31 de agosto de 2026
Mientras el Gobierno reclama austeridad, celebra el ajuste y recomienda a los argentinos confiar en el sistema financiero local, el ministro de Economía conserva alrededor de dos tercios de sus bienes en el exterior.
La declaración jurada muestra que alrededor de dos tercios del patrimonio de Caputo están vinculados con activos en el exterior.
Hay algo profundamente simbólico en que un ministro de Economía pueda mirar el cierre de un año y descubrir que su patrimonio creció 37% en dólares.
No porque tener dinero sea un delito. No porque una declaración jurada pruebe por sí sola una irregularidad. Sino porque la cifra aparece en el centro de una escena política que el Gobierno de Javier Milei construyó alrededor de una palabra repetida hasta el cansancio: esfuerzo.
El esfuerzo de los jubilados para llegar a fin de mes. El esfuerzo de los trabajadores para sostener el consumo. El esfuerzo de las familias para pagar tarifas, alimentos, alquileres y medicamentos. El esfuerzo de las pequeñas empresas para sobrevivir.
Y, en paralelo, está el patrimonio de Luis Caputo.
Según los datos difundidos a partir de su declaración jurada, el ministro terminó 2025 con una fortuna de aproximadamente USD 13,4 millones, frente a los USD 9,7 millones que declaraba al inicio del año.
La diferencia es contundente: unos USD 3,7 millones más en doce meses.
En un país donde al ciudadano común se le explica que debe acostumbrarse a ajustar sus gastos, el patrimonio del responsable de la política económica ofrece una postal bastante diferente.
El dato aparece, además, pocos días después de que la Justicia le concediera al vocero presidencial y funcionario Manuel Adorni una prórroga de 15 días para justificar su patrimonio.
No son casos equivalentes ni la existencia de una declaración patrimonial implica necesariamente una conducta ilegal. Pero ambos episodios vuelven a colocar en el centro de la discusión pública el patrimonio de los funcionarios que administran el Estado.
Y allí aparece una pregunta política inevitable: ¿qué grado de transparencia y coherencia puede exigir un Gobierno que hizo de la moralización de la política una de sus principales banderas?
La cuestión no es cuánto dinero tiene un funcionario. La cuestión es cómo se explica ese patrimonio, cómo evolucionó y qué relación guarda con el discurso económico que ese mismo funcionario sostiene para el resto de la sociedad.
Los números de la declaración jurada agregan otro elemento llamativo.
Según los datos difundidos por Alejandro Bercovich, Caputo declaró gastos personales y no deducibles por un total de $286.875.801,63 durante 2025.
La cuenta mensual arroja aproximadamente $23,9 millones por mes.
El dato adquiere relevancia cuando se lo compara con el salario que percibía como ministro.
Es decir, mientras ejercía uno de los cargos más importantes del Estado, Caputo declaró gastos mensuales que multiplicaban varias veces sus ingresos como funcionario.
Esto tampoco constituye, por sí mismo, una irregularidad: una persona puede contar con ahorros, inversiones u otros recursos patrimoniales. Pero sí abre interrogantes sobre la composición de su patrimonio y la forma en que consiguió incrementarlo en un año en el que la economía argentina estuvo atravesada por un fuerte proceso de ajuste.
Porque detrás de los porcentajes hay una discusión política mayor.
De acuerdo con lo expuesto en la investigación realizada por Alejandro Bercovich Caputo declaró gastos personales y no deducibles por un total de $286.875.801,63 durante 2025.
Otro dato que sobresale es la ubicación de los activos.
Caputo mantiene aproximadamente dos tercios de su patrimonio en el exterior, de acuerdo con el análisis de su declaración jurada.
El ministro declara depósitos por unos USD 8,65 millones distribuidos en nueve cuentas fuera del país, además de acciones y bonos.
La paradoja resulta difícil de ignorar.
Desde el Gobierno se buscó durante todo este tiempo instalar un mensaje de confianza: que los argentinos vuelvan a utilizar el sistema financiero, que los dólares salgan del colchón y que el dinero regrese al circuito económico.
