8 de septiembre de 2026
Un fallo del Tribunal de Cuentas de Mendoza aprobó la rendición 2024 de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), pero dejó asentadas graves observaciones sobre su administración. El expediente registró $74.443.836.718,82 en gastos impagos, diferencias de stock de medicamentos, créditos sin cobrar y contrataciones realizadas fuera de los procedimientos previstos.
Las observaciones del organismo de control colocan a la OSEP y, políticamente, a la administración del gobernador Alfredo Cornejo frente a un expediente que expone problemas acumulados durante varios ejercicios. El Tribunal no aplicó sanciones y liberó de cargo a los funcionarios intervinientes, pero dejó constancia de procedimientos administrativos irregulares y ordenó medidas correctivas.
El dato de mayor magnitud corresponde a los $74.443.836.718,82 en gastos impagos registrados en cuentas patrimoniales. Se trata de gastos devengados entre 2017 y 2024 que no fueron imputados en la ejecución presupuestaria de los ejercicios correspondientes. El propio fallo señaló además que esta observación ya había sido formulada en rendiciones anteriores.
El expediente analizado por el Tribunal de Cuentas de Mendoza muestra que la situación financiera y administrativa de OSEP no se limita a un único ejercicio. La deuda observada comprende gastos correspondientes a distintos años y, según el fallo, el problema de imputación presupuestaria ya había sido advertido en ejercicios anteriores.
La explicación presentada por la administración estuvo vinculada con el impacto de la devaluación de diciembre de 2023 y con el fuerte incremento de los costos sanitarios. Entre los principales factores mencionados aparecen los medicamentos oncológicos y los planes especiales, cuyos costos registraron aumentos anuales superiores al 400% en algunos segmentos.
En ese escenario, OSEP recibió durante 2024 un auxilio financiero de $20.918.564.938,40, otro de los datos incorporados al expediente y que expone las dificultades presupuestarias de la obra social estatal.
La relevancia política del caso para Alfredo Cornejo radica en que OSEP forma parte de la estructura estatal de Mendoza y las observaciones corresponden a la administración de una entidad pública durante su gestión provincial. Sin embargo, el fallo no atribuye personalmente al gobernador las irregularidades administrativas señaladas ni establece una sanción contra él.
Uno de los puntos centrales del expediente es la existencia de $74.443 millones en gastos impagos que permanecieron registrados en cuentas patrimoniales sin haber sido imputados en la ejecución presupuestaria correspondiente.
El Tribunal de Cuentas remarcó que no se trataba de una observación completamente nueva. El reparo había sido formulado en ejercicios anteriores, lo que llevó al organismo de control a volver a impartir instrucciones para corregir el procedimiento.
La dimensión de la cifra convierte al manejo presupuestario de OSEP en uno de los principales puntos sensibles del expediente. La rendición 2024 finalmente fue aprobada, pero la resolución dejó asentadas las observaciones y ordenó a los responsables cumplir con las medidas indicadas por el organismo de control.

Medicamentos en OSEP: diferencias de stock y problemas de control
Otro de los capítulos relevantes aparece en el hospital El Carmen, uno de los efectores propios de OSEP. Allí se detectaron diferencias de inventario en depósitos vinculados con la farmacia, además de procedimientos inconclusos y deficiencias de control interno calificadas como de "larga data".
El Tribunal de Cuentas instruyó continuar con las medidas destinadas a reducir las diferencias de stock de insumos médicos y medicamentos. El expediente también menciona avances vinculados con la implementación de la receta hospitalaria y nuevos procedimientos internos.
La observación adquiere particular importancia dentro de una obra social que administra prestaciones sanitarias y medicamentos para sus afiliados. No obstante, el fallo no estableció una sanción por estos hechos, sino que ordenó avanzar con medidas correctivas.
El expediente también puso bajo la lupa una deuda vinculada con la Dirección General de Escuelas (DGE). La cuenta de Salud Ocupacional cerró con $1.056.084.187,34 en créditos pendientes de cobro, originados entre 2017 y 2023.
Según la observación del Tribunal, no quedaron documentadas acciones suficientes para avanzar con el cobro de esos créditos. Por ese motivo, el organismo de control ordenó formalizar negociaciones con la DGE y con el Ministerio de Hacienda y Finanzas para regularizar la situación.
El dato agrega otro frente a la situación administrativa de OSEP: además de los gastos impagos observados, el organismo tenía créditos pendientes de cobro por más de mil millones de pesos.
