9 de septiembre de 2026
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar a una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense y frenó la privatización del 90% de AySA. El tribunal cuestionó una posible "disminución de los estándares" de protección ambiental, sanitaria y de los consumidores.
La Justicia frenó el avance de la privatización del 90% de AySA y remitió la cuestión de fondo al fuero federal.
La Justicia frenó la privatización del 90% de AySA y consideró que el proceso podría implicar una "clara disminución de los estándares de protección ambiental, sanitaria y consumeril" para los habitantes de la provincia de Buenos Aires alcanzados por el servicio de agua potable y saneamiento.
La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Sala II de La Plata, que hizo lugar a una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El fallo fue firmado por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez.
La resolución judicial se centró en los capítulos II y III de la Ley Bases y sus modificatorias, que habilitaban la privatización del 90% de la empresa estatal encargada de la provisión de agua potable y saneamiento.
En su resolución, la Cámara sostuvo que la acción presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense tiene origen en un proceso que calificó como "progresivo, sistemático y verificable" de alteración de las condiciones de prestación del servicio público de agua potable y saneamiento a cargo de AySA S.A.
El tribunal señaló además que la evolución normativa y contractual del proceso "evidenciaría una clara disminución de los estándares de protección ambiental, sanitaria y consumeril previamente vigentes para los habitantes de la provincia de Buenos Aires afectados".
La referencia a esos estándares fue uno de los puntos centrales de la decisión judicial, que puso el foco en las condiciones bajo las cuales se presta el servicio de agua potable y saneamiento.
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La medida cautelar había sido presentada por el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien actuó "en representación de los habitantes de 26 municipios donde AYSA brinda el servicio de agua potable".
La presentación buscó cuestionar el proceso relacionado con la privatización de la empresa estatal y las modificaciones establecidas a partir de la Ley Bases y sus normas modificatorias.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Sala II de La Plata hizo lugar a la presentación y se pronunció sobre los planteos vinculados con las condiciones de prestación del servicio y la protección ambiental y sanitaria.
El fallo advirtió sobre una posible "disminución de los estándares" de protección ambiental y sanitaria.
Sin embargo, el fallo también confirmó "la declaración de incompetencia apelada". Por ese motivo, ordenó remitir las actuaciones al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata para que proceda con el envío a la Cámara Federal de La Plata y se realice el sorteo del juzgado que deberá intervenir.
De esta manera, la resolución de la Cámara platense no implica que ese tribunal vaya a resolver definitivamente la cuestión de fondo. Las actuaciones deberán continuar ahora ante la Justicia Federal, que tendrá a su cargo la intervención correspondiente.
El fallo remarcó en ese sentido que "el reconocimiento de la dimensión ambiental del conflicto no resulta incompatible con la eventual determinación de la competencia federal".
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La resolución también hizo referencia a las competencias de las provincias establecidas por la Constitución Nacional respecto de la tutela y el control del recurso hídrico y el ejercicio del poder de policía sobre ese recurso.
El planteo adquiere relevancia dentro del expediente porque la controversia está vinculada con el marco regulatorio para la prestación de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales otorgados por AySA S.A.
En ese sentido, el tribunal diferenció el reconocimiento de la dimensión ambiental del conflicto de la cuestión relativa a qué jurisdicción judicial debe intervenir para resolver el planteo de fondo.
En el tramo final de la resolución, los jueces señalaron: "La cuestión debatida supone esencialmente un reclamo dirigido contra la aplicación del marco regulatorio para la concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales otorgados por Aysa S.A".
La definición de la competencia judicial será ahora uno de los próximos pasos del expediente. Mientras tanto, la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata frenó el avance cuestionado sobre la privatización de AySA y derivó la cuestión a la órbita de la Justicia Federal.
La causa involucra, según la presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a los habitantes de 26 municipios de la provincia de Buenos Aires donde la empresa presta el servicio de agua potable.
El fallo introduce un nuevo capítulo judicial en torno al proceso de privatización de AySA, al poner bajo análisis las condiciones de prestación del servicio y los estándares de protección ambiental, sanitaria y de los consumidores.
La cuestión de fondo, sin embargo, deberá ser analizada por la Justicia Federal, luego de la decisión de remitir las actuaciones a la Cámara Federal de La Plata para determinar qué juzgado tendrá intervención en el expediente.
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