Poder. Arde Tierra del Fuego: policías retirados fueguinos piden el juicio político de Gustavo Melella

El excomisario retirado Daniel Torales cuestionó la situación de la Caja Compensadora que afecta a 540 familias de policías territoriales retirados de Tierra del Fuego, quienes, según denunció, llevan 16 meses sin cobrar sus haberes y más de un año sin cobertura de obra social. En declaraciones a Radio Provincia, también repasó presuntas irregularidades vinculadas con los fondos previsionales y confirmó que presentó, junto a otros dos ex efectivos, un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Melella.

Torales sostuvo que el conflicto tiene antecedentes que se remontan a la provincialización de Tierra del Fuego, en 1992, y cuestionó distintas decisiones adoptadas a lo largo de las últimas dos décadas. En particular, mencionó una denuncia penal de 2004 en la que, según su relato, se detectaron más de 120 cuentas a las que se derivaban fondos previsionales y cuyo destino final, afirmó, nunca fue esclarecido.

Policías retirados de Tierra del Fuego y una deuda de 16 meses

Según explicó Torales, actualmente los policías territoriales retirados atraviesan una situación crítica debido a la falta de pago de sus haberes. El excomisario estimó que la deuda acumulada por la Caja Compensadora asciende a unos $9.000 millones, considerando los 16 meses adeudados y tres aguinaldos.

"Es muchísimo dinero", sostuvo durante la entrevista, al referirse al monto acumulado.

El reclamo también alcanza a la cobertura sanitaria. Torales afirmó que desde hace más de un año se encuentra suspendida en toda la Patagonia la cobertura de Unión Personal, la obra social a la que quedan afiliados los retirados territoriales.

La situación, según describió, afecta a familias que deben afrontar gastos médicos sin contar con la cobertura correspondiente. "Nos sentimos como parias", expresó el excomisario al describir el estado en el que se encuentran los retirados.

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La denuncia de 2004 por más de 120 cuentas previsionales

Uno de los principales puntos señalados por Torales fue una denuncia penal de 2004, que, según recordó, impulsó junto a la entonces diputada nacional Fabiana Ríos.

De acuerdo con su relato, aquella investigación estableció la existencia de más de 120 cuentas a las que se derivaban fondos previsionales. Torales aseguró que solamente pudo determinarse el titular de cinco de ellas.

"No llegaban a la caja, iban a cuentas corrientes. Así nomás", afirmó.

El excomisario sostuvo además que nunca pudo determinarse cuál fue el destino final del dinero. "Eso más bien se debería saber, pero no, no se sabe. Nunca se supo", manifestó.

Consultado sobre los motivos por los cuales esa situación no habría sido investigada hasta sus últimas consecuencias, Torales afirmó haber recibido información sobre antiguos responsables de la Caja que se habrían enriquecido, aunque aclaró que no mencionaría nombres porque no cuenta personalmente con las pruebas correspondientes.

Daniel Torales, Alfredo Ati y Herrera presentaron un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Melella.

Las irregularidades que Daniel Torales atribuye al sistema previsional

El excomisario también hizo referencia a supuestas irregularidades vinculadas con los ascensos dentro de la Policía. Según explicó, hubo casos de agentes que llegaron a la última jerarquía con muy poco tiempo en el grado anterior y luego se retiraron con esa categoría.

"Y no estamos hablando de jerarquías menores, estamos hablando de comisarios generales", remarcó.

Según su explicación, esos ascensos tenían posteriormente incidencia en el cálculo de los haberes que debía afrontar la Caja Compensadora.

Torales también repasó otros antecedentes vinculados con las inversiones de la Caja. Mencionó un edificio ubicado en 25 de Mayo y San Martín, un fideicomiso en Río Grande y terrenos improductivos, entre ellos uno ubicado en Los Caniles, cuya venta aseguró haber resistido durante el año pasado.

Cinco muertes y el impacto de la falta de cobertura médica

Durante la entrevista, Torales describió las consecuencias que la falta de ingresos y cobertura médica habría provocado entre los retirados. Confirmó que desde el inicio de la situación se produjeron cinco muertes, aunque aclaró que fueron por "muerte natural".

"No sé cuánto valdrá la vida de un policía", expresó.

También señaló que entre los afectados hay personas con enfermedades terminales y familias con hijos con discapacidad severa, una situación que, según sostuvo, agrava las consecuencias de la falta de haberes y de cobertura sanitaria.

El propio Torales relató que el año pasado sufrió un cuadro de glucosa que llegó a 735 y posteriormente fue diagnosticado con un tumor en uno de sus riñones, por el que debió ser operado.

"No tenemos obra social", afirmó. Según contó, tuvo que recurrir a préstamos para afrontar los gastos derivados de su situación médica y aseguró que actualmente no pudo terminar de pagarlos.

