15 de septiembre de 2026
Legisladores opositores denunciaron ante el Ministerio Público Fiscal presuntas irregularidades en la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle y pidieron investigar decisiones administrativas y contractuales adoptadas por Raúl Jalil durante la obra.
Legisladores opositores denunciaron presuntas irregularidades en la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle de Catamarca que salpican al gobernador Raúl Jalil.
La presentación pone el foco en un Acuerdo Conciliatorio firmado en mayo de 2026, mediante el cual la Provincia aceptó que la empresa MEGA S.R.L. pagara $301 millones frente a una multa original de $1.963 millones. También cuestiona la liberación de garantías por $922 millones y reclama determinar si hubo un perjuicio para las arcas públicas de Catamarca.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal busca determinar si existieron irregularidades en el proceso de contratación, ejecución y rescisión del contrato correspondiente al Gasoducto Troncal Lavalle, una obra de infraestructura provincial impulsada durante la gestión del gobernador Raúl Jalil.
Los legisladores opositores solicitaron reconstruir la cadena de actos administrativos y contractuales, establecer quiénes participaron de las decisiones cuestionadas y determinar si las medidas adoptadas provocaron un perjuicio patrimonial para la Provincia de Catamarca.
Uno de los principales puntos de la presentación es el Acuerdo Conciliatorio firmado en mayo de 2026. Antes de ese convenio, la empresa MEGA S.R.L. había recibido una multa contractual de $1.963 millones por incumplimientos.
Sin embargo, según la denuncia, la Provincia terminó aceptando un pago de $301 millones, equivalente a poco más del 15% de la sanción originalmente aplicada.
El acuerdo también contempló la liberación de garantías por $922 millones, la renuncia a reclamar eventuales perjuicios y la modificación de antecedentes registrales relacionados con el incumplimiento atribuido a la empresa.
Los denunciantes pidieron establecer qué informes económicos, contables y jurídicos respaldaron esas decisiones y cuáles fueron los criterios utilizados para aceptar condiciones inferiores a las previstas inicialmente.
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Otro de los puntos incluidos en la denuncia está relacionado con los materiales adquiridos para la construcción del gasoducto. La Provincia de Catamarca había comprado por $1.827 millones unos 116 kilómetros de cañería de acero, destinados exclusivamente a la obra.
El proyecto quedó paralizado y sin terminar, por lo que la presentación judicial reclama una constatación física y un inventario urgente de los materiales almacenados en los distintos predios de acopio.
El objetivo de esa medida es determinar cuánto material fue incorporado efectivamente al Gasoducto Troncal Lavalle, cuánto permanece sin utilizar y cuál es su estado de conservación.
Además, los legisladores solicitaron preservar los expedientes administrativos y los registros del sistema de gestión documental electrónica vinculados con la obra.
La denuncia también solicita obtener documentación relacionada con el cumplimiento del Acuerdo Conciliatorio y con los fundamentos utilizados para otorgar las concesiones a la empresa.
A su vez, se requirieron pericias de ingeniería y peritajes contables para establecer si existió un perjuicio patrimonial para la Provincia y, eventualmente, determinar su monto.
La presentación busca reconstruir la secuencia completa de los hechos, identificar a los funcionarios y demás personas que participaron en las decisiones cuestionadas y determinar si las medidas adoptadas afectaron los recursos públicos de Catamarca.
La denuncia incorpora además un planteo institucional relacionado con la representación de los intereses provinciales. El Acuerdo Conciliatorio fue suscripto por el Fiscal de Estado en comisión, organismo que tiene entre sus funciones la defensa de los intereses patrimoniales de la Provincia.
A partir de esa situación, los denunciantes solicitaron que se adopten recaudos para garantizar una adecuada representación de Catamarca en caso de que la Provincia sea considerada damnificada en la investigación.
El escrito también plantea la necesidad de evitar un eventual conflicto de intereses durante el proceso judicial.
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Los legisladores remarcaron que la presentación no implica anticipar responsabilidades penales, sino que busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones cuestionadas.
"No se está anticipando culpables ni reemplazando a la Justicia. Se pide que se investigue por qué la Provincia resignó más de mil seiscientos millones de pesos de un crédito propio, liberó garantías y borró antecedentes de una empresa que había incumplido, y que se diga con qué informes se tomó esa decisión. Si esas razones existen, que se muestren. Y si no existen, que se determine quién decidió y por qué", sostiene la presentación.
La investigación solicitada deberá determinar, de acuerdo con el planteo de los denunciantes, si existieron razones documentadas que justificaran las condiciones establecidas en el acuerdo y si las decisiones adoptadas generaron un perjuicio para las arcas públicas provinciales.
El Gasoducto de Integración Lavalle Catamarca fue proyectado originalmente con una extensión de 125 kilómetros y tenía como objetivo interconectar el sistema de transporte de gas natural desde el este provincial hasta el Valle Central.
El presupuesto inicial de la obra superaba los $6.300 millones. El proyecto contemplaba la excavación y el tendido de la red, además de la adquisición de 116 kilómetros de cañerías de acero de 10 pulgadas de diámetro.
El objetivo de la obra era resolver las restricciones de suministro energético en la región y favorecer tanto el consumo residencial como el desarrollo productivo e industrial de Catamarca.
Sin embargo, según el texto de la denuncia, el desarrollo del proyecto quedó atravesado por controversias legales después de la rescisión del contrato en 2024 con la empresa constructora original y la posterior firma del Acuerdo Conciliatorio cuestionado.
La presentación incorpora un nuevo cuestionamiento sobre una obra pública de la gestión de Raúl Jalil y pone bajo análisis decisiones vinculadas con una multa contractual, garantías, materiales adquiridos y la rescisión del contrato del Gasoducto Troncal Lavalle.
Por ahora, el planteo de los legisladores consiste en que la Justicia investigue los actos administrativos y contractuales, determine quiénes intervinieron y establezca si existió un perjuicio patrimonial para la Provincia de Catamarca.
El eje de la denuncia estará puesto, particularmente, en determinar por qué se redujo la suma que debía pagar MEGA S.R.L., por qué se liberaron garantías y qué documentación respaldó las decisiones adoptadas en el Acuerdo Conciliatorio de mayo de 2026.
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