País. Escándalo en Chubut: denuncian a la hermana del presidente del PJ por estafa con viviendas sociales por más de $50 millones

Una presunta estafa vinculada con la adjudicación de viviendas sociales en Chubut quedó al borde del juicio por jurados. El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia acusó a cinco mujeres por 594 hechos de estafa que alcanzarían los $59,4 millones, a partir de supuestas promesas de acceso a casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. Entre las principales acusadas se encuentra Vanesa Elizabeth Fita, hermana del diputado provincial y dirigente del PJ chubutense, Gustavo Fita.

Según la acusación presentada por el fiscal general Martín Cárcamo, a la que accedió Infobae, las maniobras habrían ocurrido entre abril de 2023 y febrero de 2024 en Comodoro Rivadavia. La investigación sostiene que las familias entregaban dinero con la expectativa de acceder a una vivienda construida o próxima a construirse, pero las adjudicaciones prometidas nunca se concretaban.

Para ingresar a los supuestos planes habitacionales, las víctimas debían transferir $100.000 por persona: $80.000 que presuntamente estaban destinados al IPV y otros $20.000 para conexiones eléctricas. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, los fondos terminaban en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a las mujeres acusadas.

Cómo funcionaba la presunta estafa con viviendas sociales en Chubut

La investigación sostiene que Vanesa Fita se presentaba como intermediaria de una cooperativa de viviendas y aseguraba tener contactos con funcionarios provinciales que le permitirían gestionar las adjudicaciones. Esa supuesta capacidad de intermediación habría sido utilizada para generar confianza entre las familias que buscaban una solución habitacional.

Una vez incorporadas al mecanismo, las personas eran agregadas a grupos de WhatsApp en los que recibían información sobre presuntas adjudicaciones, fechas de entrega y documentación que debían presentar. Con el paso del tiempo, los plazos se postergaban y las acusadas, según la imputación, justificaban las demoras con supuestos problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV.

La Fiscalía también reconstruyó encuentros presenciales realizados en distintos establecimientos de Comodoro Rivadavia. Para reunir las pruebas, analizó denuncias, transferencias bancarias, comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp y Messenger, además de documentación obtenida durante la investigación.

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La acusación menciona supuestos vínculos con el gobierno de Arcioni

Entre los testimonios incorporados a la causa figura el de una denunciante que afirmó que Vanesa Fita había asegurado contar con el respaldo del entonces gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y de una secretaria de su administración.

De acuerdo con ese relato, la mención de supuestos vínculos con el poder político habría servido para reforzar la credibilidad de las promesas de adjudicación y sostener la expectativa de recibir las viviendas en plazos breves.

Sin embargo, esa referencia testimonial no acredita que Arcioni ni la funcionaria mencionada hayan participado de la presunta maniobra. La acusación fiscal se dirige contra las cinco mujeres identificadas en el expediente.

Los hechos investigados habrían comenzado durante la gestión de Arcioni y se habrían extendido hasta febrero de 2024, durante el mandato del actual gobernador, Ignacio Torres.

La Fiscalía de Chubut atribuye a cinco mujeres 594 presuntos hechos de estafa que alcanzarían los $59,4 millones.

Quiénes son las cinco mujeres acusadas por las 594 estafas

El requerimiento de elevación a juicio identifica a cinco mujeres como presuntas responsables de distintas participaciones en las maniobras. La Fiscalía atribuye a Vanesa Elizabeth Fita la organización del esquema y la considera autora de la totalidad de los 594 hechos investigados.

Para Fita, de 43 años, el fiscal Cárcamo solicitó una pena de entre seis y ocho años de prisión. Las otras cuatro acusadas fueron señaladas como presuntas partícipes necesarias, con distintos grados de intervención.

• María Victoria Curán, de 43 años: está vinculada a 400 hechos. La Fiscalía pidió una pena de entre cinco y seis años de prisión.

• Camila Lara Páez, de 22 años: aparece relacionada con 320 hechos. El pedido de pena es de entre cuatro y cinco años.

• Lucía Lorena Miranda, de 47 años: está imputada por 130 maniobras. El fiscal solicitó entre tres y cuatro años de prisión.

• Gisela Belén Mansilla, de 34 años: está acusada de participar en cuatro hechos. La pena solicitada va de uno a dos años de prisión.

Las cantidades atribuidas a cada una corresponden a las participaciones señaladas en la acusación y no deben sumarse como si fueran hechos independientes, ya que algunas maniobras involucran a más de una imputada.

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La investigación por estafas comenzó con denuncias de vecinos

La causa se inició en febrero de 2024, después de que vecinos denunciaran irregularidades en las promesas de adjudicación de viviendas. A partir de esas presentaciones, la Fiscalía reconstruyó el presunto funcionamiento de la organización y avanzó en la identificación de las maniobras.

Durante el proceso se formalizaron 179 denuncias penales y se identificaron centenares de hechos que, según la acusación, integraban el esquema investigado. Las pruebas reunidas incluyen registros de transferencias, mensajes y comunicaciones que habrían permitido reconstruir los contactos entre las acusadas y las familias afectadas.

Con la presentación de la acusación pública, el Ministerio Público Fiscal solicitó avanzar hacia un juicio por jurados. El requerimiento deberá superar el control judicial correspondiente antes de que pueda disponerse la apertura del debate oral.

Qué delito les atribuye la Fiscalía a las acusadas

El fiscal Cárcamo calificó los hechos como estafa por calidad simulada e influencia mentida, en los términos de los artículos 172, 45 y 55 del Código Penal, con al menos 594 hechos en concurso real.

La hipótesis fiscal sostiene que el engaño habría consistido en simular un papel de intermediación en una cooperativa de viviendas y en invocar supuestos contactos con funcionarios para obtener dinero de las familias interesadas en acceder a una casa.

La causa tiene como eje la presunta utilización de una necesidad básica -el acceso a una vivienda- para obtener beneficios económicos mediante promesas de adjudicación que, de acuerdo con la acusación, no se concretaron. Por el momento, se trata de imputaciones que deberán ser examinadas en el proceso judicial: las acusadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una condena firme.