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Los reclamos ante la Legislatura y el Superior Tribunal

Torales también repasó las distintas instancias institucionales a las que recurrieron los policías retirados para intentar obtener una solución.

Según su relato, en abril el ministro Canals se comprometió ante la Legislatura a presentar una propuesta en un plazo de diez días, algo que, afirmó, finalmente no ocurrió.

Además, señaló que los directivos de la Caja fueron convocados en dos oportunidades por la Comisión de Seguridad de la Legislatura y que no concurrieron. Cuando finalmente asistieron, sostuvo Torales, "la verdad que no dijeron absolutamente nada".

El 30 de abril, la Legislatura sancionó las leyes 1627 y 1628, que, según explicó el excomisario, obligaban al Poder Ejecutivo a actuar sobre la situación y establecían que el Banco de Tierra del Fuego no debía ejecutar las deudas contraídas por los retirados como consecuencia de la falta de pago.

Torales afirmó que, pese a esas normas, al consultar actualmente en el banco no encontró información sobre la aplicación de esa medida.

El pedido de juicio político contra Gustavo Melella

Ante la falta de respuestas que describió, Torales confirmó que presentó un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Melella.

La presentación fue realizada el jueves anterior a la entrevista por tres integrantes del colectivo de policías territoriales retirados: el suboficial mayor Alfredo Ati, el suboficial auxiliar Herrera y el propio Daniel Torales.

"Me sentí en la obligación de pedir directamente un juicio político", explicó.

El trámite deberá atravesar distintas instancias dentro de la Legislatura de Tierra del Fuego: primero la comisión investigadora, luego la sala acusadora y, eventualmente, la sala juzgadora.

Torales también recordó que había presentado un escrito ante la vicegobernadora y la Legislatura para solicitar la interpelación del gobernador y del ministro, pero aseguró que no recibió respuesta.

El reclamo judicial de los policías retirados

En paralelo al pedido de juicio político, los retirados recurrieron a la Justicia. Torales contó que presentaron un amparo por mora ante el Superior Tribunal de Justicia, pero que fueron derivados a la vía del contencioso administrativo.

Según explicó, ese proceso podría extenderse entre 10 y 15 años, un plazo que consideró incompatible con la edad de muchos de los integrantes del colectivo.

"Yo soy, creo, uno de los más jóvenes y tengo casi 64 años", señaló. En ese sentido, advirtió que existen retirados de avanzada edad que podrían no estar en condiciones de esperar durante ese período.

Por su parte, Torales decidió presentar su reclamo particular directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lugar de iniciar el proceso contencioso administrativo.

"Esto no puede quedar así. El tiempo que pasa, uno no tiene garantía de nada de lo que puede suceder en vida", sostuvo.

El reclamo por el aporte del 8% y el orden de pago

Otro de los puntos cuestionados por Torales es que, pese a no percibir sus haberes, los policías territoriales retirados continúan obligados a aportar el 8% de sus haberes a la Caja.

El excomisario sostuvo que esa obligación no se aplica de la misma manera al resto de la administración pública una vez que sus integrantes acceden a la jubilación.

También mencionó la resolución 148, posteriormente ratificada por la resolución 40, que establece un orden de prelación para eventuales pagos.

Según Torales, los policías territoriales retirados quedan ubicados en último lugar, detrás del personal civil y policial provincial y penitenciario. El excomisario cuestionó especialmente esa situación porque se trata, según indicó, de "los más longevos".

Torales cuestionó que Melella califique el beneficio como un "ítem"

El excomisario también rechazó la caracterización que, según afirmó, hizo el gobernador Gustavo Melella sobre el beneficio correspondiente a los policías territoriales retirados.

Melella habría definido ese beneficio como "un ítem", una denominación que Torales rechazó.

"Esto no es un ítem, esto es un beneficio otorgado", sostuvo.

Según explicó, el beneficio fue establecido mediante un convenio entre Nación y Provincia firmado en 1994 y posteriormente ratificado por la Legislatura mediante la resolución 85/94.

Torales, de todos modos, aclaró que no atribuye toda la responsabilidad de la situación a una única administración. "La responsabilidad no es de un solo gobierno", afirmó, y señaló que se trata de "una trayectoria de distintos gobiernos" que, según su interpretación, no regularizaron la situación.

El reclamo de los policías territoriales retirados combina una deuda de 16 meses de haberes, la suspensión de la obra social, cuestionamientos sobre el funcionamiento histórico de la Caja y distintos pedidos realizados ante organismos legislativos y judiciales.

La presentación de un pedido de juicio político contra Gustavo Melella representa ahora una nueva instancia institucional dentro del conflicto, mientras Torales sostiene además su reclamo ante la Corte Suprema.

El colectivo reclama una respuesta para las 540 familias afectadas y cuestiona que el paso del tiempo pueda extender aún más la resolución de un conflicto que, según el relato del excomisario, acumula antecedentes desde hace más de dos décadas.