18 de septiembre de 2026
Las escuelas de Fiambalá, Catamarca, atraviesan dificultades para sostener los comedores por la falta de recursos. Algunas instituciones acumulan deudas de entre $2 y $5 millones con comercios y las familias reclaman respuestas al Ministerio de Educación y al Gobierno de Raúl Jalil.
Familias de Fiambalá reclaman al Gobierno de Raúl Jalil por la falta de recursos para sostener los comedores escolares.
La falta de recursos para los comedores escolares de Fiambalá generó un fuerte reclamo de padres, tutores y comunidades educativas al Gobierno de Raúl Jalil. Según información difundida por Multimedios Abaucán, varias escuelas acumulan deudas de entre $2 millones y $5 millones con comercios proveedores de alimentos, mientras las instituciones advierten dificultades para garantizar la comida de los estudiantes.
La situación adquiere especial relevancia en las escuelas rurales del norte de Fiambalá, donde, según las comunidades educativas, concurren alumnos de familias de bajos recursos y el comedor representa una asistencia alimentaria fundamental.
De acuerdo con la información difundida por Multimedios Abaucán, distintas instituciones quedaron sin las partidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de sus comedores desde los últimos días de la semana pasada.
La falta de fondos llevó a algunas escuelas a recurrir al crédito de comercios locales para continuar comprando alimentos. Según los planteos de las comunidades educativas, esas compras generaron deudas que en algunos establecimientos se ubican entre $2 millones y $5 millones.
El problema tiene una dimensión particular en las escuelas rurales, donde las familias señalan que muchos estudiantes dependen de la alimentación que reciben durante la jornada escolar.
Uno de los reclamos formales surgió en la Escuela Provincial N° 224 "Provincia de Entre Ríos", donde padres y tutores se autoconvocaron y presentaron el 14 de septiembre una nota dirigida a la vicedirectora a cargo, profesora Anabel Olivero.
Las familias solicitaron que la situación sea comunicada al Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), organismo encargado de los programas vinculados con la alimentación escolar, y reclamaron una solución para las deudas contraídas por la institución.
En la nota, las familias expresaron: "Nos vemos en la obligación de rogar su intervención para el pago de las deudas contraídas debido a la necesidad imperiosa de dar contención al alumnado".
Además, reclamaron que las partidas destinadas a los comedores sean enviadas en tiempo y forma para poder cumplir con lo previsto para el ciclo lectivo 2026 y evitar que las escuelas vuelvan a quedar comprometidas financieramente.
Otro de los cuestionamientos de las comunidades educativas está relacionado con el modo en que se calculan las partidas para la alimentación escolar.
Según plantean las instituciones, los recursos tomarían como referencia precios de comercios mayoristas de la Capital de Catamarca, sin contemplar los costos adicionales de transporte y logística que deben afrontar las escuelas ubicadas en el oeste provincial y, especialmente, en las zonas rurales.
De acuerdo con esos reclamos, las diferencias de precios pueden superar el 100% y llegar hasta el 150% en algunos productos. Esa brecha, sostienen, hace que las partidas resulten insuficientes frente a los costos reales que deben afrontar las instituciones.
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A la falta de recursos se suma el cambio de modalidad de varias instituciones educativas, que pasaron de jornada simple a jornada completa.
Los alumnos permanecen en las escuelas desde las 08:00 hasta las 16:00, lo que implica mayores necesidades de alimentación durante la permanencia en los establecimientos. Las comunidades educativas cuestionan que las partidas no hayan sido adecuadas a las necesidades de esta modalidad.
Ante la falta de recursos, los directivos deben recurrir al crédito de comercios locales o buscar alternativas para garantizar diariamente la alimentación de los estudiantes.
El planteo de las familias apunta, de este modo, al Ministerio de Educación de Catamarca y al Gobierno provincial para que intervengan ante la falta de fondos y las deudas acumuladas.
En paralelo al reclamo por los comedores de Fiambalá, el sistema educativo catamarqueño atraviesa otra controversia vinculada con presuntas irregularidades en la emisión de títulos docentes del IES Clara J. Armstrong.
El Ministerio de Educación y Trabajo informó que detectó 35 títulos con inconsistencias correspondientes a distintas carreras de formación docente de los ciclos 2024 y 2025. La investigación surgió a partir del cotejo entre la información registrada en el sistema oficial de emisión digital y la documentación académica del instituto.
Entre las observaciones oficiales aparecen datos incompletos o contradictorios, discrepancias entre registros digitales y documentación física y copias presuntamente apócrifas o duplicadas de actas. El Ministerio puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal y dispuso la normalización administrativa, pedagógica e institucional del establecimiento.
El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) pidió avanzar con una investigación más amplia y solicitó auditar los 17 Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia. El gremio también se presentó ante la Justicia para constituirse como querellante en la causa.
En septiembre, la Justicia habilitó al SIDCA a intervenir como querellante particular en la investigación. El juez de Control de Garantías Marcelo Sago revocó el rechazo inicial de la Fiscalía y permitió al sindicato participar en el expediente, aportar pruebas y solicitar medidas.
La investigación continúa abierta y busca determinar qué ocurrió, quiénes intervinieron y el alcance de las irregularidades detectadas. Hasta el momento, los 35 títulos con inconsistencias corresponden al registro oficial informado por el Ministerio, mientras que el gremio reclama ampliar la auditoría a otros institutos y determinar si existen más casos.
Los problemas planteados en Fiambalá y la investigación sobre títulos docentes corresponden a situaciones diferentes, pero ambos colocan al sistema educativo provincial frente a reclamos de intervención y mayores controles.
En el caso de los comedores, las familias reclaman al Gobierno de Raúl Jalil recursos suficientes y el pago de las deudas que las escuelas contrajeron para garantizar la alimentación de los alumnos. En el caso de los títulos, el Ministerio de Educación ya inició actuaciones administrativas y judiciales, mientras el SIDCA reclama ampliar las auditorías.
La respuesta de las autoridades provinciales ante ambos reclamos será seguida de cerca por las comunidades educativas involucradas.
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