11 de septiembre de 2026
La Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén investigará a la viceintendenta de San Patricio del Chañar, Verónica González, y a la concejal Mónica Barrera por una presunta maniobra vinculada con un terreno originalmente de propiedad municipal.
La aprobación de una ordenanza para regularizar un terreno que originalmente pertenecía al municipio derivó en una investigación contra la viceintendenta de San Patricio del Chañar, Verónica González, y la concejal de esa localidad, Mónica Barrera.
La denuncia fue presentada por un grupo de concejales opositores a la gestión del intendente Gonzalo Núñez, quienes cuestionaron el procedimiento mediante el cual, según plantearon en el escrito, Barrera habría accedido a un terreno que había pertenecido al municipio.
De acuerdo con la denuncia, la supuesta "cesión" del terreno fue aprobada por el Concejo Deliberante de San Patricio del Chañar, organismo que tiene a González como titular en su condición de viceintendenta.
Los concejales denunciantes sostuvieron que el procedimiento utilizado para la operación no habría seguido el mecanismo habitual. La investigación busca determinar si existió alguna irregularidad en torno a la situación del predio y a la ordenanza aprobada por el Concejo.
Fuentes con acceso al expediente señalaron que el delito que se investiga es el de negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo, esta calificación todavía no está confirmada y deberá definirse cuando se concrete la acusación de la Fiscalía.
El abogado de Mónica Barrera, Mariano Mansilla, cuestionó la posible carátula de la investigación y rechazó que haya existido una maniobra irregular para beneficiar a su defendida.
Mansilla explicó que Barrera adquirió el terreno hace aproximadamente diez años, cuando, según su versión, el predio ya no pertenecía al municipio, sino a otra mujer a quien la comuna se lo había entregado inicialmente.
El abogado sostuvo además que Barrera pertenece a una familia conocida de El Chañar y que, después de varios años de actividad privada, ingresó a la política primero dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y posteriormente en Comunidad.

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Según explicó Mansilla, después del cambio de gestión producido en 2023 se presentó una ordenanza destinada a "intentar regularizar" la zona en la que se encuentra el terreno investigado.
Los concejales que impulsaron la denuncia interpretaron esa iniciativa como una maniobra irregular destinada a concretar la cesión del lote. La defensa, en cambio, sostiene que se trató de un proceso de regularización de una situación preexistente.
El abogado también señaló que la ordenanza que motivó las pesquisas todavía no fue promulgada, por lo que consideró que su efecto legal es limitado.
Mansilla aseguró que su clienta está dispuesta a colaborar con la investigación y manifestó que respetará el requerimiento de la Fiscalía.
"La defendemos judicial y políticamente", afirmó el abogado al referirse a la situación de Barrera.
El letrado también sostuvo que las acusaciones tienen un componente político y vinculó la presentación judicial con el resultado de la última elección en la localidad. Esa interpretación corresponde a la defensa y forma parte de sus argumentos frente a la investigación.
Según informó el medio local Chañar Digital, la Fiscalía ya ordenó la realización de allanamientos en dependencias municipales para buscar información relacionada con el expediente.
Hasta esa instancia, la investigación deberá determinar el alcance de las actuaciones denunciadas y la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados.
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