El fallo también observó el servicio de oxigenoterapia y ventilación no invasiva. Una vez vencido el contrato con Air Liquide, el servicio continuó siendo prestado por el mismo proveedor y posteriormente fue reconocido mediante la figura de legítimo abono.
El Tribunal consideró que existió un procedimiento administrativo irregular, debido a que la nueva contratación no se inició con la anticipación correspondiente. Sin embargo, decidió no aplicar una sanción al considerar que se trataba de un servicio crítico para más de mil pacientes y que posteriormente se incorporó a Praxair como nuevo proveedor.
También se detectaron irregularidades en la contratación de publicidad oficial. Algunas piezas publicitarias fueron realizadas antes de la emisión de la orden correspondiente, de la resolución de aprobación y de la registración contable.
Los responsables reconocieron las deficiencias y argumentaron que las campañas respondieron a situaciones de urgencia institucional. El Tribunal volvió a calificar el procedimiento como irregular, aunque tampoco aplicó una sanción en este caso.
El expediente incorporó además observaciones relacionadas con los bienes de uso de la obra social. En particular, una auditoría sobre telefonía móvil comparó los formularios TIC05 con el sistema SIGA y encontró diferencias entre los dispositivos entregados y los bienes registrados.
También se detectaron dificultades para vincular los equipos con sus respectivos identificadores. Si bien parte de las observaciones fue posteriormente subsanada, el Tribunal mantuvo como irregularidad administrativa la falta de registración completa.
De esta manera, el fallo no se concentró exclusivamente en la situación financiera de OSEP. También registró deficiencias vinculadas con inventarios, contrataciones, publicidad, registración patrimonial y procedimientos administrativos.
El expediente no sanciona personalmente a Alfredo Cornejo ni establece que el gobernador haya cometido las irregularidades administrativas observadas. Por eso, atribuirle de manera directa la responsabilidad por cada uno de los reparos sería ir más allá de lo que establece el fallo.
La cuestión es diferente en términos de responsabilidad política. OSEP es una entidad estatal de Mendoza y las observaciones corresponden a una estructura administrativa que se encuentra bajo la órbita del Gobierno provincial. Por ese motivo, el estado de las cuentas, los mecanismos de control y las medidas adoptadas para corregir los problemas forman parte de las responsabilidades de gestión que recaen sobre la administración provincial.
El punto adquiere especial relevancia porque algunas de las observaciones, según el propio Tribunal, no surgieron por primera vez en 2024. La reiteración de determinados reparos obliga a mirar no sólo el resultado de una rendición, sino también la capacidad de la administración de Alfredo Cornejo para corregir problemas que ya habían sido advertidos por el órgano de control.
A pesar de las observaciones, el Tribunal de Cuentas de Mendoza aprobó la rendición 2024 de OSEP y liberó de cargo a los funcionarios intervinientes. La resolución, sin embargo, ordenó a los responsables cumplir con las instrucciones impartidas.
El fallo también dispuso poner en conocimiento de las situaciones observadas al Ministerio de Salud y Deportes, al Ministerio de Hacienda y Finanzas y a la Dirección General de Escuelas.
Por lo tanto, la aprobación de la rendición no significa que el organismo de control haya considerado inexistentes los problemas detectados. El expediente dejó asentadas las observaciones y estableció medidas para corregirlas.
El caso coloca a Alfredo Cornejo ante un problema de gestión que excede una cuestión contable puntual. El expediente reúne una serie de observaciones sobre una de las principales estructuras sanitarias estatales de Mendoza: deuda acumulada y gastos no imputados, créditos pendientes de cobro, diferencias en inventarios de medicamentos, contrataciones realizadas fuera de los procedimientos previstos y falencias en registros patrimoniales.
Al mismo tiempo, el fallo establece un límite importante para cualquier interpretación política: no hubo sanciones y la rendición 2024 fue aprobada. La responsabilidad que puede discutirse respecto del gobernador es, por lo tanto, fundamentalmente política y vinculada con la conducción y supervisión de la administración provincial, no una responsabilidad personal por cada irregularidad administrativa consignada en el expediente.
La resolución deja así una fotografía concreta sobre el funcionamiento administrativo de OSEP durante el período analizado: las cuentas fueron aprobadas, pero el órgano de control dejó por escrito una extensa lista de reparos y ordenó medidas para corregirlos.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario