15 de septiembre de 2026
La decisión del Gobierno de Claudio Vidal de clausurar preventivamente ocho sectores de Cerro Negro, una de las principales minas de oro de Argentina, provocó la interrupción de la operación de la compañía Newmont que emplea alrededor de unas 1.200 personas en la Provincia.
Para la administración de Claudio Vidal, cada semana sin producción representa unas 3.900 onzas de oro y cerca de US$13 millones de facturación bruta postergada.
La clausura preventiva de ocho sectores de Cerro Negro, el yacimiento de oro operado por Newmont en Santa Cruz, derivó en la interrupción de la operación y en el retiro de personal del campamento. La medida fue adoptada por el Gobierno de Claudio Vidal luego de una inspección en la que se detectaron, según la Secretaría de Trabajo provincial, distintas irregularidades vinculadas con la seguridad.
El secretario de Trabajo, Javier Aravena, sostuvo que se encontraron "irregularidades graves para la seguridad de los trabajadores". Entre las observaciones mencionadas oficialmente aparecen vehículos sin documentación, fallas en equipos utilizados para ingresar a la mina subterránea y un camión que trasladaba combustible a 300 metros de profundidad sin la revisión obligatoria.
La Provincia condicionó una eventual reactivación a la "remediación efectiva de las observaciones". Por el momento, no se informó cuánto tiempo permanecerá interrumpida la operación.
Según la comunicación oficial del área de Trabajo, durante la inspección se detectaron distintas situaciones que motivaron el cese preventivo de actividades en ocho sectores de Cerro Negro.
Entre las irregularidades señaladas figuran "vehículos sin documentación", fallas en los equipos utilizados para acceder a la mina subterránea y un camión que transportaba combustible a 300 metros de profundidad "sin la revisión obligatoria".
La respuesta de Newmont fue interrumpir la operación y comenzar a retirar personal del campamento. La compañía consideró que las medidas adoptadas afectaban servicios esenciales para el funcionamiento del yacimiento, entre ellos el abastecimiento de combustible, los camiones atmosféricos y otros vehículos de apoyo.
La paralización, por lo tanto, no se produjo por una decisión de la empresa desvinculada del conflicto, sino luego de las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno de Santa Cruz.
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El principal punto de preocupación para Santa Cruz es el peso económico que tiene Cerro Negro. La mina comenzó su producción comercial en 2014 y durante 2025 produjo alrededor de 202.000 onzas de oro y generó ingresos por unos US$691 millones, según los datos difundidos sobre la operación.
El yacimiento emplea aproximadamente a 1.200 personas y mantiene una red de contratistas y proveedores vinculados con Perito Moreno y otras localidades santacruceñas.
Tomando como referencia la producción de 2025, cada semana sin actividad representa unas 3.900 onzas de oro que dejan de producirse y alrededor de US$13 millones de facturación bruta postergada.
La propia Secretaría de Minería reconoció que la paralización puede afectar tanto la producción como los ingresos de la provincia, aunque aclaró que el impacto dependerá del tiempo que se prolongue la situación.
La mina produjo unas 202.000 onzas de oro durante 2025 y generó ingresos por aproximadamente US$691 millones.
La dimensión de la pérdida no se limita al volumen de oro que deja de producirse. Cerro Negro es una operación de gran importancia para las exportaciones mineras y para la actividad económica vinculada al yacimiento.
En ese contexto, la decisión de Claudio Vidal tiene un costo económico potencial para la provincia que aumenta con cada semana de paralización. La propia administración santacruceña admitió que el conflicto puede repercutir sobre sus ingresos.
El problema adquiere mayor relevancia porque la interrupción se produce cuando Newmont tiene en marcha un ambicioso programa de expansión. La compañía anunció inversiones por US$800 millones para ampliar Cerro Negro Expansión 1 y extender la vida útil del complejo más allá de 2035.
Además, la empresa presentó una nueva etapa de explotación a cielo abierto que demandará una inversión superior a US$60 millones y permitirá incorporar alrededor de 100 puestos de trabajo.
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El conflicto también tiene una dimensión laboral. A fines de agosto, Claudio Vidal mantuvo una reunión con los gremios AOMA, ASIMRA, UOCRA, Camioneros y UPSAP, que reclamaron una mayor contratación de trabajadores de la provincia.
La legislación vigente establece que el 90% del personal contratado debe tener residencia en Santa Cruz. El empleo local quedó así en el centro de la discusión junto con las condiciones de seguridad y los controles sobre las empresas contratistas.
El Gobierno provincial vinculó además las observaciones realizadas durante las inspecciones con el ingreso de trabajadores provenientes de otras jurisdicciones y con la defensa de los puestos de trabajo santacruceños.
La cuestión laboral, por lo tanto, constituye uno de los ejes de la disputa entre la administración de Vidal y Newmont.
La decisión de clausurar sectores de Cerro Negro puede ser defendida por el Gobierno provincial desde el argumento de garantizar la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el costo económico de interrumpir una de las principales operaciones de oro de Argentina también recae sobre Santa Cruz.
No se trata solamente de una discusión entre el Estado provincial y una empresa minera. La operación genera producción, exportaciones, empleo y actividad para una red de contratistas y proveedores. Por eso, una paralización prolongada podría ampliar el impacto económico de la medida.
El desafío para Claudio Vidal pasa ahora por conseguir que los controles y las exigencias de seguridad se traduzcan en correcciones concretas sin prolongar innecesariamente una interrupción que afecta a una operación estratégica para los ingresos y la actividad económica provincial.
El conflicto ocurre además cuando Cerro Negro atraviesa una etapa de expansión. En 2025 produjo unas 202.000 onzas de oro y registró ingresos por aproximadamente US$691 millones. Para 2026, Newmont proyecta una producción cercana a las 220.000 onzas.
La compañía estadounidense también avanza con inversiones para extender la vida útil del complejo y sumar nuevas áreas de explotación. La paralización, por lo tanto, llega en un momento de expansión productiva y de nuevas inversiones en Santa Cruz.
El desenlace del conflicto entre el Gobierno de Claudio Vidal y Newmont determinará si las medidas adoptadas terminan en una corrección de las condiciones observadas o si derivan en una interrupción prolongada de una de las operaciones mineras más importantes de la provincia.
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