28 de septiembre de 2026
La jueza federal Jia M. Cobb autorizó a Titan Consortium 1 LLC a avanzar con pedidos de embargo y ejecución de activos argentinos en Estados Unidos para cobrar una sentencia de US$390,9 millones más intereses, vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La medida no implica, por ahora, el embargo de ningún bien específico.
La jueza federal Jia M. Cobb autorizó a Titan Consortium a avanzar con pedidos de ejecución sobre activos argentinos.
La Justicia de Estados Unidos autorizó a Titan Consortium 1 LLC a avanzar con las acciones necesarias para buscar y eventualmente ejecutar activos argentinos sobre los que pueda solicitar medidas de embargo para cobrar una sentencia de US$390.907.115,55 más intereses, originada en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
La decisión fue tomada el viernes 25 de septiembre de 2026 por Jia M. Cobb, jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El tribunal consideró que ya había transcurrido un período razonable desde que se dictó la sentencia a favor de Titan.
La resolución, sin embargo, no ordena el embargo de un activo determinado. Lo que hace es habilitar al fondo a avanzar con los mecanismos de attachment o execution previstos por la legislación estadounidense para intentar cobrar el monto reconocido judicialmente.
La jueza Cobb sostuvo que habían transcurrido 21 meses desde la sentencia dictada en diciembre de 2024, cuando el tribunal estadounidense confirmó el laudo arbitral y estableció una condena contra la Argentina por US$390.907.115,55, además de los intereses posteriores al fallo.
La resolución señala que, en casos anteriores, los tribunales del Distrito de Columbia consideraron que un período de aproximadamente tres meses puede resultar suficiente para cumplir con el requisito de un "plazo razonable" antes de permitir una ejecución contra bienes de un Estado extranjero.
En el expediente analizado por Cobb, además, el tribunal indicó que no había evidencia de que la Argentina hubiera realizado un intento de pagar la sentencia. Por esos motivos, consideró cumplido el requisito establecido por la legislación estadounidense sobre inmunidad de los Estados extranjeros.
La autorización se otorgó en el marco del Foreign Sovereign Immunities Act, la normativa estadounidense que establece las condiciones bajo las cuales determinados bienes de Estados extranjeros pueden quedar sujetos a medidas de embargo o ejecución.
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El conflicto se remonta a 2008, cuando la Argentina expropió Aerolíneas Argentinas y Austral, que estaban bajo control del grupo español Marsans.
El reclamo fue llevado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por las sociedades españolas Teinver, Transportes de Cercanías y Autobuses Urbanos del Sur. El tribunal arbitral dictó su laudo el 21 de julio de 2017 y estableció una compensación de más de US$320 millones, además de costos e intereses.
La Argentina pidió posteriormente la anulación del laudo. Sin embargo, el comité de anulación del CIADI emitió su decisión en mayo de 2019 y mantuvo el resultado del arbitraje, además de establecer una suma adicional por los costos de ese procedimiento.
Los derechos sobre ese laudo fueron posteriormente transferidos a Titan Consortium 1 LLC, que en agosto de 2021 inició el procedimiento ante los tribunales estadounidenses para obtener su reconocimiento y ejecución.
Titan Consortium busca cobrar una sentencia de US$390,9 millones más intereses vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La discusión en Estados Unidos se centró posteriormente en el plazo que tenía Titan para solicitar el reconocimiento judicial del laudo.
La Argentina sostuvo que debía aplicarse un plazo de prescripción de tres años. Titan argumentó, en cambio, que correspondía aplicar el plazo de 12 años previsto por la legislación del Distrito de Columbia para la ejecución de determinadas sentencias dinerarias.
En diciembre de 2024, el Tribunal de Distrito rechazó el planteo argentino, confirmó el laudo y estableció la sentencia por US$390.907.115,55, más los intereses correspondientes.
La Argentina apeló esa decisión. El 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó el criterio de primera instancia y concluyó que el plazo de 12 años era el aplicable para la ejecución del laudo bajo la legislación local.
Con esa decisión, el proceso quedó habilitado para avanzar hacia la etapa de ejecución.
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La resolución de la jueza Cobb no identifica ningún activo argentino específico que pueda ser embargado.
De hecho, el tribunal estableció expresamente que Titan no necesitaba identificar en esta instancia los bienes concretos sobre los que pretende ejecutar la sentencia. La legislación y los precedentes citados por la jueza permiten que una orden de este tipo sea emitida antes de que el acreedor haya identificado o solicitado la ejecución sobre un activo determinado.
Por lo tanto, el siguiente paso será que Titan Consortium avance con la identificación de bienes argentinos que eventualmente puedan quedar alcanzados por las excepciones a la inmunidad soberana previstas en la legislación estadounidense.
Esto significa que todavía no existe un embargo concreto sobre un activo argentino como consecuencia de esta resolución. La decisión judicial habilita el camino para que el fondo pueda solicitar esas medidas posteriormente.
El expediente tiene además un antecedente reciente vinculado con activos argentinos en Estados Unidos. En mayo de 2026, Titan Consortium intentó establecer prioridad sobre los colaterales de los Bonos Brady depositados en la Reserva Federal de Nueva York, en una disputa que también involucró los intereses de otros acreedores de la Argentina.
Ese antecedente muestra que la búsqueda de activos argentinos en el exterior ya forma parte de la estrategia judicial del fondo para intentar hacer efectivo el cobro de la sentencia.
La nueva autorización de la Justicia estadounidense amplía ahora el margen procesal de Titan para avanzar con pedidos de ejecución sobre bienes que eventualmente puedan quedar comprendidos por las excepciones previstas en la legislación estadounidense.
La resolución de Jia M. Cobb abre una nueva etapa del litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, pero no supone por sí misma la pérdida o embargo inmediato de un activo estatal argentino.
El dato central es que Titan Consortium ya cuenta con una sentencia reconocida y confirmada por los tribunales estadounidenses y ahora recibió autorización para avanzar con la búsqueda y eventual ejecución de activos que puedan ser alcanzados legalmente.
El proceso continuará, por lo tanto, con la identificación de esos bienes y con eventuales pedidos específicos de embargo o ejecución ante la Justicia de Estados Unidos.
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