15 de septiembre de 2026

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País. El Tribunal de cuentas advierte a Cornejo por falta de control en la Oficina Técnica Previsional

La Oficina Técnica Previsional (OTP) de Mendoza acumula cinco ejercicios consecutivos con observaciones del Tribunal de Cuentas por no designar un responsable del inventario y no depurar bienes en desuso o extraviados. La irregularidad comenzó durante la gestión de Rodolfo Suárez y continuó bajo la administración de Alfredo Cornejo.

La Oficina Técnica Previsional del Gobierno de Mendoza lleva cinco ejercicios consecutivos sin cumplir de manera definitiva con una instrucción del Tribunal de Cuentas vinculada al control y depuración de sus bienes patrimoniales. Los fallos correspondientes a 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 reiteraron la necesidad de designar un encargado de inventario y regularizar los registros de bienes en desuso o extraviados.

La situación atraviesa dos administraciones provinciales. El incumplimiento comenzó durante el gobierno de Rodolfo Suárez y continuó durante la gestión de Alfredo Cornejo, sin que la OTP haya completado las medidas reclamadas por el organismo de control.

Tribunal de Cuentas: cinco ejercicios con la misma observación

En el análisis correspondiente al ejercicio 2024, el Tribunal de Cuentas de Mendoza ordenó avanzar con el traspaso de bienes entre las cuentas CUC 27 y CUC 31, además de disponer la baja de aquellos elementos que se encontraran en desuso o extraviados.

Sin embargo, la observación volvió a aparecer en el ejercicio 2025. Las autoridades de la Oficina Técnica Previsional todavía debían completar la depuración patrimonial y designar al funcionario responsable del inventario, una obligación contemplada por el decreto 1000/15.

La reiteración durante cinco ejercicios plantea un interrogante sobre los controles internos de un organismo público provincial: una instrucción formulada de manera sostenida por el órgano de control no logró traducirse, hasta el último ejercicio analizado, en una regularización definitiva.

La irregularidad comenzó con Suárez y continuó con Cornejo

El dato resulta particularmente relevante al analizar las responsabilidades políticas. La falta de regularización no nació durante la actual gestión de Alfredo Cornejo, ya que la primera de las observaciones mencionadas corresponde al ejercicio 2021, cuando Rodolfo Suárez estaba al frente del Gobierno de Mendoza.

Pero el problema tampoco fue resuelto con el regreso de Alfredo Cornejo a la Gobernación. Los ejercicios 2024 y 2025 volvieron a reflejar la necesidad de completar el inventario, depurar los bienes y designar formalmente al responsable correspondiente.

Por eso, más que una irregularidad atribuible exclusivamente a una administración, el caso exhibe una continuidad administrativa que atraviesa ambos gobiernos. La gestión de Cornejo recibió un problema que ya existía, pero tampoco consiguió cerrarlo durante los ejercicios posteriores.

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Jorge González, en el centro de las responsabilidades del ejercicio 2025

El último fallo del Tribunal de Cuentas identifica como responsables al coordinador ejecutivo y al contador habilitado de la Oficina Técnica Previsional.

Durante el ejercicio 2025, la conducción del organismo estaba a cargo de Jorge Daniel Eduardo González, quien había sido designado en 2020. Su renuncia fue aceptada a partir del 1 de agosto de 2026 mediante un decreto firmado por Alfredo Cornejo.

La salida de González se produjo en el mismo mes en que el organismo de control volvió a advertir sobre la falta de regularización del inventario. Con su salida, la tarea de completar la depuración patrimonial y ordenar los registros quedó en manos de las nuevas autoridades de la OTP.

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La Oficina Técnica Previsional de Mendoza acumula cinco ejercicios con observaciones vinculadas al control de sus bienes y advirtió a la administración de Alfredo Cornejo.

Los anticipos para jubilaciones y pensiones también fueron observados

La auditoría del Tribunal de Cuentas volvió a reclamar además una correcta registración de las cuentas por cobrar correspondientes a anticipos otorgados para jubilaciones y pensiones de policías y penitenciarios.

En este punto, los documentos públicos analizados no precisan cuánto dinero permanece pendiente de recuperación. Tampoco informan cuál es el valor económico de los bienes que figuran como extraviados.

La ausencia de esos montos impide establecer, a partir de la documentación pública disponible, cuál es la dimensión económica concreta de las observaciones patrimoniales.

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Una aprobación de cuentas que deja una pregunta abierta

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que, pese a la reiteración de las observaciones, el Tribunal de Cuentas aprobó las rendiciones correspondientes, liberó de cargo a los funcionarios intervinientes y calificó los informes generales como "sin observaciones".

Tampoco aplicó multas ni determinó la existencia de un perjuicio patrimonial.

La situación genera una contradicción institucional evidente: la Oficina Técnica Previsional recibió durante cinco ejercicios la indicación de completar tareas básicas vinculadas con el inventario y la registración de bienes, pero las rendiciones fueron aprobadas sin que se determinara un daño patrimonial ni se aplicaran sanciones.

Qué queda pendiente en la Oficina Técnica Previsional de Mendoza

Después de cinco ejercicios con observaciones similares, las nuevas autoridades deberán completar el proceso de depuración de los registros patrimoniales, avanzar con las bajas correspondientes y designar al responsable del inventario exigido por la normativa.

El caso deja expuesta una deuda de gestión que atravesó los gobiernos de Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo. Para la actual administración mendocina, el desafío ya no consiste solamente en explicar por qué la irregularidad comenzó bajo un gobierno anterior, sino en resolver una situación que continuó durante su propia gestión.

La documentación disponible no permite afirmar que exista un perjuicio patrimonial ni cuantificar el valor de los bienes extraviados. Sí permite establecer que durante cinco ejercicios consecutivos persistió una observación relacionada con el control de los bienes públicos y que, hasta el último ejercicio analizado, las medidas ordenadas no habían sido completadas.

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