21 de septiembre de 2026
El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar en la organización y ejecución del atentado contra la AMIA. La resolución fue dictada bajo el régimen de juicio en ausencia y contempla embargos de US$500 millones para cada acusado.
El atentado contra la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 y dejó 85 muertos y 151 heridos.
El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de intervenir en la organización y ejecución del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. La resolución, de más de 600 páginas, fue dictada bajo el régimen de juicio en ausencia establecido por la Ley 27.784, debido a que los acusados permanecen prófugos en el extranjero.
Además de los procesamientos, Rafecas dispuso embargos por US$500 millones para cada uno de los ocho acusados. La resolución atribuye distintos grados de responsabilidad a exfuncionarios del régimen iraní, integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní, un exembajador de Irán en Argentina y un integrante de Hezbollah.
Rafecas procesó como autores mediatos a Ali Fallahijan, entonces ministro de Inteligencia iraní; Ali Velayati, quien ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, entonces comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds.
Como cómplices necesarios fueron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada iraní, y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también identificado como Samuel El Reda, agente libanés de Hezbollah. Según la resolución, Rafecas le atribuyó la coordinación de la etapa final del atentado.
De acuerdo con la reconstrucción incluida en el fallo, la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas instancias del régimen iraní y posteriormente encomendada a Hezbollah.
La resolución sostiene que la organización de la operación se realizó mediante una red de apoyo regional y local con base en la Triple Frontera.
El fallo también reconstruye la preparación del vehículo utilizado para ejecutar el ataque. Según el magistrado, los responsables compraron una Renault Trafic el 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kilos de amonal y TNT.
El vehículo fue utilizado el 18 de julio de 1994 para perpetrar el atentado contra la sede de la AMIA, que provocó 85 muertes, 151 heridos y graves daños materiales.
Los hechos fueron considerados como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de causar peligro común.
La resolución también incluyó el delito de daño agravado por motivos discriminatorios.
Además, Rafecas calificó el atentado contra la AMIA como un crimen de lesa humanidad y lo encuadró también en la figura de genocidio, en los términos del Derecho internacional.
En enero de 2026, el Gobierno argentino había incorporado a la Fuerza Quds y a individuos vinculados con esa estructura al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. En ese comunicado oficial también se mencionó a Ahmad Vahidi por su vinculación con la investigación del atentado a la AMIA.
Rafecas dictó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar.
La resolución tampoco trató la situación del líder supremo iraní Alí Khamenei, del líder de Hezbollah Imad Mughniyeh ni de Ali Hussein Abdallah, debido a que, según el fallo, los tres fallecieron en 2026, 2008 y 2020, respectivamente.
La Justicia argentina mantiene desde hace años distintas líneas de investigación vinculadas con el atentado y con las personas señaladas por su presunta participación. El Poder Judicial también continúa administrando documentación vinculada a la causa AMIA y su investigación.
La resolución de Rafecas podrá ser apelada por la Defensa Oficial. Si los procesamientos quedan confirmados por las instancias superiores, el juzgado deberá correr vista a las partes para avanzar hacia un eventual juicio oral y público bajo el régimen de juicio en ausencia.
El nuevo escenario judicial abre una instancia procesal para avanzar contra acusados que permanecen fuera del país y que, según la resolución, no se encuentran a disposición de la Justicia argentina.
El atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, dejó 85 personas asesinadas y más de un centenar de heridos. La causa continúa siendo uno de los principales procesos judiciales vinculados con terrorismo internacional investigados por la Justicia argentina.
La otra cara del poder.
Noticias sin filtro de Argentina y el mundo. Política, escándalos,
economía, sociedad y redes. Leé lo que otros callan.
©
2026 | Mundo Poder |
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario