País. Gremios judiciales se enfrentan a Zdero y paran por 48 horas

La Intergremial Judicial del Chaco anunció un nuevo plan de lucha para esta semana en rechazo al proyecto de Ley 2141/26, enviado por el gobernador Leandro Zdero a la Legislatura provincial. La iniciativa establece un régimen de intangibilidad salarial para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y es cuestionada por los gremios porque, según sostienen, podría modificar el esquema de porcentualidad vigente para el resto de los trabajadores judiciales.

La primera medida será el jueves 24 de septiembre desde las 10:30, con retiro de los lugares de trabajo y movilización. La concentración central tendrá lugar frente a las Torres Civiles de Resistencia, mientras que en las localidades del interior se realizarán manifestaciones frente a las dependencias judiciales. El viernes 25 habrá un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en todo el Poder Judicial provincial.

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La Intergremial explicó que las medidas de fuerza fueron convocadas después de agotar, según su posición, las instancias administrativas y políticas frente al proyecto oficial. Los sindicatos sostienen que la iniciativa altera las remuneraciones establecidas por la Ley de Porcentualidad 468-A, que regula la estructura salarial del Poder Judicial.

En un comunicado, los gremios afirmaron que el proyecto genera un "conflicto de derecho" y que afecta derechos adquiridos y la intangibilidad de las remuneraciones de quienes integran el Poder Judicial.

El reclamo sindical también fue llevado a la Cámara de Diputados de Chaco. Durante las últimas semanas, representantes de la Intergremial se reunieron con bloques opositores y entregaron documentación con sus cuestionamientos jurídicos al proyecto. Además, reclamaron ser recibidos por el oficialismo.

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El reclamo por la Ley 468-A y el proyecto de intangibilidad

Uno de los principales pedidos de los trabajadores judiciales es el rechazo y archivo del proyecto 2141/26. La Intergremial vincula la iniciativa con actuaciones producidas en la causa "Alonso de Martina" y cuestiona que magistrados y funcionarios judiciales hayan intervenido en decisiones relacionadas con la creación de un adicional por intangibilidad.

Los gremios sostienen que esa situación vulneraría el principio de imparcialidad y afectaría el sistema salarial establecido por la Ley 468-A. Estos cuestionamientos forman parte de la posición de la Intergremial y fueron presentados ante la Legislatura provincial.

Además, la organización reclama que la Legislatura investigue el planteo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad que presentó respecto de la actuación del Tribunal Ad-Hoc y de los funcionarios involucrados.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, enfrenta un fuerte rechazo por el envío del proyecto de Intangibilidad salarial en la Legislatura chaqueña.

Qué reclaman los trabajadores judiciales de Chaco

El tercer eje del reclamo está relacionado con la Ley 3424-A. Los gremios exigen la reglamentación y aplicación inmediata de su artículo 9°, para calcular e incorporar de manera gradual la diferencia entre la remuneración correspondiente al cargo testigo de Juez de Cámara de Chaco y la media nacional para el conjunto de los trabajadores judiciales.

La discusión salarial se suma así al conflicto generado por el proyecto de intangibilidad, que los sindicatos consideran que podría producir un "desenganche" entre los salarios de magistrados y los del resto del personal judicial.

En septiembre, la Asociación Judicial del Chaco ya había realizado un paro de 24 horas contra el proyecto y sostuvo que la medida buscaba defender la estructura salarial contemplada por las leyes 3424-A y 468-A.

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Santiago Pérez Pons cuestionó el proyecto de Leandro Zdero

El conflicto también generó cuestionamientos en la Legislatura chaqueña. El diputado provincial y exministro de Economía Santiago Pérez Pons sostuvo que el proyecto impulsado por Zdero podría servir, según su interpretación, para brindar protección judicial a funcionarios y dirigentes oficialistas.

Pérez Pons cuestionó que el Ejecutivo provincial proponga una recomposición para magistrados mientras, según denunció, mantiene restricciones salariales para otros trabajadores estatales. También advirtió que la iniciativa podría generar un "desenganche" de los empleados judiciales y de organismos cuyos salarios están vinculados al mismo esquema, con la posibilidad de nuevos litigios contra la provincia.

El legislador vinculó su planteo con la investigación sobre operaciones financieras de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, cuyo intendente es Bruno Cipolini, dirigente de la UCR y aliado político de Zdero.

La causa contra Bruno Cipolini y la advertencia del diputado

Según la información publicada sobre el caso, la Fiscalía de Investigación Penal N.º 4 de Sáenz Peña resolvió archivar la denuncia presentada contra Cipolini al considerar que los hechos denunciados no constituían un delito. Pérez Pons cuestionó esa decisión y anunció que buscará revertir el archivo.

El diputado también vinculó sus cuestionamientos con una contratación por $34.000 millones para modernizar la Administración Tributaria Provincial (ATP). Según expuso, una consultora había recibido previamente $1.800 millones por un informe y sostuvo que el procedimiento posterior podía favorecer al mismo grupo.

En ese contexto, Pérez Pons afirmó: "Entonces necesitan saber que, si adjudican, después alguien los va a proteger".

La acusación de un eventual "blindaje judicial" corresponde al planteo realizado por el diputado y no constituye una conclusión judicial sobre el proyecto salarial, la contratación de la ATP ni las causas mencionadas. La discusión sobre la intangibilidad salarial continúa, mientras los gremios preparan nuevas medidas de fuerza para el 24 y 25 de septiembre.