País. Pueblos originarios se movilizan en Salta y exigen soluciones a Sáenz

Más de 54 familias de la Comunidad Indígena Lule de Finca Las Costas, en la provincia de Salta, denuncian que recibieron intimaciones para demoler o retirar sus viviendas en medio de un conflicto territorial que involucra al gobierno de Gustavo Sáenz, la Municipalidad de San Lorenzo y la autorización para otorgar tierras fiscales a Tigres Rugby Club. Nicole Esquivel, referente de la comunidad, cuestionó la falta de respuestas de las autoridades y advirtió sobre el temor de las familias a perder sus hogares.

"El conflicto comenzó en noviembre de 2025, cuando el Concejo Deliberante le condonó una deuda multimillonaria a un club privado, el Tigres Rugby Club, para cederle nueve hectáreas de nuestro territorio", afirmó Esquivel.. La referente también cuestionó que la comunidad todavía no conozca el monto de la deuda condonada.

Según relató, las familias tomaron conocimiento de la aprobación del proyecto a través de la página oficial de la Cámara de Diputados de Salta. "Después se aprobó en el Senado y fue ahí cuando comenzó toda esta persecución", sostuvo.

El conflicto territorial en Finca Las Costas y las nueve hectáreas para Tigres Rugby Club

La disputa tiene como uno de sus puntos centrales la Ley Provincial 8543, que autoriza al Poder Ejecutivo de Salta a otorgar en comodato a Tigres Rugby Club, por 25 años, una superficie de 88.756,16 metros cuadrados, equivalente a casi nueve hectáreas, para la construcción y ampliación de su sede social y el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. La norma fue sancionada el 25 de junio de 2026 y publicada en el Boletín Oficial provincial el 21 de julio de ese año. (Boletín Oficial de Salta).

La comunidad cuestiona que las decisiones sobre el territorio avancen sin una consulta formal, libre, previa e informada a las familias indígenas. En ese marco, sus integrantes relacionan la disputa por las tierras con las intimaciones que recibieron y reclaman respuestas de las autoridades provinciales y municipales.

El conflicto también involucra la situación habitacional de las familias que viven en Finca Las Costas desde hace años. Esquivel sostiene que algunas viviendas cuentan con carteles colocados por orden judicial y que existe una medida de no innovar dictada por Cristina Villagrán, de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

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Más de 54 familias recibieron intimaciones para demoler sus viviendas

La cantidad de familias alcanzadas por las notificaciones habría aumentado desde las primeras actuaciones. Según Esquivel, inicialmente fueron intimadas 25 familias, pero luego se incorporaron otras viviendas a partir de un informe presentado por el intendente de San Lorenzo ante la jueza interviniente.

"Somos más de 70 familias en total. Inicialmente, fueron notificadas 25 familias, pero esto puede afectar a muchas más", advirtió la referente. Y agregó: "Se notificó a más de 54 familias hasta ahora".

Las familias Lule sostienen que las notificaciones les otorgan 25 días para demoler sus viviendas y denuncian irregularidades en los plazos de entrega.

La comunidad también cuestiona los plazos de las intimaciones y la forma en que se entregan. "El modus operandi que usan acá es notificar tarde. Por ejemplo, la notificación tiene una fecha de hace dos semanas, pero te la entregan una semana antes de que venza el plazo. Las familias tienen 25 días para demoler sus casas", denunció Esquivel.

Según su relato, los avisos son entregados por un juez de paz de Vaqueros, una localidad distinta de San Lorenzo. La principal preocupación de las familias es que las intimaciones deriven en el ingreso de maquinaria para destruir las viviendas.

"En el peor de los casos, que nos pasen las topadoras. Ese sería el peor escenario", expresó la referente, quien manifestó que la comunidad desconoce cómo continuará el procedimiento y qué ocurrirá con las tierras en disputa.

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El reclamo contra Gustavo Sáenz por la falta de respuestas

Uno de los principales cuestionamientos de la Comunidad Indígena Lule apunta al gobierno provincial. Esquivel afirmó que, pese a los reclamos realizados y a la documentación presentada, las familias no recibieron una respuesta concreta de las autoridades de Salta.

"La verdad es que de parte del Gobierno provincial no tuvimos ninguna respuesta", aseguró.

La referente contó que hubo un contacto a través de las redes sociales después de que una integrante de la comunidad comentara una publicación oficial. Desde esa cuenta les solicitaron que enviaran la documentación vinculada con el amparo judicial para conocer la situación.

"Pero no tuvimos respuesta hasta el día de hoy. Eso fue hace unos cinco días", señaló Esquivel al relatar las gestiones realizadas.

La comunidad sostiene que recurrió a la Justicia y presentó acciones contra el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Lorenzo. En ese sentido, la referente vinculó el agravamiento del conflicto con las medidas judiciales impulsadas por las familias y denunció presuntas presiones políticas. También mencionó a actores vinculados con La Libertad Avanza en el municipio, aunque esas acusaciones corresponden a su testimonio.

Las denuncias de hostigamiento y el impacto sobre las familias Lule

Además de las intimaciones, Esquivel denunció episodios de violencia y hostigamiento que, según afirmó, afectaron a integrantes de la comunidad. Entre los hechos mencionados, se refirió al caso de una mujer embarazada y a un incidente que habría perjudicado a una familia dedicada a la cría de animales.

Según su relato, una pareja utilizó un dron para perseguir ovejas en los cerros y cuatro animales se perdieron durante el episodio. La referente explicó que la ganadería, el pastoreo, la agricultura y la elaboración de comidas regionales constituyen fuentes de sustento para las familias.

"Nosotros tenemos familias ganaderas y agricultoras. Vivimos de la ganadería, del pastoreo y de las comidas regionales, como las humitas. Ese es el sustento de nuestros hogares, así que perder un animal para nosotros es súper importante", afirmó.

La preocupación de la comunidad no se limita a la posible demolición de las viviendas. También alcanza a la continuidad de sus actividades productivas y a la posibilidad de mantener sus formas de vida en el territorio que reivindican como propio.

Finca Las Costas, una reserva clave para el abastecimiento de agua

El conflicto tiene, además, una dimensión ambiental. Finca Las Costas cumple una función estratégica como cuenca productora de agua potable para la ciudad de Salta. El área fue declarada Reserva Permanente e Intangible en 1995, mediante el Decreto 2327; esa protección fue reafirmada en 1998 y, en 2007, el territorio fue declarado Reserva Natural de Uso Múltiple.

Ese marco ambiental agrega relevancia a la discusión sobre el uso de la tierra y las posibles intervenciones en la zona. La disputa involucra, por un lado, la titularidad registral que reivindica la Provincia y, por otro, los derechos territoriales que sostiene la comunidad indígena.

Esquivel también cuestionó que se responsabilice a las familias Lule por la contaminación de las napas subterráneas. Según afirmó, estudios realizados por Ullumcha Saravia habrían identificado a barrios privados como responsables del problema y no a las familias de la comunidad. Esa atribución forma parte de la denuncia y requiere ser contrastada con los informes técnicos correspondientes.

La evolución del conflicto dependerá de las actuaciones judiciales, las respuestas de las autoridades y las medidas que se adopten respecto de las viviendas y las tierras. Mientras tanto, las familias reclaman que se escuche su posición y se garantice una respuesta institucional ante las intimaciones denunciadas.