2 de octubre de 2026
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal contra la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo, el subsecretario de Hidrocarburos Horacio Federico Veller y representantes de Harbour Energy Argentina. La presentación cuestiona autorizaciones vinculadas con la compañía y el ingreso al RIGI del proyecto Southern Energy.
María del Carmen Tettamanti, actual secretaria de Energía, en el ojo de la tormenta tras la denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La Secretaría de Energía quedó en el centro de una denuncia penal presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra funcionarios del área y representantes de Harbour Energy Argentina. La causa, radicada en el Juzgado Federal N°11, actualmente subrogado por Ariel Lijo, investiga presuntas irregularidades vinculadas con las autorizaciones otorgadas a la compañía y con su participación en el proyecto Southern Energy, incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El expediente fue asignado por sorteo el 29 de septiembre y tramita bajo el número CFP 4810/2026. Entre los denunciados aparecen la actual secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller; Harbour Energy Argentina y Tomás Lanardonne.
La presentación menciona posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Sin embargo, la causa permanece bajo reserva y se encuentra en una etapa inicial: la denuncia no implica por sí misma que los delitos hayan sido comprobados.
Uno de los principales puntos de la presentación está relacionado con las autorizaciones que recibió Harbour Energy y con su participación en Southern Energy, el proyecto de exportación de gas natural licuado que comparte con Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar.
Harbour Energy posee el 15% del proyecto, según los datos consignados en la denuncia. La compañía también arrastra el antecedente de Premier Oil, firma que había sido sancionada en Argentina por desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización en la plataforma continental próxima a Malvinas.
El punto que quedó bajo cuestionamiento es que, pese a ese antecedente, Harbour figuraba dentro del accionariado cuando Southern Energy avanzó con sus trámites ante el Estado argentino.
El proyecto había solicitado su incorporación al RIGI en noviembre de 2024 y su adhesión fue aprobada mediante la Resolución 559 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el 29 de abril de 2025. La normativa oficial confirma que la resolución aprobó la solicitud de Southern Energy como proyecto de exportación estratégica de largo plazo dentro del sector petróleo y gas.
Cuatro días antes, según la información que sustenta la denuncia, el área de Energía había autorizado la libre exportación de GNL. En ambos trámites Harbour figuraba expresamente entre los accionistas del proyecto.
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La denuncia alcanza a dos etapas diferentes de la conducción de la Secretaría de Energía. Eduardo Rodríguez Chirillo estuvo al frente del área durante la primera parte de la gestión de Javier Milei, mientras que María del Carmen Tettamanti ocupa actualmente la Secretaría.
El expediente coloca así bajo escrutinio judicial decisiones adoptadas durante ambas conducciones y, particularmente, las autorizaciones relacionadas con Harbour Energy y Southern Energy.
La situación adquiere una dimensión política adicional porque la denuncia se conoció mientras Tettamanti viajaba a París para participar de la Argentina Week, una iniciativa oficial destinada a presentar oportunidades de inversión ante empresarios e inversores europeos.
La funcionaria integra la delegación energética junto con Daniel González y Federico Ramos Nápoli, en reuniones vinculadas con energía, minería y oportunidades de inversión bajo el nuevo marco regulatorio argentino.
La coincidencia temporal entre la denuncia y la gira oficial por París coloca al RIGI en el centro de la discusión. Mientras el Gobierno presenta el régimen como una herramienta para atraer grandes inversiones, una denuncia penal de la PIA investiga precisamente el proceso mediante el cual uno de los proyectos energéticos incorporados al programa obtuvo sus autorizaciones.
Una fuente de una empresa proveedora de Vaca Muerta consultada por LPO resumió el impacto de la denuncia con una frase: "Esto mete nubarrones sobre el RIGI".
El caso involucra además a una compañía internacional con participación en un proyecto de GNL considerado estratégico por el Gobierno. Por eso, el expediente no se limita a la situación particular de Harbour: también pone bajo discusión los procedimientos administrativos utilizados para habilitar su participación en el proyecto.
La PIA tiene una función específica dentro del Ministerio Público Fiscal: es el órgano especializado en investigar hechos de corrupción e irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional.
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Otro de los funcionarios incluidos en la denuncia es Horacio Federico Veller, actual subsecretario de Hidrocarburos, quien fue designado formalmente en marzo de este año.
La inclusión de Veller adquiere relevancia porque, según la información publicada sobre el caso, el funcionario fue recibido esta semana por Griselda Lambertini, Marcelo Nachón y Héctor Falzone, integrantes del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).
En el sector interpretaron ese encuentro como una señal de que Veller podría quedar bien posicionado en la disputa por la presidencia del organismo, aunque esa interpretación corresponde a fuentes del sector y no constituye una definición oficial.
El ENReGE concentra las facultades regulatorias que anteriormente estaban distribuidas entre el ENRE y el Enargas. Su conducción quedó vacante luego de la salida de Néstor Marcelo Lamboglia, cuya renuncia fue aceptada con efecto desde el 1° de junio.
La presentación judicial también alcanza directamente a Harbour Energy Argentina. Desde la propia empresa afirmaron desconocer la existencia del expediente y señalaron: "No lo teníamos en el radar".
La causa quedó radicada ante el Juzgado Federal N°11, con Ariel Lijo como juez subrogante, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita interviene en el expediente.
Por ahora, el expediente permanece bajo reserva y recién comienza su recorrido judicial. Resta conocer qué medidas solicitará la fiscalía y qué decisiones adoptará el juzgado.
El caso deja a la Secretaría de Energía frente a un cuestionamiento judicial sobre autorizaciones vinculadas con uno de los proyectos de inversión energética que el Gobierno busca mostrar como parte de la nueva etapa de apertura a capitales.
La situación adquiere particular relevancia por el momento en que se conoce: mientras Tettamanti participa en París de reuniones destinadas a atraer inversiones y presentar las reglas del RIGI, en Buenos Aires la Justicia comenzó a investigar si hubo irregularidades en la aplicación de esas mismas reglas a Southern Energy y a su accionista Harbour Energy.
Por ahora, la investigación deberá determinar si las irregularidades denunciadas por la PIA existieron y, eventualmente, si hubo responsabilidades penales. El expediente se encuentra en una instancia inicial y todavía no existe una resolución judicial que determine responsabilidades.
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