Pero el propio ministro de Economía mantiene una parte sustancial de su patrimonio fuera de las fronteras argentinas.
No hay necesariamente una contradicción jurídica. Hay, sin embargo, una contradicción política que merece ser discutida.
Porque cuando un funcionario recomienda confianza mientras conserva su propia riqueza mayoritariamente en el exterior, la pregunta aparece sola: ¿la confianza es una obligación para todos o también una opción para quienes gobiernan?
Declaración jurada de Luis Caputo
Los bienes inmobiliarios declarados por Caputo son, según el relevamiento, prácticamente los mismos que figuraban en la declaración anterior.
Entre ellos aparecen su vivienda, un departamento en Recoleta, tres cocheras, un lote en Benavídez, otro en un country de Villa La Angostura y un campo en Alberti.
Sin embargo, el valor total registrado de esos inmuebles aumentó en aproximadamente USD 453.000 durante 2025.
No se trata, entonces, de la aparición de una larga lista de nuevas propiedades, sino de una valorización de los activos ya declarados.
En los vehículos tampoco aparece una modificación sustancial. El ministro mantiene declarado un yate, un gomón, un Volvo XC90, dos Kia Carnival y un cuatriciclo, con valores similares a los del comienzo del año.
El salto más significativo aparece en el dinero depositado en el exterior.
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Uno de los movimientos más llamativos está en una cuenta cuyo valor pasó, según el análisis de la declaración jurada, de $4.018.483.336 a $11.738.447.944.
El incremento es extraordinario en términos nominales.
Los valores en dólares fueron calculados tomando como referencia la cotización del dólar MEP al comienzo y al final de 2025, según el relevamiento difundido.
Caputo, además, no detalla públicamente en qué entidades o países mantiene específicamente sus fondos en el exterior.
Y allí vuelve a aparecer el contraste que atraviesa toda esta historia: el ministro que administra la economía argentina tiene una parte central de su propia riqueza protegida fuera de la economía argentina.
El Gobierno de Milei convirtió el equilibrio fiscal en una suerte de dogma de época.
El ajuste fue presentado como el camino inevitable para ordenar las cuentas públicas. La motosierra se transformó en símbolo. El recorte del gasto pasó a ser, para el oficialismo, una virtud en sí misma.
Pero todo ajuste tiene ganadores y perdedores.
Cuando se reducen jubilaciones reales, se achica el gasto público, se frenan salarios, se encarece el crédito o se deteriora el consumo, las consecuencias no se distribuyen de manera uniforme.
Para una familia que vive de un salario, perder poder adquisitivo significa comprar menos.
Para una pyme, puede significar cerrar.
Para un jubilado, postergar un medicamento.
Para un trabajador, endeudarse.
Y para quienes poseen grandes patrimonios financieros, inmobiliarios y activos en el exterior, el mismo escenario puede ser atravesado desde otro lugar.
Por eso la declaración jurada de Caputo no debería ser leída únicamente como una planilla de números.
Es también una fotografía del poder económico dentro del poder político.
Caputo puede explicar legalmente cada peso y cada dólar declarado. De hecho, la existencia de un patrimonio elevado no constituye por sí misma una prueba de corrupción ni de enriquecimiento ilícito.
Pero en política, la legalidad no siempre agota la discusión.
También existe la coherencia.
Y cuando el ministro encargado de conducir la economía termina un año con USD 13,4 millones declarados, después de incrementar su patrimonio en un 37% y manteniendo la mayor parte de sus activos fuera del país, la discusión excede su cuenta bancaria.
Porque mientras el Gobierno les pide a millones de argentinos que esperen los frutos del sacrificio, el patrimonio de quien administra ese sacrificio cuenta otra historia.
Una historia escrita en dólares.
Una historia con cuentas en el exterior.
Una historia de propiedades, vehículos, inversiones y millones que crecen.
Y entonces la pregunta deja de ser cuánto tiene Caputo.
La pregunta verdaderamente política es otra:
¿cuánto de la prosperidad que el Gobierno promete para el futuro ya existe, hoy, en el patrimonio de quienes conducen el presente?
La otra cara del poder.
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