5 de octubre de 2026
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue denunciado ante la Justicia federal por presuntas irregularidades vinculadas al Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca. La presentación cuestiona el acuerdo alcanzado con MEGA SRL, que dejó sin efecto una multa de $1.963 millones a cambio de un pago de $301 millones y la liberación de garantías por $922 millones.
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, fue denunciado ante la Justicia federal por presuntas irregularidades vinculadas al Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quedó bajo la lupa de la Justicia federal por una denuncia que cuestiona el manejo de fondos nacionales destinados al Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca y, especialmente, el acuerdo conciliatorio firmado entre la Provincia y la constructora MEGA SRL.
La presentación judicial pide investigar presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. El eje de la acusación está puesto en un acuerdo mediante el cual la Provincia aceptó un pago de $301 millones, mientras dejó sin efecto una multa de $1.963 millones, además de comprometerse a liberar garantías por unos $922 millones.
La denuncia no implica por sí misma que Jalil o los demás funcionarios señalados hayan cometido esos delitos: se trata de una presentación que deberá ser analizada por la Justicia.
La obra fue contratada por Catamarca en agosto de 2022 para la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca. El proyecto tenía un presupuesto de $4.560 millones y contaba con financiamiento de origen nacional transferido a la provincia.
El contrato comenzó a ejecutarse en septiembre de 2022 y tenía un plazo previsto de dos años. Sin embargo, el avance quedó muy por debajo de lo previsto. De acuerdo con documentación y antecedentes difundidos sobre el conflicto, para 2023 la medición oficial ubicaba la ejecución en apenas 3,90%, frente a un avance previsto superior al 30%.
En julio de 2023, MEGA SRL recibió un anticipo financiero de aproximadamente $454 millones, respaldado por una póliza de caución. Posteriormente, la Provincia aplicó a la empresa una multa de $1.963 millones por incumplimientos contractuales y en abril de 2024 resolvió rescindir el contrato. MEGA cuestionó la decisión ante la Justicia.
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El punto central de la nueva denuncia es el acuerdo conciliatorio alcanzado entre la Provincia y MEGA. El convenio fue firmado el 12 de mayo de 2026 y posteriormente ratificado por decreto provincial, según antecedentes publicados sobre el entendimiento.
El acuerdo permitió cerrar la disputa administrativa y judicial con la constructora. MEGA aceptó desistir de sus reclamos y reintegrar una suma de $301.267.618, mientras que la Provincia resignó el cobro de la multa y aceptó liberar garantías por aproximadamente $922 millones.
Ese es uno de los aspectos que los denunciantes consideran más cuestionables: la diferencia entre la sanción originalmente aplicada y el monto finalmente acordado. La multa representaba $1.963 millones, mientras que el pago pactado equivalió a poco más del 15% de esa cifra.
La denuncia sostiene, además, que al actualizar por inflación los valores originales la diferencia resulta todavía mayor. Según el cálculo incorporado en la presentación, los $454 millones del anticipo equivaldrían a unos $3.079 millones en agosto de 2026, mientras que la multa de $1.963 millones superaría los $6.821 millones bajo el mismo criterio.
El planteo judicial pone el foco en cómo se determinó el monto de $301 millones y cuestiona que el expediente no contaría, según los denunciantes, con una evaluación económica que explicara la conveniencia del acuerdo para el Estado provincial.
La presentación sostiene que la cifra habría circulado entre distintos organismos sin que quedara debidamente asentado el criterio utilizado para determinarla. También cuestiona que, frente a la rescisión de una obra financiada originalmente con recursos nacionales, no se haya realizado -según los denunciantes- una evaluación suficiente sobre el destino y eventual reintegro de esos fondos.
Otro de los puntos señalados es la liberación de las garantías y la renuncia de la Provincia a continuar reclamando determinados perjuicios derivados del incumplimiento contractual. Para los denunciantes, esas decisiones requieren ser revisadas judicialmente para determinar si ocasionaron un perjuicio al patrimonio público.
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El origen de los recursos es otro de los argumentos utilizados para llevar el caso al fuero federal. La denuncia sostiene que el dinero había sido transferido por el Estado nacional con una finalidad específica: financiar la construcción del gasoducto.
Por ese motivo, los denunciantes plantean que, una vez frustrada la obra, debía reconstruirse qué ocurrió con los recursos, los materiales adquiridos y los fondos que permanecieron vinculados al proyecto.
El caso se suma así a una denuncia presentada en septiembre por cuatro diputados provinciales ante la Fiscalía General de Catamarca. Aquella presentación también cuestionó el proceso de contratación, la ejecución de la obra y el acuerdo conciliatorio alcanzado con MEGA.
Frente a los cuestionamientos, Raúl Jalil defendió el acuerdo alcanzado con la constructora y sostuvo que la Provincia busca alternativas para reactivar el proyecto junto con Ecogas.
El gobernador señaló que se trata de una obra de gran magnitud económica y afirmó que es uno de los proyectos paralizados que todavía necesita ser refinanciado.
De esta manera, el Gobierno provincial presenta el convenio como una salida al conflicto contractual y como un paso previo para intentar retomar la obra. La denuncia, en cambio, pone el foco en el costo económico de esa salida y pide determinar si las condiciones acordadas fueron convenientes para el Estado.
Entre las medidas solicitadas aparecen la preservación de los expedientes, la reconstrucción del movimiento de los fondos nacionales, una pericia contable y la actualización de los valores correspondientes al anticipo financiero y a la multa.
La presentación fue impulsada por Sofía Nahur Rivera Ortega y también alcanza al fiscal de Estado Nicolás Rosales Matienzo, al exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente Alberto Kozicki, al exfiscal de Estado Marcos Rodolfo José Denett y al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia Alberto Adolfo Natella.
El eje de la investigación será determinar si existieron irregularidades en las decisiones administrativas, qué ocurrió con los recursos destinados a la obra y si el acuerdo con MEGA SRL produjo algún perjuicio económico al Estado. Esas cuestiones deberán ser establecidas en el marco de la investigación judicial.
La denuncia coloca nuevamente la gestión de Raúl Jalil frente a cuestionamientos relacionados con la obra pública y el vínculo entre el Estado provincial y empresas constructoras. En este caso, la discusión combina una obra inconclusa, fondos de origen nacional, una multa millonaria que fue dejada sin efecto y un acuerdo económico que los denunciantes consideran insuficientemente fundamentado.
El dato que concentra buena parte de la controversia es concreto: MEGA fue sancionada con una multa de $1.963 millones y el acuerdo posterior estableció un reintegro de $301 millones, además de contemplar la liberación de garantías por $922 millones. La Justicia deberá determinar ahora si esas decisiones se ajustaron a derecho y si existió algún perjuicio para las arcas públicas.
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