6 de octubre de 2026
La muerte de dos bebés de cuatro meses y una mujer embarazada volvió a poner en el centro de las críticas a la gestión del gobernador Leandro Zdero en Chaco. Comunidades originarias denuncian falta de asistencia alimentaria y sanitaria, cuestionan el funcionamiento del programa Ñachec y hablan de un "genocidio silencioso".
La crisis social y alimentaria que atraviesa Pampa del Indio, en el interior de Chaco, volvió a quedar expuesta tras la muerte de dos bebés de cuatro meses y una mujer embarazada en un período de poco más de un mes. Comunidades originarias cuestionaron con dureza al gobierno de Leandro Zdero y lo responsabilizaron políticamente por la falta de asistencia suficiente frente a situaciones de extrema vulnerabilidad.
Según las denuncias difundidas por referentes de la comunidad y medios locales, Nehemías Paredes, de cuatro meses, murió el 27 de septiembre en el hospital Dante Tardelli después de ingresar con bajo peso, deshidratación y dificultades respiratorias. Un mes antes, el 26 de agosto, había fallecido en el mismo hospital Fernando Dylan Méndez, también de cuatro meses, tras presentar un cuadro de deshidratación, dificultades respiratorias y signos de desnutrición.
A estos casos se suma la muerte de Sara Torres, una mujer de 30 años, embarazada y madre de tres hijos, quien falleció a fines de agosto con un cuadro de anemia grave. La comunidad señaló que residía en el paraje Cancha Larga, cercano a Pampa del Indio, en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Los fallecimientos provocaron nuevos cuestionamientos contra el gobernador Leandro Zdero, especialmente por la situación de las comunidades qom y por la capacidad de respuesta del Estado provincial frente a la emergencia alimentaria y sanitaria.
Fernando Mendoza, vocero de una comunidad indígena de Pampa del Indio, calificó la situación como un "genocidio silencioso" y apuntó directamente contra las gestiones de Zdero y Javier Milei.
"Nadie se da cuenta, nadie quiere ver, los medios miran para otro lado, mientras el gobierno quiere tapar este genocidio que viene sufriendo nuestro pueblo", sostuvo Mendoza en declaraciones al programa Argentinos de Mal, según las declaraciones difundidas.
El referente también cuestionó el funcionamiento del programa alimentario provincial Ñachec, una de las principales políticas de asistencia social de la administración de Zdero. "Asisten cada dos meses y con solo ocho productos; resulta una medida extremadamente insuficiente", afirmó.
Las críticas contrastan con la posición oficial del gobierno chaqueño, que sostiene que Ñachec constituye una herramienta de asistencia territorial y que continúa distribuyendo módulos alimentarios y otros recursos en comunidades vulnerables. En mayo, la Provincia informó operativos en parajes de Misión Nueva Pompeya con entrega de módulos, colchones, kits para merenderos y tanques cisterna; en junio anunció además una nueva distribución de módulos y un operativo que alcanzaría a unas 5.000 familias.
El programa Ñachec fue presentado por la gestión de Leandro Zdero como una política destinada a garantizar asistencia alimentaria y reducir la intermediación en la distribución de ayuda social.
La propia comunicación oficial de la Provincia sostiene que el programa busca que la asistencia llegue directamente a quienes la necesitan y que sus equipos realizan relevamientos territoriales para identificar las necesidades de las familias.
Sin embargo, referentes indígenas cuestionan que la asistencia resulte suficiente frente a la magnitud de la crisis. Mendoza sostuvo que los módulos alimentarios no alcanzan para cubrir las necesidades de las familias y denunció que la distribución estaría atravesada por criterios políticos.
En ese sentido, las acusaciones de clientelismo en Ñachec constituyen uno de los principales ejes de cuestionamiento a la administración provincial. Se trata, no obstante, de denuncias formuladas por referentes y sectores opositores que deben diferenciarse de hechos comprobados judicialmente.

Comunidades qom reclamaron frente al hospital Dante Tardelli tras la muerte de Nehemías Paredes, un bebé de cuatro meses.
La emergencia alimentaria también quedó expuesta en las escuelas de la zona. Uno de los casos más impactantes fue el de Fidel Medina, un joven qom de 18 años que cursa quinto año del secundario en una escuela del paraje Lote 4, ubicado a unos 23 kilómetros de Pampa del Indio.
