
Sin embargo, su aparición dentro de investigaciones diferentes vuelve a poner el foco sobre el recorrido político y empresarial del consultor en la provincia durante la gestión de Claudio Vidal.
Por un lado, aparece National Security Enterprise, una compañía que tuvo a Natalia Belén Basil, entonces esposa de Cerimedo, entre sus integrantes iniciales y que posteriormente se convirtió en proveedora del Estado santacruceño.
Por otro, aparece Santa Cruz Puede, empresa estatal creada durante la gestión de Vidal, en una investigación que atribuyó a Cerimedo tareas vinculadas con la búsqueda de inversores, aunque sin señalar que ocupara un cargo formal dentro de la estructura estatal.
La diferencia entre ambos casos debe ser considerada para evitar conclusiones que la documentación disponible no permite sostener.
La reciente detención de Fernando Cerimedo en Bolivia, mencionada en el material como parte de una investigación judicial por un ataque contra la abogada Nadia Beller, volvió a colocar al consultor político en el centro de la escena.
Esa causa judicial en Bolivia es independiente de los contratos y negocios vinculados con Santa Cruz. Sin embargo, su regreso a la agenda pública llevó nuevamente la atención hacia investigaciones anteriores sobre sus vínculos empresariales y políticos.
En ese contexto, la relación entre Cerimedo, National Security Enterprise y el Estado de Santa Cruz vuelve a ser objeto de preguntas, especialmente por los montos de los contratos y por el recorrido que llevó a la empresa desde Buenos Aires hasta convertirse en proveedora de hospitales provinciales.
El caso deja planteados una serie de interrogantes sobre la contratación de National Security Enterprise y su posterior crecimiento como proveedora del Estado de Santa Cruz.
Entre ellos aparecen cómo llegó la empresa al sistema sanitario provincial, qué antecedentes fueron evaluados, quién intervino en la selección, cuál fue el procedimiento administrativo utilizado y cómo se determinaron los montos que, según las investigaciones periodísticas citadas, pasaron de más de $115 millones mensuales a cerca de $180 millones.
También permanece abierta la pregunta sobre qué información tenía la administración de Claudio Vidal acerca de los vínculos societarios y empresariales que rodeaban a la compañía al momento de contratarla.
La documentación disponible no permite afirmar que Cerimedo haya manejado esos contratos ni que haya cobrado personalmente fondos públicos. Pero sí permite reconstruir una serie de conexiones empresariales y políticas que vuelven a colocar a Santa Cruz, National Security Enterprise y Claudio Vidal bajo la lupa.
En materia de recursos públicos, el eje de la discusión pasa por determinar cómo se realizaron las contrataciones, quiénes participaron de las decisiones y qué documentación respalda cada uno de los pasos administrativos.
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