18 de septiembre de 2026
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, envió a la Legislatura un proyecto para establecer un régimen de intangibilidad salarial para jueces y funcionarios del Poder Judicial en línea con la media nacional. El diputado opositor Santiago Pérez Pons cuestionó la iniciativa y la vinculó con otros conflictos judiciales y salariales de la provincia.
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en el centro de las críticas tras el envío de un proyecto para beneficiar el salario de los jueces.
El proyecto de ley enviado por el gobernador Leandro Zdero a la Cámara de Diputados de Chaco para establecer un régimen de intangibilidad salarial para jueces y funcionarios del Poder Judicial generó cuestionamientos de la oposición. El diputado provincial y exministro de Economía Santiago Pérez Pons advirtió que la iniciativa podría terminar funcionando como una protección judicial para funcionarios y dirigentes oficialistas.
Pérez Pons cuestionó además que el Ejecutivo chaqueño plantee una recomposición para magistrados mientras, según denunció, mantiene restricciones salariales para otros trabajadores estatales. A su entender, el proyecto podría generar un "desenganche" de los empleados judiciales y de otros organismos cuyos salarios están equiparados, con el riesgo de nuevos litigios contra la provincia.
El proyecto impulsado por Leandro Zdero plantea establecer un régimen de intangibilidad salarial para integrantes del Poder Judicial de Chaco, con una referencia vinculada a la media nacional.
La iniciativa fue cuestionada por Pérez Pons, quien puso el foco en la diferencia entre el tratamiento salarial previsto para magistrados y la situación de otros trabajadores estatales chaqueños.
El legislador opositor sostuvo que la propuesta podría generar un esquema diferenciado para los empleados judiciales y para organismos que tengan remuneraciones equiparadas. Según su planteo, ese escenario podría derivar en nuevas presentaciones judiciales contra la provincia.
En ese marco, Pérez Pons vinculó su cuestionamiento con la investigación relacionada con operaciones financieras realizadas por la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, cuyo intendente es Bruno Cipolini, dirigente de la UCR y aliado político de Zdero.
La denuncia había sido presentada por Pérez Pons y estaba relacionada con inversiones financieras realizadas por el municipio a través de la Bolsa de Comercio del Chaco. La Fiscalía de Investigación Penal N.º 4 de Sáenz Peña resolvió el 15 de septiembre archivar las actuaciones contra Cipolini al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal.
Los fiscales Gustavo Rafael Valero y Andrea Verónica Bastos también solicitaron el sobreseimiento de Diego Landriscina. Según los fundamentos difundidos, la Fiscalía consideró que las operaciones no provocaron un perjuicio patrimonial al municipio y que se encontraban dentro de las facultades administrativas del intendente.
Pérez Pons anunció que se opondrá al archivo y cuestionó la actuación de la Fiscalía. "Nos vamos a oponer a cualquier intento de archivar la causa respecto de Bruno Cipolini", afirmó, y sostuvo que existen elementos para continuar con la investigación.
El diputado también relacionó sus cuestionamientos con una contratación por $34.000 millones vinculada a la modernización de la Administración Tributaria Provincial (ATP).
Según expuso Pérez Pons, una consultora había recibido previamente $1.800 millones por un informe y el procedimiento posterior podía favorecer al mismo grupo. El legislador afirmó que las denuncias realizadas desde la oposición habían frenado la adjudicación.
En ese contexto, lanzó una advertencia dirigida a los funcionarios involucrados: "Entonces necesitan saber que, si adjudican, después alguien los va a proteger".
La afirmación forma parte del planteo político realizado por Pérez Pons y no constituye, por sí misma, una conclusión judicial sobre la contratación ni sobre la existencia de una protección para funcionarios.
El debate sobre los salarios en Chaco se produce además después de una resolución judicial que ordenó al Gobierno de Leandro Zdero retomar la negociación colectiva con los trabajadores estatales.
El Juzgado Laboral N.º 1, a cargo del juez Sergio Andrés Bosch, hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por ATE Chaco junto con otros gremios y dispuso la reapertura de las negociaciones paritarias. La resolución fue emitida el 2 de septiembre.
El fallo estableció que el Ejecutivo provincial deberá convocar a la mesa de negociación dentro de 15 días hábiles, mientras que las reuniones deberán comenzar dentro de los 40 días posteriores a la firma del acta que establezca la fecha de inicio. El incumplimiento de esos plazos será considerado una conducta temeraria frente a la negociación colectiva y podrá ser valorado al momento de dictarse la sentencia definitiva.
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Leandro Zdero envió a la Legislatura chaqueña un proyecto para establecer un régimen de intangibilidad salarial para jueces y funcionarios judiciales.
La agenda de la negociación no estará limitada a los salarios. Entre los puntos planteados figuran la actualización salarial, el pago y actualización de bonificaciones correspondientes al escalafón general y la regularización de instrumentos vinculados al Decreto 3639/2023.
También deberán abordarse mecanismos para promociones y ascensos dentro de la carrera horizontal y la renegociación de la reglamentación y vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo.
El temario incluye además cuestiones relacionadas con las condiciones laborales, como identificación de riesgos, controles médicos periódicos, planes de evacuación, prevención de la violencia laboral y capacitación para los trabajadores estatales.
El proyecto de intangibilidad salarial para jueces y funcionarios judiciales, los cuestionamientos de Pérez Pons por la situación de los trabajadores estatales y la orden judicial para reabrir las paritarias conforman tres episodios que atraviesan actualmente la discusión salarial y política en Chaco.
Para Pérez Pons, el tratamiento diferencial de los salarios judiciales debe analizarse junto con la situación de los demás empleados públicos y con los conflictos judiciales que involucran a dirigentes vinculados al oficialismo.
La resolución sobre las paritarias, en tanto, establece obligaciones concretas para el Ejecutivo provincial, mientras que el archivo de la denuncia contra Cipolini constituye una decisión de la Fiscalía que el diputado opositor anticipó que buscará revertir.
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