Después de caminar aproximadamente diez kilómetros hasta el establecimiento, el estudiante se descompensó. Según relató su docente, Tuty Aguirre, antes de desmayarse le dijo: "Profe, tengo hambre, desde el jueves que no como nada".
La profesora explicó que el joven había perdido recientemente a su madre y que su padre tuvo que viajar para realizar los trámites del sepelio, por lo que Fidel y su hermano quedaron solos en su vivienda.
Aguirre también describió una situación que, según su testimonio, excede el caso particular. "Todos los lunes la mayoría de los alumnos es natural que pidan 3 platos de comida, porque no vienen bien alimentados de sus hogares el fin de semana", relató.
La docente aclaró que el comedor escolar funciona, pero sostuvo que resulta insuficiente para resolver la situación de las familias fuera del establecimiento: "Sí, funciona, alcanza para la escuela, pero no basta para resolver la situación angustiante que viven muchas familias en esta comunidad. El drama está en los hogares de los chicos, en toda la comunidad".
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La situación sanitaria también forma parte de los reclamos. Familias qom realizaron una protesta frente al hospital Dante Tardelli después de la muerte de Nehemías Paredes y reclamaron mayor disponibilidad de médicos, especialistas, medicamentos y personal para atender las urgencias de la localidad.
Además, durante 2026 hubo intervenciones judiciales vinculadas con el acceso a la salud en la zona. Según información publicada por medios chaqueños, una medida cautelar ordenó al Ministerio de Salud garantizar medicamentos esenciales para el hospital y los centros de salud rurales de Pampa del Indio.
La situación se inscribe en un conflicto más amplio entre el gobierno de Leandro Zdero y comunidades indígenas chaqueñas. En agosto de 2025, el juez Jorge Sinkovich había impuesto una multa diaria de $85,9 millones al Ejecutivo provincial por el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con asistencia alimentaria y agua potable para comunidades wichí del norte provincial.
Las comunidades también cuestionan las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. En particular, Fernando Mendoza señaló la desaparición del Potenciar Trabajo como uno de los factores que, según su denuncia, agravaron la situación económica de las familias indígenas.
El programa fue reemplazado mediante el Decreto 198/2024 por Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social. La normativa oficial estableció que los titulares de Potenciar Trabajo serían transferidos a alguno de esos dos programas.
Mendoza sostuvo que esos nuevos programas no tuvieron un alcance efectivo en Pampa del Indio: "Ninguna de las iniciativas que supuestamente reestructuró la gestión de Milei llegó a Pampa del Indio; todo quedó en promesas".
Otro de los puntos cuestionados es el funcionamiento del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), organismo creado por la Ley 3258 y encargado, entre otras funciones, de intervenir en políticas destinadas al desarrollo integral de las comunidades indígenas.
Sectores de las comunidades cuestionan el rol que tiene actualmente el organismo y sostienen que no está dando respuestas frente a la emergencia que atraviesan los pueblos originarios.
También fueron denunciadas públicamente presuntas injerencias políticas del Ejecutivo provincial sobre el organismo, a partir de declaraciones atribuidas a dirigentes y funcionarios. Estas acusaciones forman parte del conflicto político que enfrenta al gobierno de Zdero con sectores de las comunidades indígenas.
La sucesión de muertes, los reclamos frente al hospital, los testimonios sobre hambre en las escuelas y las denuncias sobre la asistencia alimentaria colocaron nuevamente a Pampa del Indio en el centro de la discusión sobre las políticas sociales de Chaco.
El punto central de la controversia es la distancia entre la asistencia que el gobierno de Leandro Zdero asegura estar desplegando mediante Ñachec y las denuncias de comunidades que sostienen que esa ayuda no alcanza para cubrir necesidades básicas de alimentación y salud.
La existencia de operativos oficiales de asistencia no elimina el conflicto: mientras la Provincia exhibe entregas y despliegues territoriales, comunidades indígenas y organizaciones locales reclaman una respuesta que consideran insuficiente. En ese escenario, las muertes de los dos bebés y de Sara Torres volvieron a poner en primer plano una crisis que combina hambre, salud, pobreza y falta de asistencia estatal en el interior chaqueño.
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