26 de agosto de 2026
El Gobierno nacional extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para la apertura de ofertas de la licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La decisión respondió a pedidos de empresas interesadas que solicitaron más tiempo para presentar la documentación requerida.
El Gobierno nacional postergó hasta el 15 de septiembre la apertura de ofertas por la privatización de AySA.
El Gobierno nacional decidió prorrogar hasta el 15 de septiembre la apertura de ofertas correspondiente a la licitación para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), cuyo vencimiento estaba previsto originalmente para este jueves. La postergación fue dispuesta a partir de solicitudes realizadas por empresas interesadas en participar del proceso.
Según fuentes oficiales, las compañías pidieron un plazo mayor para completar y presentar la documentación exigida para la licitación. El Ejecutivo explicó que la extensión busca garantizar una mayor concurrencia y competencia entre los participantes, sin modificar las condiciones de fondo establecidas para la privatización.
El esquema diseñado por el Gobierno contempla una primera etapa en la que se venderá el 51% de las acciones estatales de AySA a un operador privado. La operación estará vinculada a un contrato de concesión del servicio por un período de 30 años, con la posibilidad de una prórroga adicional de diez años.
En una segunda instancia, el Ejecutivo prevé avanzar con una oferta pública del 39% del paquete accionario en el mercado de capitales. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores de la compañía mediante el Programa de Propiedad Participada.
La concesión comprende la prestación exclusiva de los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, de acuerdo con el esquema definido por el Gobierno nacional.
La apertura de las ofertas, que debía realizarse originalmente este jueves, quedó fijada para el 15 de septiembre. El resto del cronograma de la licitación será desplazado en la misma proporción, según la decisión comunicada por el Ejecutivo.
La prórroga no implica modificaciones en las condiciones centrales de la operación. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de otorgar mayor tiempo a las empresas que manifestaron interés para elaborar y presentar la documentación correspondiente.
De esta manera, el proceso de privatización de AySA continuará durante las próximas semanas bajo el nuevo calendario establecido por las autoridades nacionales.
La licitación contempla la venta inicial del 51% de las acciones estatales a un operador privado.
En paralelo al proceso de privatización, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) oficializó la aprobación del Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario correspondiente al período 2027-2031.
El plan constituye un paso regulatorio necesario para garantizar la continuidad de la prestación del servicio a partir del 1° de enero de 2027. La resolución establece las condiciones regulatorias que deberán contemplarse durante el primer ciclo tarifario.
Uno de los puntos centrales es el mantenimiento del nivel tarifario constante en términos reales, sin contemplar nuevos aumentos específicamente asociados a ese concepto.
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La resolución del ERAS también estableció una Base de Activos Regulatorios (BAR) inicial de $790.074,6 millones.
Sobre esa base se computarán las inversiones y la rentabilidad regulada correspondientes al esquema tarifario. La definición de esta estructura forma parte del marco regulatorio que acompañará la prestación del servicio durante el período 2027-2031.
Así, el proceso de privatización de AySA avanza en paralelo con la definición del marco tarifario que regirá durante los primeros cinco años de la nueva etapa de concesión.
La postergación de la apertura de ofertas extiende los tiempos del proceso licitatorio y permite a las empresas interesadas contar con un plazo adicional para completar los requisitos establecidos. Según la explicación oficial, el objetivo es favorecer una mayor participación y competencia.
El Gobierno mantiene, al mismo tiempo, el esquema previsto para la transferencia del control accionario, la concesión por 30 años y la posterior oferta pública de acciones. En paralelo, el ERAS avanzó con las condiciones regulatorias y tarifarias para garantizar la continuidad del servicio desde 2027.
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